AJUSTE DE LAS TARIFAS TELEFONICAS

El último regalo

El reciente reajuste vuelve a beneficiar a las telefónicas, castigando al usuario doméstico y favoreciendo a las corporaciones.

Por Martin Abeles *

La Secretaría de Comunicaciones acaba de implementar –a pocos días del traspaso presidencial– un reajuste en las tarifas telefónicas que vuelve a beneficiar, como a lo largo de toda la década, a las licenciatarias del Servicio Básico telefónico (LSB). En este caso, se conjuga una publicitada disminución de 5,5 por ciento en el costo de las llamadas de larga distancia, con un incremento de 1,5 por ciento en el valor del pulso telefónico, vinculado con el aumento de los precios al consumidor de EE.UU. (superior al registrado en nuestro país) y, por ende, en las llamadas locales y el abono mensual. La lógica y el sentido de esta medida, que es la última ofrenda del gobierno saliente a las compañías telefónicas, remite a un largo proceso de prebendas a las LSB.
El mecanismo de actualización tarifaria previsto en el marco regulatorio disponía el ajuste periódico de las tarifas en función de la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC) menos un coeficiente de eficiencia (denominado X). La fórmula resultante (IPC-X) equivalía a un mecanismo de indexación parcial de precios (price cap) mediante el cual se pretendía transferir a los usuarios, aunque sea parcialmente, los incrementos de productividad de las empresas monopólicas. De acuerdo con las disposiciones originales, en su aplicación no se permitiría “compensación alguna entre Tráfico Internacional y Tráfico Local, debiendo lograrse la reducción mencionada en forma aislada en cada uno de los dos tráficos”. Sin embargo, a partir de la sanción del decreto 2585/91, que estableció la “conveniencia” de “expresar el valor del pulso telefónico en dólares estadounidenses” y su actualización según las variaciones del IPC de EE.UU., se pasó a considerar la evolución de este último en la aplicación del price cap, y además se autorizó la compensación de reducciones en las tarifas de larga distancia con incrementos en el costo del servicio local. Gracias a esta cláusula se pudo instrumentar en 1997 el rebalanceo entre las tarifas locales y de larga distancia.
En la práctica, no obstante, las tarifas empezaron a ser reestructuradas mucho antes de dicho rebalanceo. Las “reducciones” tarifarias sólo se aplicaron sobre el cargo correspondiente a las tarifas de larga distancia, segmento que ya enfrentaba cierta competencia del servicio de call back, más que compensándolas con incrementos sistemáticos en las locales.
En otras palabras, mientras el valor del pulso se incrementaba al compás de la inflación de EE.UU. (el pulso aumentó 24 por ciento entre marzo de 1991 y su reciente modificación), incrementando así el valor del abono (que se expresa en cantidad de pulsos) y de las llamadas urbanas, disminuía el costo de las llamadas de larga distancia. Así, por ejemplo, el valor del abono mensual residencial pasó de 5,2 dólares en marzo de 1991 a 12,9 dólares a fines de 1998. De ese modo, en franca contradicción con el espíritu del método price cap (que pretende favorecer a los usuarios cautivos con disminuciones reales de tarifas) el valor del pulso –y, por lo tanto, de las llamadas locales y del abono mensual– no han dejado de aumentar desde el comienzo mismo de la gestión de las LSB.
Tal criterio es, precisamente, el que ha primado en el reciente ajuste de tarifas: el valor del pulso se incrementó un 1,5 por ciento, en función de la evolución del IPC de EE.UU., y se redujo 5,5 por ciento el costo de las llamadas de larga distancia (segmento en el que, por la apertura del mercado a la competencia, se prevé un disminución aún mayor). Una aplicación adecuada del price cap (aun considerando el IPC de EE.UU.) hubiera dado lugar a, por ejemplo, una reducción del valor del pulso –y, cabe reiterar, del abono y de las llamadas locales– de 4 por ciento, si se hubiera utilizado correctamente la fórmula IPC.X expuesta más arriba (1,5%-5,5%=-4%). Naturalmente, de haber optado por esta variante el Gobierno hubiera reconocido la tergiversación sistemática que hizo del price cap durante los nueve años anteriores. Con este último ajuste, vigente desde el 8 de noviembre último, las LSB han logrado, así, que el gobierno aumente las tarifas del segmento local (cautivo) a cambio de una disminución que de todos modos debían realizar. Si esto no es una ofrenda....
Sólo aquellos usuarios que utilicen intensivamente el servicio de larga distancia –los grupos económicos, los grandes importadores y exportadores, el sector financiero– tenderán a verse favorecidos por esta medida. De hecho, a lo largo de toda esta década la evolución de las tarifas telefónicas favoreció relativamente a la clientela comercial vis à vis la residencial: según datos de FIEL, mientras entre 1991 y 1998 las tarifas comerciales bajaron un 28,3 por ciento, las residenciales subieron un 42,9.

* Investigador del área de Economía y Tecnología de Flacso.

Beneficios corporativos

Todo parece indicar –y la reciente reducción tarifaria no hace más que corroborarlo– que, en el mejor de los casos, de no cambiar la política regulatoria en el sector, la liberalización del mercado de telecomunicaciones sólo planteará beneficios significativos para los usuarios del segmento corporativo. En este sentido, habrá que estar atento, ante la anunciada pretensión de disminuir los costos empresarios con la reducción de las tarifas de diversos servicios públicos (una suerte de devaluación tarifaria), a lo ocurrido con las tarifas telefónicas. No sea cosa que, como en el caso del servicio telefónico, sean nuevamente los usuarios domésticos los que subsidien la reducción del costo argentino, asociado a los privilegios de que gozan las empresas privatizadas.