Habrá sentencia luego de diez años y ocho meses. El miércoles 3 de abril de 2002, a las 9 de la mañana, Marita Verón se despidió de su madre para ir a atenderse a la Maternidad. Dijo que regresaría pronto. En la casa, además de Susana Trimarco, quedaban su padre, Daniel Verón, su pareja, David Catalán, y la hija de ambos, Micaela, de 3 años. Marita nunca volvió, y desde entonces, a fuerza de buscarla, Susana Trimarco volvió visible que en Argentina operan redes de trata que trafican mujeres para convertirlas en esclavas sexuales. Esta semana, el juicio que busca hacer justicia por Marita llegará a su fin, cuando el Tribunal de la Sala II de la Cámara en lo Penal tucumana resuelva los destinos de los trece imputados señalados por indicios, testimonios y en algunos casos sus propias declaraciones.

La sentencia se conocerá el martes por la tarde. Por la mañana podrán dirigir sus últimas palabras a los magistrados los cuatro imputados que aún no lo han hecho: Irma Medina (en cuyos prostíbulos riojanos los testimonios situaron a Marita, explotada sexualmente), sus hijos José “Chenga” (los testimonios señalan que Marita, convertida en su “doña”, tuvo un hijo suyo) y Gonzalo “Chenguita” Gómez y María Azucena Márquez (“Doña Claudia”, según los testimonios encargada del prostíbulo El Desafío).

La causa está caratulada como “privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución”. La ley Nº 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata, sancionada en 2008 a raíz del caso Verón, persistencia de Susana Trimarco y acompañamiento del movimiento de mujeres mediante, no es aplicable. Sancionada seis años después de secuestrada Marita, no aplica la retroactividad.

Entre el 8 de febrero y mediados de octubre, por la sala de audiencias, más de cien testigos –entre ellos, una decena de víctimas de trata rescatadas– brindaron detalles de un universo opaco. En el mundo de la esclavitud sexual las mujeres son mercancías a disposición de redes que secuestran, trasladan, compran y venden para abastecer prostíbulos con clientela tan amplia que –dijeron y repitieron bajo juramento–, incluye a policías, jueces y funcionarios. Durante el debate oral, en más de una ocasión, los imputados iluminaron sin advertirlo –en alguna ocasión autoincriminándose sólo para atacar o desacreditar algún testimonio– zonas grises, lo mismo que algunos abogados defensores. A lo largo de las audiencias explicaron una jerga propia de la trata, delataron relaciones y rencores entre ellos, en algún caso se acusaron.

La fiscalía y la querella coincidieron en pedir penas de alrededor de 25 años de prisión para los imputados, con algunas diferencias en función de las responsabilidades que les atribuyen. Por su parte, todas las defensas coincidieron en pedir la absolución de los imputados y, con una excepción, también desacreditar a las testigos que fueron víctimas de trata y asegurar que de Marita nunca han sabido nada. Hace dos semanas, al dirigir sus últimas palabras al tribunal, la imputada María Jesús Rivero pidió “que Marita Verón se siente (ante el tribunal) y diga dónde ha estado estos diez años”. Minutos después, otra imputada, Daniela Milhein, decía que Marita había dejado “abandonada a su hija” Micaela. Ambas imputadas, además de inocentes, se declararon víctimas de un proceso judicial “político” y del “poder” de Susana Trimarco, a quien acusaron de enriquecerse con la búsqueda de su hija.

Cualquiera sea la decisión de los jueces Alberto Piedrabuena, Andrés Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, nada indica que alguno de los imputados vaya a brindar información sobre el paradero actual de Marita o qué ha sido de ella. Por el contrario: durante los alegatos, el defensor Cergio Morfil (representante de los hermanos María Jesús y Víctor Rivero, acusados por la autoría intelectual y material del secuestro) afirmó que Marita dejó su casa, su vida, su familia por su propia cuenta. Poco después, el abogado Hernán Molina (defensor de Daniela Milhein, en cuya casa una testigo dijo haber visto a Marita secuestrada y drogada), desarrolló la hipótesis: Marita se habría ido con su cuñado. Quizá porque había decidido volcarse a la prostitución.

En una década, Susana Trimarco vio morir a su marido por la tristeza, crecer a su nieta hasta convertirse en adolescente, funcionar una Fundación que lleva el nombre de su hija, sancionar una ley sobre trata. Hace casi un mes decía a este diario que uno de sus objetivos en la vida era que la sociedad supiera que existe la trata, conociera cómo operan las redes. “Quería que la sociedad conociera las caras de los delincuentes”, dijo hace unos días, y eso “lo logré”. El pendiente de su vida es “encontrar a mi hija”. A mediados de febrero, en las primeras jornadas del debate oral, Trimarco había advertido lo mismo: “Hasta que no la vea muerta la voy a buscar viva. Yo les dije muchas veces que la entreguen, que la dejen en el monte, en cualquier lado, que yo la busco y me voy con mi nieta y se acaba todo. Pero se empecinaron con mi hija y no sé por qué. Y yo me voy a empecinar en buscarla, porque todo esto tiene que servir para eso, para que me digan dónde está”.

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