Los políticos no son confiables. Por tanto, para prevenir sus perniciosas decisiones se recomienda crear órganos intocables y mecanismos automáticos, predeterminados. Una banca central independiente fue el primer producto de ese criterio, que en la Argentina se combinó con la convertibilidad, que predefine los actos del BCRA como caja de conversión, obligada a cumplir la ley que fijó el tipo de cambio. A este cerrojo se le añadió la convertibilidad fiscal, que coloca un tope preciso al crecimiento del gasto público y al endeudamiento, independiente de los antojos políticos. Y ahora se promete agregar la llamada convertibilidad impositiva, que establecerá de antemano reducciones automáticas en las alícuotas ante aumentos en la recaudación.
Estos no son, en el fondo, inventos argentinos, sino aplicaciones adaptadas de ciertos planteos ultraneoliberales, que ahora proponen confiar también la política tributaria a un ente autónomo, intangible, que pueda subir o bajar tasas sin pedirle permiso al Ejecutivo ni al Congreso, dentro de ciertos márgenes, con el fin de enfriar o estimular la economía según convenga. Se supone que, así, habrá un manejo estrictamente técnico de la moneda, las finanzas, el gasto público y los impuestos, resguardados de los políticos. En este proceso, el gobierno irá quedándose sin instrumentos, reemplazado por un gran mecanismo de relojería, basado en un sistema de ecuaciones diseñado por algunos economistas.
Así como presidentes y ministros actúan con propósitos políticos de corto plazo, sin importarles las consecuencias de largo plazo de sus decisiones, las cámaras parlamentarias retrasan la adopción de medidas urgentes porque tardan meses en aprobar cualquier proyecto, y lo votan cuando ya resulta contraproducente. Mucho mejor, por tanto, es manejar la política económica a través de una especie de fideicomiso, encargado de ejecutar instrucciones escritas en una cartilla.