La
desregulación del mercado de las naftas
bajo la lupa de uno de sus responsables.
La
culpa la tiene el lobby de las petroleras
Participó
activamente en la desregulación petrolera, que derivó
en un mercado cartelizado con un Estado sin capacidad de control.
Uno de los efectos es la disparada del precio de las naftas. Rubén
Maltoni, ex subsecretario de Combustibles de Menem, dice ahora
que la desregulación quedó a mitad de camino y que
es obsoleta.
Por Cledis Candelaresi
Rubén
Maltoni fue subsecretario de Combustibles cuando, a principios
de la gestión de Carlos Menem, se desreguró el mercado
de los combustibles, permitiendo que las petroleras comercializaran
con precio libre las naftas. Su conocimiento del sector de hidrocarburos
es tan sólido como sus lazos con el justicialismo. Fue
director de YPF, concesionario de la red de Repsol-YPF en Cuyo,
explota estaciones propias y vende servicios de ingeniería
para construirlas. Se jacta de haber cursado la secundaria con
el ex ministro Roberto Dromi, a quien considera un cerebro
privilegiado, del mismo modo que hace gala de su amistad
con José Luis Manzano, Eduardo Bauzá y el senador
radical José Genoud. Asesora a los legisladores del PJ
y es un virtual vocero de la oposición en la materia.
¿No cree que antes de desregular deberían haber
tomado algún recaudo para evitar los comportamientos cartelizados
de las refinadoras?
Los tres decretos de desregulación se discutieron
en un marco de urgencias inimaginables hoy: el día que
asumimos aumentamos los combustibles un 1150 por ciento y la de
electricidad 1350 por ciento. (Julio) Aráoz y (Roberto)
Dromi trabajaban conmigo y me daban todo el respaldo político.
Pero los decretos no eran lo único. También preveíamos
federalizar los recursos, privatizar Gas del Estado e YPF y aprobar
los marcos regulatorios, que íbamos a hacer por ley. Algunas
se lograron bien y otras no se pudieron concretar. YPF se privatizó
sin la correspondiente Ley de Hidrocarburos, lo que dejó
como consecuencia un mercado concentrado, dominado por tres empresas,
donde se perdió competencia. La privatización de
YPF no se pensó como salió: terminó privatizándose
en una sola empresa totalmente concentrada verticalmente.
¿Y cómo debería haberse privatizado?
La Ley de Hidrocarburos regulaba sectores claves. Si se
hubiese sancionado, no habría permitido algunos comportamientos
monopólicos.
¿Cómo cuáles?
Como el manejo de los precios. El proyecto de ley preveía
controles y regulaciones que llegaban hasta los precios. Fijaba
márgenes, que no hubiesen permitido que mientras el crudo
sube, los precios de los combustibles suben; pero cuando baja,
no bajan.
¿Por qué no prosperó?
Por el fuerte lobby que hicieron las petroleras sobre el
Congreso. En particular, Oscar Vicente, de Pérez Companc.
El proyecto había sido muy discutido hasta llegar a un
texto consensuado. A mi entender hay dos responsables de que el
sector haya perdido una oportunidad histórica: Angel Abasto,
titular de Combustibles de la Cámara de Diputados y las
autoridades de la CEPA y de la SIP (cámaras empresarias
del sector), que utilizaron su fuerza de lobby en todos los niveles
para obtener sus objetivos, con un afán desmedido. Los
grupos empresarios no querían regulaciones.
¿No hay una contradicción en el hecho de desregular
para regular después?
No. Siempre es así. Se desregula para, luego, regular
para la competencia. Nosotros teníamos como objetivo fundamental
hacer desaparecer al Estado empresario. La desregulación
es condición previa a la privatización. Pero nunca
hay que dejar sin marco regulatorio las actividades cuando éstas
tienden a ser colusivas o monopólicas.
¿Es posible ahora controlar los precios con la importación
de combustibles, como plantea el Gobierno?
No. Los tres decretos de desregulación que firmamos
son obsoletos, ya que no tienen previsto cómo controlar
a un mercado que se caracteriza por la falta de competencia y
colusividad. Pero tampoco es imprescindible una nueva ley. La
17.319, ahora vigente, le permite al Poder Ejecutivo tomar medidas
para evitar maniobras colusivas y hasta mejorar la recaudación
del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles. Es absolutamente
flexible y sirve tanto para desregular como para regular.
¿Y qué medidas deberían tomarse?
El secretario de Energía dice que la importación
crea competencia y bajan los precios. Daniel Montamat utiliza
el gatopardismo: dice mucho, a nivel teórico, para que
todo siga igual. Esas son ideas equivocadas que le llegaron al
Presidente quien, con buena fe, está preocupado por el
precio de los combustibles. Pero la secretaría de Energía
conoce bien el tema... También pareciera conocerlo mucho
Nicolás Gallo, que es el mejor ministro del gabinete. A
veces, hasta parece peronista. Además, es importante tener
en cuenta que la culpa del comportamiento monopólico no
lo tienen las tres empresas que dominan el mercado (Repsol-YPF,
Shell y Esso). Ellas actúan según el marco legal
vigente y con las reglas de juego que definen las autoridades
del sector. En el marco de maximizar sus beneficios.
¿Por qué la importación no es eficaz?
Primero, porque Argentina es un país exportador de
combustible. Es como querer abaratar el pan importando trigo.
Otra cuestión es que se exporte combustible barato y luego
se importe caro. Las petroleras prefieren exportar export pariti
(más barato que el precio de importación) a sus
filiales en el extranjero que vender el excedente a sus competidores
de acá. La existencia de estaciones blancas tampoco es
un freno a la suba de precios, en parte porque la mitad de la
nafta que venden está provista por las principales refinadoras.
Y nunca harían una guerra de precios porque se quedarían
sin clientes: las dudas sobre la calidad de un producto que genera
una estación sin bandera serían reforzadas por el
hecho de vender a un precio muy inferior al resto. Además,
es una locura plantear que se puede crear una red paralela de
comercialización para competir con la que ya existe. Ni
el Estado tiene 1000 millones de pesos para hacerlo, ni al sector
privado le interesa.
¿Y de qué recurso dispone el Estado si no quiere
regular?
Hay que tener poder político para negociar con las
petroleras. Nadie quiere regular precios. Se puede establecer
una banda teórica de precios y a aquella empresa que la
supera, aplicarle todos los meses un Impuesto a la Transferencia
de Combustible (ITC) adicional, ya que el Ejecutivo está
facultado por ley a aumentar hasta un 10 por ciento la alícuota
del ITC. Pero para eso hace falta un hombre respaldado por el
Presidente con conocimiento real del tema. Creo que, en el gabinete
actual, Gallo sería un buen interlocutor.
¿Y por qué las refinadoras dejarían de subir
precios?
Porque ninguna quiere irse del país. Acá están
haciendo un excelente negocio. Tres empresas tienen el 90 por
ciento del mercado y sus precios no son compatibles con los del
mercado internacional.