Sefaradíes y ashkenazim

“Así como el hábito no hace al monje, tampoco el cetro hace el rey, es ésta una verdad que conviene no olvidar”.
Ensayo sobre la ceguera, José Saramago.

Puede ser que se haya inspirado en el Premio Nobel que tanto admira o haya sufrido un shock de la epidemia de ceguera blanca, como la narrada en ese libro por su predilecto escritor portugués, lo cierto es que Pedro Pou no deja de sorprender a sus colaboradores. En uno de sus ataques de ira por los problemas judiciales que tiene por la caídas de los bancos Mayo y Patricios, causa en la cual la Cámara Federal tiene que definir en las próximas semanas si mantiene su procesamiento dictado por el juez Gabriel Cavallo, el presidente del Banco Central se despachó con una defensa de su accionar que dejó con la boca abierta a sus interlocutores. “Soy una víctima de una lucha ancestral y milenaria entre sefardíes y ashkenazim”. Nadie se atrevió a contrariarlo y evitaron preguntarle el sentido de ese insólito alegato. Vale entonces algunos datos informativos de interés general. Ashkenazim son los judíos o descendientes de judíos de Europa central u oriental, a quienes se los denomina genéricamente “rusos”; sefardíes son los judíos de la cuenca del Mediterráneo, quienes son identificados sin precisión “turcos”. Por lo que se sabe, salvo que Pou tenga documentos inéditos, como los que decía tener en una carta que le envió a Saramago sobre un personaje ficticio de un cuento de Jorge Luis Borges, los sefardíes y los ashkenazim no tuvieron enfrentamientos entre ellos. Más bien unos y otros sufrieron varias persecuciones durante su historia. Recién con la creación del Estado de Israel, y luego de la inmigración sefardí unos años después, se produjo en ese país una brecha social y económica que castigó a estos últimos, que produce roces entre esas dos comunidades. Para Pou las caídas de Banco Mayo, conducido por el sefardí Rubén Beraja, y del Banco Patricios, bajo el mando del ashkenazi Alberto Spolski, no tienen su origen en fraudes cometidos en esas entidades no detectados y en algunos casos tolerados por el Banco Central, sino que son parte de una pelea histórica entre esas dos comunidades del judaísmo. No parece un argumento muy sólido.
Tampoco los son los que esgrimió en un comunicado de mediados del mes pasado para defender el proyecto de inmunidad judicial para los funcionarios del Banco Central. Sostiene que las decisiones de orden técnico (lo que legalmente se conocen como decisiones de “oportunidad, mérito y conveniencia”) no deben ser sometidas al control judicial, “pues puede hacer que –por temor a tales resoluciones– el Banco Central adopte medidas costosas socialmente”, precisó. Con ese razonamiento hasta Víctor Alderete puede escudarse en que las medidas de “orden técnico” que dispuso en el Pami para dar prestaciones urgentes a los jubilados con cuestionados contratos no deben ser analizadas por la Justicia.
Quienes defienden la iniciativa para dar cobertura judicial al directorio del Central todavía no pueden explicar por qué esos funcionarios deben ser privilegiados respecto al resto que trabaja en la administración pública, quienes también tienen que adoptar medidas complejas y controvertidas que afectan a la gente como puede ser el cierre de una entidad financiera. “Lo pide el Banco Mundial” para liberar créditos, sostienen en el Gobierno como principal argumento quienes promueven la iniciativa. “Y el FMI lo respalda”, agregan. Incluso Economía envió emisarios a la Cámara Federal que entiende la causa Mayo-Patricios presionando por el desprocesamiento de Pou.
Así el gobierno de la Alianza ha quedado atrapado por una ceguera que no es la común ni la blanca que en forma tan desgarradora narra Saramago en su novela, sino la que produce la city, cuyos efectos alcanza a todos menos a sus protagonistas.