La polémica sobre el acuerdo con Irán generó nuevos chispazos. Sergio Burnstein, integrante de Familiares y Amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, cuestionó al presidente de la mutual judía, Guillermo Borger, por haber declarado que el entendimiento para que los sospechosos iraníes sean interrogados por la Justicia argentina en Teherán “deja la puerta abierta a un tercer atentado”. Burnstein es el familiar con más alto perfil y ayer, al ser consultado sobre las declaraciones de Borger, fue duro contra el dirigente de la AMIA: “Este señor no tiene la menor idea de lo que habla, le importan nada el atentado y las víctimas, lo que necesita es destruir, ver quién dice la palabra más fuerte contra el gobierno”, consideró. Otra de las novedades del día fue que el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, que asesora a las entidades judías, insistió en que Irán “podría usar el acuerdo para ocultar a los responsables”.

El entendimiento con Irán fue enviado por la presidenta Cristina Kirchner al Congreso, donde comenzará a ser tratado esta semana en las comisiones del Senado. Luego del anuncio, el titular de la AMIA y la jefa de Estado se cruzaron. Borger sostuvo que, si el acuerdo con Irán se aprobara, “estaríamos dando lugar a un tercer atentado muy lamentable”. La mandataria, a su vez, planteó que había leído estas declaraciones con “preocupación”, y pidió a Borger públicamente que diera a conocer “qué es lo que sabe para una afirmación tan terrible”.

Burnstein, que perdió a su ex esposa en la voladura de la AMIA, fue consultado ayer sobre el tema. El familiar calificó como una “barbaridad” los dichos de Borger: “No le debe dar ni la cabeza para decir lo que dice”, consideró.

También se refirió al acuerdo y su eventual utilidad en la investigación del atentado ocurrido en 1994, que provocó la muerte de 85 personas: “Nosotros en la Asociación fuimos claros desde el primer día; si el acuerdo político permite que la Justicia argentina actúe dentro del Código Procesal Penal, estamos totalmente de acuerdo, pero si esto no se ejecuta a derecho, no podemos estar de acuerdo porque, más allá de las buenas intenciones, a la verdad nos la va a dar la Justicia”.

Por su lado, Moreno Ocampo desarrolló algunos de los argumentos que les planteó a las entidades judías. “El riesgo es que el gobierno de Irán use la Comisión de la Verdad a crearse para ocultar la responsabilidad de los autores de los crímenes”, sostuvo.

El ex fiscal está siendo consultado sobre el tema por la AMIA y la DAIA, que en los últimos días, tras rechazar la idea de que los sospechosos sean interrogados en Teherán por un juez y un fiscal argentinos, han comenzado a impulsar la idea de una reforma legal que permita la realización de un juicio en ausencia. En el sistema argentino ésta no es una posibilidad porque se garantiza el derecho de los acusados a tener una defensa en el juicio.

Ayer, Moreno Ocampo se centró en otro eje de debate, el de la comisión internacional de juristas que asistirían al interrogatorio. “Si la Comisión de la Verdad actúa de mala fe, puede afectar el esclarecimiento de los hechos y la legitimidad del accionar de la Justicia argentina”, planteó.

A su criterio, “el tema central es que el éxito o el fracaso de este esfuerzo dependería de la capacidad e integridad de los miembros de la comisión”, porque “ellos van a evaluar la veracidad de la información que se obtenga”. En este sentido recomendó que, “de ser posible, sería oportuno presentar los nombres de los candidatos a integrar la comisión” y anticipó que “clarificar ese tema central ayudará enormemente a la discusión”.

El asesor de las entidades judías remarcó, finalmente, que “es el juez quien en definitiva va a decidir si concurre a tomar una declaración en estas condiciones”, y sugirió que “se podría analizar si es necesario incluir en la ley a dictarse que el interrogatorio a los imputados deberá ser parte del proceso judicial argentino”.

El acuerdo firmado en enero entre la Argentina e Irán prevé interrogar en Teherán a los ocho acusados iraníes por el atentado a la AMIA, entre los que figuran miembros del gobierno de ese país. El entendimiento entrará en vigencia una vez que sea ratificado por los Parlamentos de las dos naciones.