“Le pido a De la Sota que no juegue con los jubilados. Si quiere hacer campaña, que tome otro tema”, acusó el titular de la Anses, Diego Bossio, al gobernador cordobés. “No somos conspiradores, ni destituyentes, queremos cobrar lo que nos deben”, devolvió José Manuel de la Sota. La audiencia de conciliación entre el gobierno nacional y el provincial convocada por la Corte Suprema terminó como se esperaba: sin ningún acercamiento entre las partes. Córdoba elevó una demanda ante el máximo tribunal para reclamar una supuesta deuda por 1040 millones de pesos, previstos en el acuerdo de Armonización Previsional. Ese pacto comprometía a la Nación a cubrir el déficit del sistema jubilatorio cordobés mientras su gobierno lo adaptaba a las pautas nacionales para lograr el equilibrio presupuestario. La Anses dejó de remitir el dinero con el argumento de que la provincia no cumplió su parte, y ayer De la Sota ratificó que no prevé hacer más de lo que hizo (ver aparte).

La causa ahora seguirá su trámite normal, cuya resolución puede demorar varios años. El antecedente más cercano es un reclamo del gobierno de Santa Fe para recuperar el 15 por ciento de la masa coparticipable que se destina al pago de jubilaciones nacionales. El caso lleva más de tres años y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo que recién ahora está lista para el dictado de sentencia.

La audiencia de conciliación empezó con una exposición de De la Sota, de tono político, remarcando que la provincia es discriminada por la Nación por la suspensión de los envíos de fondos. Mencionó que, si bien es cierto que Córdoba no completó la armonización de su régimen previsional, es la única que sufrió el corte de la asistencia, mientras que otros distritos como Santa Cruz, Chaco y Entre Ríos tampoco armonizaron sus sistemas y siguen recibiendo la ayuda. “Venimos a que nos paguen lo que nos deben”, machacó, tanto delante de los ministros de la Corte como en la conferencia de prensa posterior.

El gobernador se apoyó en el titular de la caja de jubilaciones provincial, Osvaldo Giordano, para justificar el pedido de los 1040 millones de pesos. Giordano es un técnico que batalló en los ’90 en favor de la creación de las AFJP y en 2008 en contra de su disolución. Acompañó a Domingo Cavallo en el primer gobierno menemista y se sumó al gobierno de Córdoba en 2008, bajo la gestión de Juan Schiaretti. De la Sota ahora lo ubica como uno de sus voceros en la disputa con la Nación.

El segundo argumento del gobernador fue que la Casa Rosada quiere forzar a la provincia a aplicar un ajuste sobre las jubilaciones, eliminando el 82 por ciento móvil que se paga en el distrito. “Han vuelto a insistir con que les bajemos las jubilaciones a los cordobeses, que abandonemos el 82 por ciento sobre el salario bruto, y no lo vamos a hacer”, aseguró ante la prensa. Cuando un periodista le preguntó cuál de los funcionarios nacionales le había dicho eso, debió admitir que ninguno. “Por supuesto que dicen que las provincias son autónomas, que lo hagamos si queremos, pero que nos pagarían (los 1040 millones) si lo hacemos”, indicó.

“No le debemos nada a Córdoba” y “no le pedimos ni un ajuste ni un recorte” de jubilaciones, refutaron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el director de la Anses, Bossio. También descartaron el planteo de la discriminación. Córdoba es la provincia que más recursos recibió de la Nación entre 2002 y 2011 en el marco de los convenios firmados, dijeron. Fueron 4411 millones de pesos, 1000 millones por encima de la provincia de Buenos Aires, que se ubica en segundo lugar. “Las transferencias del gobierno nacional a Córdoba crecieron más del 600 por ciento” en el período, precisó Lorenzino, quien también dijo que la provincia se ahorró de pagar este año 1351 millones de pesos por la refinanciación de su deuda con la Nación aprobada por la Casa Rosada.

La interpretación que hicieron Lorenzino y Bossio es que De la Sota está agitando el tema de las jubilaciones para lanzar su campaña política. Lo que busca es posicionarse como un referente de la oposición dentro del peronismo, agregaron otras fuentes del Gobierno a Página/12. “Hablaba en la Corte como un político en campaña, no como un gobernador sosteniendo un diálogo serio”, se quejó Bossio. “¿Qué busca el gobierno de Córdoba, tener un chivo expiatorio, alguien a quien acusar de algo, o una proyección nacional, la necesidad de salir en los medios nacionales?”, se sumó Lorenzino.

El presidente de la Corte y los ministros Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco hicieron algunas consultas puntuales a las partes. Los instaron a buscar una salida política al conflicto, como ya ocurrió en el pasado. De hecho, el acuerdo de Armonización Previsional que motiva la demanda de Córdoba fue producto de una negociación que se cerró el 18 de diciembre de 2009, para reflotar un convenio previo –de 2008– que también se había caído por los incumplimientos de la provincia en la adecuación de su régimen de jubilaciones a las pautas nacionales. Zaffaroni le pidió a Bossio un informe que compare el monto de las jubilaciones que paga la Nación y las provincias. En Córdoba, el promedio de haberes que liquida la caja provincial es casi cuatro veces la media que paga la Nación.

Bossio explicó que la Anses afronta el costo de los haberes del 84 por ciento de los jubilados y pensionados de Córdoba, mientras que el 16 por ciento restante son los inscriptos en la caja provincial, básicamente empleados públicos. Son 486 mil beneficiarios nacionales contra 92 mil provinciales. Contando los distintos items de la seguridad social que asume la Anses, los giros al distrito mediterráneo en 2012 llegarán a 15.829 millones de pesos.El titular de la Anses insistió en que la provincia puede pagar las jubilaciones que quiera, pero que la Nación no debe cubrir el déficit que ello implica. De lo contrario, dijo, sería injusto con el resto de las provincias y con los jubilados nacionales. “La Argentina es enorme y diversa, con escenarios económicos y sociales muy diferentes. La Nación no puede y no debe financiar las desigualdades federales”, planteó el funcionario. Sobre todo, sostuvo, cuando el déficit cordobés se concentra en 16.525 jubilados provenientes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, que cobran 14.685 pesos por mes. Ese grupo explica el 75 por ciento del déficit de la caja provincial.