Principal RADAR NO Turismo Libros Futuro CASH Las 12

ECONOMíA EN PAGINA/12 WEB
05 MARZO 2000

ene








 

La desregulación del mercado de las naftas
bajo la lupa de uno de sus responsables.

“La culpa la tiene el lobby de las petroleras”

Participó activamente en la desregulación petrolera, que derivó en un mercado cartelizado con un Estado sin capacidad de control. Uno de los efectos es la disparada del precio de las naftas. Rubén Maltoni, ex subsecretario de Combustibles de Menem, dice ahora que la desregulación quedó a mitad de camino y que es obsoleta.

Por Cledis Candelaresi

Rubén Maltoni fue subsecretario de Combustibles cuando, a principios de la gestión de Carlos Menem, se desreguró el mercado de los combustibles, permitiendo que las petroleras comercializaran con precio libre las naftas. Su conocimiento del sector de hidrocarburos es tan sólido como sus lazos con el justicialismo. Fue director de YPF, concesionario de la red de Repsol-YPF en Cuyo, explota estaciones propias y vende servicios de ingeniería para construirlas. Se jacta de haber cursado la secundaria con el ex ministro Roberto Dromi, a quien considera “un cerebro privilegiado”, del mismo modo que hace gala de su amistad con José Luis Manzano, Eduardo Bauzá y el senador radical José Genoud. Asesora a los legisladores del PJ y es un virtual vocero de la oposición en la materia.
¿No cree que antes de desregular deberían haber tomado algún recaudo para evitar los comportamientos cartelizados de las refinadoras?
–Los tres decretos de desregulación se discutieron en un marco de urgencias inimaginables hoy: el día que asumimos aumentamos los combustibles un 1150 por ciento y la de electricidad 1350 por ciento. (Julio) Aráoz y (Roberto) Dromi trabajaban conmigo y me daban todo el respaldo político. Pero los decretos no eran lo único. También preveíamos federalizar los recursos, privatizar Gas del Estado e YPF y aprobar los marcos regulatorios, que íbamos a hacer por ley. Algunas se lograron bien y otras no se pudieron concretar. YPF se privatizó sin la correspondiente Ley de Hidrocarburos, lo que dejó como consecuencia un mercado concentrado, dominado por tres empresas, donde se perdió competencia. La privatización de YPF no se pensó como salió: terminó privatizándose en una sola empresa totalmente concentrada verticalmente.
¿Y cómo debería haberse privatizado?
–La Ley de Hidrocarburos regulaba sectores claves. Si se hubiese sancionado, no habría permitido algunos comportamientos monopólicos.
¿Cómo cuáles?
–Como el manejo de los precios. El proyecto de ley preveía controles y regulaciones que llegaban hasta los precios. Fijaba márgenes, que no hubiesen permitido que mientras el crudo sube, los precios de los combustibles suben; pero cuando baja, no bajan.
¿Por qué no prosperó?
–Por el fuerte lobby que hicieron las petroleras sobre el Congreso. En particular, Oscar Vicente, de Pérez Companc. El proyecto había sido muy discutido hasta llegar a un texto consensuado. A mi entender hay dos responsables de que el sector haya perdido una oportunidad histórica: Angel Abasto, titular de Combustibles de la Cámara de Diputados y las autoridades de la CEPA y de la SIP (cámaras empresarias del sector), que utilizaron su fuerza de lobby en todos los niveles para obtener sus objetivos, con un afán desmedido. Los grupos empresarios no querían regulaciones.
¿No hay una contradicción en el hecho de desregular para regular después?
–No. Siempre es así. Se desregula para, luego, regular para la competencia. Nosotros teníamos como objetivo fundamental hacer desaparecer al Estado empresario. La desregulación es condición previa a la privatización. Pero nunca hay que dejar sin marco regulatorio las actividades cuando éstas tienden a ser colusivas o monopólicas.
¿Es posible ahora controlar los precios con la importación de combustibles, como plantea el Gobierno?
–No. Los tres decretos de desregulación que firmamos son obsoletos, ya que no tienen previsto cómo controlar a un mercado que se caracteriza por la falta de competencia y colusividad. Pero tampoco es imprescindible una nueva ley. La 17.319, ahora vigente, le permite al Poder Ejecutivo tomar medidas para evitar maniobras colusivas y hasta mejorar la recaudación del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles. Es absolutamente flexible y sirve tanto para desregular como para regular.
¿Y qué medidas deberían tomarse?
–El secretario de Energía dice que la importación crea competencia y bajan los precios. Daniel Montamat utiliza el gatopardismo: dice mucho, a nivel teórico, para que todo siga igual. Esas son ideas equivocadas que le llegaron al Presidente quien, con buena fe, está preocupado por el precio de los combustibles. Pero la secretaría de Energía conoce bien el tema... También pareciera conocerlo mucho Nicolás Gallo, que es el mejor ministro del gabinete. A veces, hasta parece peronista. Además, es importante tener en cuenta que la culpa del comportamiento monopólico no lo tienen las tres empresas que dominan el mercado (Repsol-YPF, Shell y Esso). Ellas actúan según el marco legal vigente y con las reglas de juego que definen las autoridades del sector. En el marco de maximizar sus beneficios.
¿Por qué la importación no es eficaz?
–Primero, porque Argentina es un país exportador de combustible. Es como querer abaratar el pan importando trigo. Otra cuestión es que se exporte combustible barato y luego se importe caro. Las petroleras prefieren exportar export pariti (más barato que el precio de importación) a sus filiales en el extranjero que vender el excedente a sus competidores de acá. La existencia de estaciones blancas tampoco es un freno a la suba de precios, en parte porque la mitad de la nafta que venden está provista por las principales refinadoras. Y nunca harían una guerra de precios porque se quedarían sin clientes: las dudas sobre la calidad de un producto que genera una estación sin bandera serían reforzadas por el hecho de vender a un precio muy inferior al resto. Además, es una locura plantear que se puede crear una red paralela de comercialización para competir con la que ya existe. Ni el Estado tiene 1000 millones de pesos para hacerlo, ni al sector privado le interesa.
¿Y de qué recurso dispone el Estado si no quiere regular?
–Hay que tener poder político para negociar con las petroleras. Nadie quiere regular precios. Se puede establecer una banda teórica de precios y a aquella empresa que la supera, aplicarle todos los meses un Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC) adicional, ya que el Ejecutivo está facultado por ley a aumentar hasta un 10 por ciento la alícuota del ITC. Pero para eso hace falta un hombre respaldado por el Presidente con conocimiento real del tema. Creo que, en el gabinete actual, Gallo sería un buen interlocutor.
¿Y por qué las refinadoras dejarían de subir precios?
–Porque ninguna quiere irse del país. Acá están haciendo un excelente negocio. Tres empresas tienen el 90 por ciento del mercado y sus precios no son compatibles con los del mercado internacional.