El fallo judicial que obligó al gobierno porteño a externar a adolescentes internados en instituciones psiquiátricas despertó una polémica entre profesionales de los hospitales, funcionarios de la Asesoría Tutelar, del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y legisladores. El hecho de que al menos cuatro de los chicos externados a partir del fallo judicial hayan terminado internados en una clínica psiquiátrica cerrada despierta dudas y cuestionamientos sobre el procedimiento. Todos coinciden en criticar la manera en que las autoridades sanitarias porteñas apuraron el egreso de los chicos involucrados en el hábeas corpus iniciado hace más de un año por la AGT. “En dos días hicieron lo que habían negado durante un año”, cuestionó el asesor tutelar Carlos Bigalli, quien impulsó la medida. Afirman que, para evitar una condena, el Ministerio de Salud impulsó un traslado compulsivo de los jóvenes internados. También acuerdan que la carencia fundamental para resolver la situación de esos y otros chicos es la falta de casas de medio camino u hogares convivenciales, dependientes del Estado, donde no se aplique el derecho de admisión para los adolescentes dados de alta. “Muchos de esos hogares, administrados por organizaciones civiles, rechazan a los chicos con solo leer la historia clínica, por la medicación que toman”, advirtió Edgardo Tabasco, del Consejo de los Derechos.

El fallo del juez porteño Marcelo Bartumeu prohibió que se mantenga la internación de niños y adolescentes que tienen alta médica para externación, una situación que se venía dando en los hospitales Tobar García y Alvear. En la totalidad de los casos, los chicos permanecían en el hospital porque no tenían familia que se hiciera cargo de ellos y porque los profesionales de la institución no lograban ubicarlos en hogares apropiados para su condición, es decir, que gozaran de libertad para circular, pudieran ir a la escuela y continuar el tratamiento por vía ambulatoria.

El juez, al hacer lugar al hábeas corpus, consideró como “privación ilegítima de la libertad” que los niños permanezcan internados cuando tienen el alta médica y no hay una orden judicial que los mantenga en esa situación. “El fallo sienta jurisprudencia, a partir de ahora no se podrá mantener la internación indefinidamente cuando el paciente tiene el alta médica y está en condiciones de egresar”, dijo Bigalli.

El hábeas corpus se presentó en septiembre de 2009 y llegó a involucrar a 41 niños y adolescentes, pero en el momento de producirse la sentencia eran 18 los que permanecían internados con alta de externación, 16 en el Tobar García y dos en el Alvear. En dos días, entre el 10 y el 16 de noviembre, durante un cuarto intermedio del trámite judicial, el gobierno porteño efectivizó la mayoría de los traslados.

La diputada María Elena Naddeo presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Salud aclare cuál fue el destino de cada uno de los chicos internados que fueron trasladados. “Tenemos la información de que doce de ellos habían sido internados en clínicas cerradas, por lo cual permanecerían privados de su libertad, y no en hogares de convivencia, como informó la Asesoría Tutelar”, dijo la legisladora a Página/12. “Algunos están internados en la Clínica Nuestra Señora de Luján, que el Gobierno de la Ciudad había dado de baja en 2007 por algunos cuestionamientos en el tratamiento de los internados, y que ahora volvió a contratar”, agregó.

El asesor tutelar Bigalli confirmó que cuatro chicos están internados en Nuestra Señora de Luján, pero “por disposición de jueces civiles porque, según los médicos, no subsistía la situación de alta, por lo cual no están ilegítimamente privados de la libertad”, aclaró. No obstante, advirtió que “esos cuatro chicos podrían haber quedado internados en el Tobar García, porque no se mantenía su situación de alta médica”, cuestionó el asesor tutelar.

Según Bigalli, de los 18 chicos uno quedó internado en el Tobar García “porque sufrió una descompensación” y sobre los trece restantes aseguró que “algunos fueron con sus familias y otros a hogares convivenciales”, aunque no dio precisiones sobre los lugares, cuyo detalle está en poder del juzgado.

La situación no sería exactamente así, al menos en un caso, en el que “una de las niñas se provocó una lesión, fue trasladada a un hospital, desde donde se fugó”, contó a este diario Tabasco, que trabaja en acompañamientos de procesos de egreso en el Tobar García, como representante del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Naddeo, presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental de la Legislatura porteña, expresó su preocupación por la externación de los 18 niños y adolescentes debido a que “habría sido realizada de manera intempestiva, con una urgencia tal que provocó inquietud y preocupación en varios de los equipos y servicios consultados”. Agregó la legisladora que “la mayoría de esos chicos fueron derivados a clínicas y centros terapéuticos privados de cierto nivel de complejidad, y de carácter cerrado, con lo cual podríamos pensar que su situación de encierro, motivo de la demanda original, no varió en lo sustancial”. “No respetaron los tiempos de los pacientes”, objetó.

Al respecto, la titular de la Asesoría General Tutelar –el organismo que promovió el hábeas corpus–, Laura Musa, deslindó la responsabilidad de ese organismo en el traslado, al sostener a través de un comunicado que “ante la inminente sentencia en la causa de referencia, autoridades administrativas del GCBA ejecutaron un desordenado e intempestivo traslado de los niños, niñas y adolescentes, los cuales, aun contando con alta médica de internación, fueron derivados a clínicas psiquiátricas de puertas cerradas, lo que motivó, finalmente, que el hábeas corpus reparador sea declarado abstracto, en tanto ninguno de los niños, niñas y adolescentes por quienes había sido presentado permanecía alojado en dichos hospitales”.

Tras aclarar que la acción de hábeas corpus colectivo tenía el objetivo de “que se ponga fin a la privación de libertad de las personas internadas” y denunciar “la omisión del Estado local de proveer el dispositivo adecuado para su alojamiento y/o continuación del tratamiento ambulatorio”, Musa agregó: “La irregularidad con la que se llevaron a cabo dichos traslados fue denunciada por este Ministerio Público ante la Justicia local y nacional en tanto los mismos sólo han tenido como objetivo evadir la responsabilidad del gobierno local y por tal motivo puesto en conocimiento del ministro de Salud del GCBA”.

“Esos pacientes no egresaban porque son hijos de pobres y no tenían dónde ir”, advirtió Bigalli. Agregó que la Ley de Salud Mental de la ciudad contempla “entre 7 y 8 dispositivos para que estos chicos no queden internados, entre ellos, las casas de medio camino, los hogares convivenciales o un asistente terapéutico”.

Se trata, por lo general, de instituciones privadas con convenios con el Gobierno de la Ciudad. Según advirtió Naddeo, muchos de esos hogares rechazan a los adolescentes con altas por entender que pueden ser “problemáticos”. “Los dos únicos hogares que tenía la ciudad, el Carlos Cajade y el Cibercafé, los concesionó a organizaciones privadas”, agregó. Y en el caso de clínicas cerradas, dijo, la ciudad llega a pagar “diez mil pesos por mes por la internación de cada chico”. Con mucho menos dinero, una familia podría hacerse cargo del joven dado de alta.

“Fue un verdadero atropello, un procedimiento con móviles del SAME, con psiquiatras que reevaluaban a los chicos, grupos de abogados del Ministerio de Desarrollo Social y funcionarios de la Asesoría Tutelar”. “Muchos de esos chicos fueron a parar a una clínica que había sido inhibida hace tres años. Al lado de ese lugar, el Tobar es Disneylandia”, cuestionó el profesional.