La emblemática confitería Richmond, uno de los bares notables de la Ciudad de Buenos Aires, fue “vaciada” durante el fin de semana, a pesar de que el jueves último había obtenido la sanción de una declaración de sitio histórico. “Cerrado por reformas”, leyó el personal cuando llegó ayer a trabajar, sin ninguna notificación previa. Según contaron vecinos de la zona, en la madrugada del domingo un grupo de personas sacó parte de los muebles del local y tapó las vidrieras con pintura blanca para impedir que se vea hacia adentro. La legisladora María José Lubertino aseguró a este diario que “no caben dudas de que están realizando modificaciones”. Por eso, agrupaciones y habitués en defensa del patrimonio del bar adelantaron que elevarán recursos de amparo, mientras que legisladores de distintos espacios evalúan pedir informes al Ministerio de Cultura de la ciudad.

“Ya comenzó una recolección de firmas y vamos a seguir con un nuevo abrazo a la confitería”, afirmó a Página/12 Mónica Capano, titular de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteño. Mientras tanto, aseguró, las distintas agrupaciones, como 54 bares y Basta de Demoler, evalúan presentar un recurso de amparo. Por otro lado, los empleados de la confitería, que abrió sus puertas el 17 de noviembre de 1917 y fue centro de reunión, reflexión y debate del emblemático Grupo Florida, “fueron al Ministerio de Trabajo para denunciar que les negaron el acceso a su trabajo”, contó.

Sobre la ley que la declara sitio histórico, que aún no fue promulgada, la legisladora Gabriela Alegre, impulsora de la norma junto con Lubertino, Juan Cabandié y Eduardo Epszteyn, especificó que “la ley prohíbe cualquier modificación en el uso del edificio, en el nombre y en la arquitectura del lugar, salvo con autorización del Ministerio de Cultura”. Aunque falta que sea publicada en el Boletín Oficial, “la confitería ya tenía otros tipos de protección, como la declaración de ‘bar notable’”, señaló Alegre. Y precisó que existe jurisprudencia como en el caso del Bar Británico, en que los jueces fallaron por la conservación del lugar.

Lubertino resaltó que “compete al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, citar a los apoderados del lugar para intervenir y frenar las obras”. Pero “si no toma cartas, haremos un amparo y no descartamos la posibilidad de una demanda penal tanto para los empresarios como para los funcionarios –advirtió–. Las reformas son ilegales, a menos que tengan autorización del gobierno de la Ciudad, lo que sería contradictorio con lo que el mismo bloque PRO votó en la Legislatura el jueves.”

Informe: Rocío Magnani.