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En las últimas horas murió otra joven en Salta por un aborto inseguro. La mujer, de 31 años, falleció el martes en el Hospital Público Materno Infantil, el mismo centro de salud donde días atrás murió por las mismas causas una niña de 13 años. La joven, según publicó el diario El Tribuno, era de Pampa Blanca, Jujuy, muy cerca del límite con Salta. Recurrió al hospital Joaquín Castellanos de la localidad salteña de General Güemes con fiebre y hemorragia el sábado. Los médicos la derivaron al Hospital Público Materno Infantil de la capital con un diagnóstico de aborto séptico. Ingresó a la sala de emergencias el domingo en mal estado general y con taquicardia. El mismo día le hicieron una histerectomía, que consiste en extirpar el útero, para eliminar el foco de infección. El martes a las tres de la madrugada falleció como consecuencia de un shock séptico.

La criminalización del aborto en el país se tragó así otra vida. Otra muerte evitable. Es probable que la joven, ante la desesperación de un embarazo que no quería continuar, recurriera a métodos precarios para interrumpirlo, que le causaron la infección generalizada. Como la niña de 13 años. Y como tantas mujeres más, muchas de ellas adolescentes, que se enfrentan con ese cuadro y no pueden acceder, por falta de medios económicos, a una práctica segura, clandestina pero segura. Ese es el drama del aborto. Las que mueren son las mujeres de sectores más vulnerables. Las que pueden pagar un aborto seguro, interrumpen voluntariamente un embarazo pero no ponen en riesgo su vida. Hay alrededor de 500.000 abortos al año, según estimaciones con metodología científica de estudios encargados por el Ministerio de Salud de la Nación. El aborto implica un grave problema de salud pública e inequidad.

Mientras la joven jujeña se debatía entre la vida y la muerte en un hospital salteño, en otra provincia, el gobernador radical Ricardo Colombi firmó un insólito decreto que declaró a Corrientes como “Provincia Pro-Vida”. El decreto, difundido por la gobernación correntina, establece como política de Estado “la defensa de la vida desde el momento de la concepción”. En los fundamentos, la normativa liga explícitamente al Estado provincial con la Iglesia al dejar en claro que el decreto responde a un reclamo de instituciones católicas e intermedias que se expresaron en contra de la despenalización del aborto. “Que por el expediente de referencia, la Comisión Arquidiocesana para el Año de la Vida, de manera conjunta con las Iglesias Evangélicas y entidades intermedias de la comunidad correntina, solicita que Corrientes sea declarada formalmente como Provincia Pro-Vida”, indicó el texto.

Hace pocas semanas, otro gobernador, el chaqueño y kirchnerista Jorge Capitanich, dio un discurso en el que se comprometió a “ejecutar el plan de Dios”. Y agregó, con una virgen, varias cruces y un santo a sus espaldas, tal como describió en este diario Nora Veiras: “En este sentido la protección de la vida en el seno materno es un principio esencial. Por eso estamos en contra de cualquier política abortista”. En Salta, donde en los últimos días murieron por abortos inseguros una niña y una joven mujer, el gobernador Juan Manuel Urtubey se viene posicionando en la misma línea. E incluso ha ido más allá: Urtubey rechaza la educación sexual integral, que es política del Ministerio de Educación de la Nación, y elige que se dicte catecismo en forma obligatoria en las escuelas públicas; además hace poco y nada para evitar los embarazos no deseados: nunca reglamentó la ley de sexualidad responsable, y en consecuencia el programa de salud reproductiva de la provincia no tiene presupuesto propio, no hay consejería en anticoncepción en la mayoría de los centros de salud y hay médicos del sector público que se niegan a colocar DIU o a hacer una ligadura de trompas si las mujeres son jóvenes.

El drama del aborto no se borra por decreto. Es lamentable que gobernadores pretendan imponer en políticas públicas sus preceptos morales y religiosos. La Argentina no es un Estado teocrático. No debería imperar la ley divina.

Una reforma que despenalice y legalice el aborto no obligará a ninguna mujer que no quiera interrumpir un embarazo a practicarlo. Pero permitirá que las 500.000 mujeres que cada año toman esa decisión en la intimidad puedan acceder a una intervención segura. Y no solo aquellas que tienen el dinero suficiente.

Mensajes como los de los gobernadores Colombi, Capitanich y Urtubey a su vez son peligrosos para el cumplimiento de los abortos no punibles, que hoy están contemplados en el Código Penal: cuando corre la salud o la vida de la mujer o en casos de violación. Se observa con preocupación que se reiteran en distintas provincias trabas arbitrarias e ilegales, promovidas por funcionarios públicos –del ámbito de la salud o la Justicia–. Establecer como política de Estado “la defensa de la vida desde el momento de la concepción” podría habilitar al incumplimiento de los permisos legales de aborto.

Por estas horas, Mónica, una mujer de Entre Ríos, internada en el Hospital Posadas, del conurbano bonaerense, está enfrentando las consecuencias de un accidente cerebrovascular isquémico que le dejó el brazo y la pierna izquierda paralizados, una semana después de una cesárea, corolario de un embarazo de altísimo riesgo que la obligaron a continuar al negarle un aborto terapéutico. El compromiso por la defensa de la vida debe incluir la defensa de la vida de las mujeres. Ojalá Mónica pueda recuperarse y disfrutar de su hijo de 13 años y de la recién nacida. Pero, al parecer, su salud quedó muy deteriorada.

Hace algunas semanas estuvo en Buenos Aires la académica canadiense Micheline Milot, especialista en laicismo. Milot es profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Québec, en Montreal, miembro del grupo Sociedades, Religión y el Laicismo en el Centre National de la Recherche Scientifique de París, y experta en el tema en el Consejo de Europa. Al término de una conferencia sobre “Estado laico, religión y diversidad cultural”, esta cronista le preguntó si en Canadá hay acciones de grupos religiosos para obstruir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos como ocurre en la Argentina. Milot respondió:

“Los grupos religiosos en todos lados del mundo, en Canadá como en Argentina, se oponen a la legalización del aborto. Pero lo que hace la diferencia, y he analizado la situación en siete países, es la posición oficial que el primer ministro (o presidente) adopta.” La Corte Suprema y el presidente tienen un deber pedagógico con respecto a su país, que no siempre cumplen. El primer ministro en Canadá dijo en TV en el momento en que se aprobó el matrimonio homosexual (en 2005) que aunque él había sido criado en la tradición católica y que esa ley no tenía que ver con sus valores, la celebraba porque Canadá no tenía que gobernarse con los valores del primer ministro sino con los valores de la igualdad.

En la Argentina, es deseable que los mandatarios sigan ese mismo camino.