Otra vez un caso de aborto no punible se judicializa y se dilata su resolución. En esta oportunidad, se trata del reclamo de una niña de 14 años de la ciudad de Posadas que fue violada y embarazada presuntamente por un tío, como represalia, al enterarse de que la chica lo había denunciado por abusos sexuales cometidos contra una hermana menor. Hace más de una semana que el pedido pasa de un juzgado a otro, sin que ningún magistrado tome una decisión. El embarazo ronda las diez semanas de gestación. El gobierno de Misiones, a cargo de Maurice Fabián Closs, hasta ahora se desentendió del problema. A diferencia de otras provincias, Misiones no tiene una reglamentación específica para los procedimientos de aborto no punible.

La familia hizo el pedido en un primer momento ante la jueza de Familia Nº 2 Marta Alegre, a través de la defensora oficial Elsa Fragueiro. Pero la magistrada le pasó el expediente al juez de Instrucción Nº 6, Ricardo Balor, que investiga los delitos penales, a partir de un planteo de la fiscal Irene Pregot. Balor señaló que el caso no requiere autorización, pero pidió ser apartado y se inhibió de resolver “por una cuestión de principios religiosos”, según explicó ayer a Página/12. Y le devolvió la causa a la jueza Alegre. La magistrada, entonces, se lo volvió a sacar de encima y lo elevó al Superior Tribunal de Justicia de Misiones. La Corte provincial, en un trámite ultraveloz, hizo un acuerdo extraordinario el jueves y le ordenó a la jueza que se pronuncie. Hasta ayer no había trascendido ninguna resolución.

“Los jueces se están pasando la pelota y están dilatando el tema. Está establecido como un aborto no punible en la legislación y además hay fallos de otras cortes provinciales que avalan la interrupción del embarazo en casos de violación. Hay que cumplir con la ley aun estando en contra del aborto. La salud pública debe garantizar la interrupción del embarazo”, advirtió, en diálogo con Página/12, Gisela Spaciuk, codirectora del Centro de Promoción de la Equidad de Género Flora Tristán, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Enterado del reclamo, el interventor del Inadi, Pedro Mouratian, sostuvo que “no existe norma alguna en todo nuestro ordenamiento jurídico que indique que deba pedirse autorización judicial para realizar un aborto no punible previsto en el artículo 86 del Código Penal”. Además, recordó Mouratian que “existe también jurisprudencia que reafirma que cuando el aborto tiene su origen en el embarazo producto de una violación estamos ante un caso de aborto no punible, en el que además se encuentra en riesgo la salud psíquica de la mujer”. En ese sentido se pronunciaron los máximos tribunales de Río Negro (en 2009 por primera vez) y de Chubut (en 2010), en casos de adolescentes que no tenían discapacidad mental, que denunciaron haber quedado embarazadas como consecuencia de abusos sexuales. El interventor del Inadi agregó: “Debemos tener en cuenta que la judicialización de estos casos implica el riesgo de postergar el aborto hasta un estado más avanzado del embarazo que lo vuelva impracticable, poniendo en mayor riesgo la vida y la salud integral de las mujeres, que recurren, en muchos casos, al aborto clandestino”.

La niña pertenece a una familia humilde de Posadas. Ella y su hermana, de 10, denunciaron que fueron abusadas sexualmente por un tío. El hombre ya fue detenido. Los abusos salieron a la luz en la escuela: en una actividad escolar tenían que contar el día más triste de sus vidas: así describieron que dos años atrás un tío había abusado de la menor y la mayor había intentado defenderla. La madre tomó conocimiento y denunció penalmente al hombre. Las chicas contaron los hechos en cámara Gesell en el juzgado de instrucción. Pero mientras se sustanciaba la investigación, el tío se enteró de la denuncia y, al parecer, en represalia, encontró a la sobrina y la violó. Producto de ese ataque habría quedado embarazada.

Consultada por la prensa, la vicegobernadora, Sandra Giménez, dijo: “No tenemos que opinar ni estigmatizar a la chica ni a la familia, tenemos que dejar a la Justicia que actúe, pero que lo haga rápido, y si resuelve por el no o por el sí del aborto, se debe hacer cargo”, expresó. De todas formas, aclaró que “no estoy de acuerdo con el aborto y no lo comparto como un mecanismo de la salud. Cuando hay un planteo como éste es porque siempre llegamos tarde. Caso contrario, son las violaciones de mujeres dementes o para preservar la integridad de la madre, ésos son casos diferentes”, manifestó.

Por no garantizar un aborto no punible a una adolescente con discapacidad mental, el Estado argentino fue condenado este año por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que consideró que se violaron los derechos humanos de la joven y ordenó que se le pague una indemnización como forma de reparación del daño causado.