“Esta red de trata no son sólo estos trece imputados del juicio. Hay mucha otra gente de esa red que vive en otras localidades. Las víctimas rescatadas, como las que dieron testimonio, lo saben porque escucharon, porque vieron, porque fueron captadas por personas que no están ahí.” Zaida Gatti, coordinadora de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que durante el debate oral del juicio por Marita Verón testimonió como experta, dice que la sentencia será sólo el principio. Que, aunque en el caso de Marita no se aplique la ley de trata ni se juzgue el caso como tal (ella fue secuestrada en 2002; la ley fue sancionada en 2008), es “un caso grande”.

“Se está juzgando a trece imputados por un delito que no es trata de personas, porque la comisión del delito es de 2002, cuando todavía no teníamos Ley de Trata. Pero sabemos fehacientemente por relatos de víctimas que Marita sí fue víctima de red de trata”, explica Gatti.

Entre 2008 –cuando se puso en marcha, a poco de la sanción de la ley– y fines de octubre de 2012, la Oficina realizó 1819 allanamientos y rescató a 3875 víctimas: el 86 por ciento eran mayores de edad. La mitad de todas esas personas eran víctimas de redes con fines de explotación laboral; algo menos de la mitad, de redes con fines de explotación sexual.

Sin embargo, al menos hasta ahora, Gatti sostiene que “en Argentina, en lo que respecta a trata con fines de explotación sexual, no se han desbaratado grandes redes, mafias. Estas son como pequeñas empresas, casi podríamos decir pymes, que están vinculadas entre sí. Aunque las ganancias son de cada nodo, trabajan en conjunto al garantizarse intercambios de víctimas. Las víctimas son rotadas para que no conozcan a fondo la organización, no se conozcan entre sí y no puedan dar testimonio de cómo funciona la organización de punta a punta”. Sin embargo, durante el debate oral del juicio por Marita, mujeres rescatadas, en sus relatos, “pudieron dar cuenta de la captación, el traslado, el uso de violencia física, verbal y sexual, y el fin de la explotación sexual”.

–Fue mutando pero no tanto, porque las provincias de captación siguen siendo las más pobres: Misiones, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes. Allí buscan a las víctimas que después van a explotar en las grandes ciudades. Esto sigue siendo prácticamente igual que en 2002. La Rioja sigue siendo una provincia de destino, porque aunque no haya una gran ciudad, sí hay rutas muy transitadas. Tienen muchos clientes de paso. Pero en La Rioja también captan víctimas; se las llevan de a tandas. Muchas veces, las familias no denuncian. Por eso es imposible saber cuántas víctimas hay secuestradas en redes de explotación sexual. No hay denuncias en cada caso; sólo conocemos los casos de víctimas rescatadas. Por otro lado, las provincias de la Patagonia siguen siendo de explotación. Primero, porque hay un nivel adquisitivo alto, porque los sueldos son superiores a los del resto del país. Segundo, porque hay mucha población masculina que va a trabajar allí y los llevan a los prostíbulos. También la provincia de San Juan es de destino. Hemos tenido un allanamiento muy grande en zona de minas. La puerta estaba abierta, entonces los victimarios decían que ellas podían entrar y salir. Pero hablamos de lugares inhóspitos, a nosotros nos costó llegar.

–Hoy hay más rescates en etapas de traslado, ya no solamente en etapa de explotación consumada. Hay situaciones donde podemos hacer prevención, porque los agentes de fuerzas de seguridad tienen una mirada diferente. Cuando hacen el control de rutas, por ejemplo, ahora prestan atención a otras señales.

–Esa reforma se va a retomar el año que viene, espero que con más énfasis y con mejoras superiores a las que estaban presentes. Es una opinión personal, pero la ley es nueva, tiene cuatro años y medio, hasta ahora pudimos trabajar con esta ley y entiendo que es importante tener más casos, más juicios terminados para hacer una buena reforma.

–Considero que se necesita de experiencia de trabajo de todos los días. El artículo más discutido de la ley es que establece que la víctima mayor de edad tiene que probar que es víctima, que está contra su voluntad, que hubo engaño, violencia, secuestro o abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. A pesar de todo, ese artículo no ha sido obstáculo para actuar estos años, porque la situación de vulnerabilidad se prueba con el relato de las víctimas.

–Todavía hay desconocimiento por parte del Poder Judicial. No terminan de saber qué es una víctima en estos casos. Para los jueces, como antes de 2005 lo era para las fuerzas de seguridad, el delito federal se limita al narcotráfico. Una vez, en una capacitación, un policía me dijo: “Hacer un allanamiento por drogas es sencillo: hay o no hay. ¿Con una víctima de trata es distinto”. Y claro, porque ella va relatando de manera muy particular, tiene un relato confuso, con vacíos de la memoria, que tienen que ver con el estrés postraumático. Eso se vio en este juicio: el relato de las víctimas varió, no es lo mismo cuando acaban de ser rescatadas y hablan sin asistencia psicológica, o lo que dicen después, cuando se sienten respaldadas, en situaciones de confianza.

–Todavía está atravesada por el patriarcado. Estas son mujeres en su mayoría pobres, ignorantes, que estaban en los prostíbulos y durante muchos años han sido consideradas prostitutas y que no tenían otra opción en la vida. Pero son personas que pueden tener una oportunidad de hacer otra cosa si el Estado se las brinda. Escuché atrocidades en juzgados. Un secretario de un Juzgado Federal me llegó a decir, en un caso: “Tengo que perder tiempo con esta paraguaya de mierda”. Claro que todo se va modificando. La Justicia no se comporta igual que hace seis años.