Por estas horas, Mariela Romero, una joven de 32 años que vive en un barrio humilde del municipio bonaerense de Berisso, está padeciendo las consecuencias de la mirada sexista y discriminatoria de la Justicia hacia las víctimas de violencia machista, que reveló un estudio de la Defensoría General de la Nación que se presentó en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (ver aparte). Su marido, Mario, la quiso matar de un cuchillazo en febrero. Ella atajó el puntazo con una mano y se le cortó un tendón. Se salvó porque intervino un hermano de Mariela que circunstancialmente estaba en la casa. Mariela denunció a su esposo. El episodio fue uno más en una larga cadena de maltratos, golpes y otros intentos de asesinarla que se sucedieron desde hace 14 años, cuando la nena mayor de ambos tenía 1 año.

Pero la Justicia calificó el hecho como “lesiones graves”, sin enmarcarlo en la violencia doméstica que venía sufriendo Mariela: quedó como un ataque aislado, sin tomarse en cuenta la historia de violencia que ella relató en los tribunales. Intervino la fiscalía Nº 5 de La Plata. Mario estuvo preso 20 días, pero recuperó la libertad tras el pago de una caución de 1000 pesos. Se le fijó un perímetro de restricción de acercamiento para resguardar la vida de ella y la de las tres hijas de ambos, pero Mario lo violó sistemáticamente. Y la siguió hostigando. Finalmente, el Juzgado Correccional Nº 5, de La Plata, que lleva el caso, resolvió suspender el juicio a prueba: le concedió ese beneficio al agresor por tener “buena conducta”. Mario ya se metió en la vivienda de Mariela varias veces, muchas de ellas de noche, una vez con una maza de albañil. Ella vive aterrorizada. “Vivir así es una tortura”, dice la joven a Página/12, con la voz entrecortada.

–¿Hasta dónde pensás que puede llegar? –le pregunta este diario.

–Hasta matarme. Hasta conseguir lo que siempre dijo: o estás conmigo o no estás con nadie –dice Mariela–. Le tiembla la voz. Tiene el rostro sombrío, la tez cobriza y la nariz ancha. En el primer semestre del año se cometieron al menos 126 femicidios en el país, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante la Asociación Civil La Casa del Encuentro en base a noticias publicadas en la prensa. Varias de las víctimas murieron como consecuencia de las lesiones causadas por quemaduras graves de fuego provocadas por su pareja o ex, como Wanda Taddei. Por estas horas, también continúa desaparecida Erica Soriano, la joven cuyo paradero se desconoce desde el sábado 21 de agosto, cuando debía realizar el trayecto entre Lanús y Villa Adelina. Estaba embarazada de dos meses y ese día había discutido con su pareja.

Mariela tiene miedo de que su ex la mate. Decidió pedir ayuda para salir de la situación de violencia empujada por compañeras de una cooperativa, donde empezó a trabajar este año, y está haciendo veredas en su barrio de Berisso. A dos casas de la suya, también viven un hermano y otros familiares de Mario. La gente de la cooperativa la vinculó con la ONG Desde el Pie, que la está acompañando desde hace meses en su lucha judicial. En la entidad participa de un grupo de ayuda mutua con otras sobrevivientes de violencia de género. “La Justicia tomó el caso de Mariela como un hecho aislado: una persona hiere a otra con un cuchillo. No tuvo en cuenta toda la historia de violencia que ella venía sufriendo”, advierte Pamela Leclerc, integrante de la ONG. La charla transcurre en la casa de Mariela, sencilla, y muy prolija, donde vive con sus hijas. “Una vez, Fiorella, la segunda, le dio un palo en la cabeza cuando me tenía agarrada del cuello”, cuenta Mariela. Fiorella tiene 12 años. Otra vez, recuerda, él la quiso asfixiar con un almohadón.

La violencia comenzó, apunta, hace 14 años. Vivían en el Chaco, de donde ella es oriunda y tiene a su familia, y se mudaron al conurbano, a Berisso, cerca de los parientes de él. “Yo me sentía sola, no tenía a quien pedirle ayuda. El me fue aislando. Me celaba. Yo no podía salir a tomar un mate con una vecina. Si me demoraba mucho cuando llevaba a las nenas al colegio, me pegaba una cachetada”, cuenta Mariela. En 2006 lo denunció y pidió la exclusión del hogar, pero no se animó a sostener la acusación. Ahora están separados. “Como yo corté con él, tengo miedo de que me mate por venganza”, confiesa la mujer. “Vivo aterrorizada, me cuesta dormir, porque tengo miedo de que se aparezca de noche, como hizo muchas veces”, dice.

Cada vez que Mario violó la restricción de acercarse a Mariela, casi semanalmente, desde la ONG la acompañaron a denunciar el incumplimiento. El 28 de agosto, ante un nuevo incumplimiento, Mariela fue al Juzgado de Ejecución Nº 2 de La Plata, que entiende en la causa, y dejó constancia de esos hechos. Actualmente, Mariela aguarda la resolución del juez. “Mariela, como muchas mujeres, ha recurrido incansablemente a la Justicia, pero hasta ahora todos los beneficios han sido para su agresor, quien continuamente burla las mínimas reglas que se le imponen”, advierte Leclerc.