Por Roberto Navarro

Las diferencias insalvables que separan a los dos sectores enfrentados de la CGT se diluyen cuando se comparan los convenios colectivos que convalidaron los gremios que responden a Rodolfo Daer y a Hugo Moyano. En los últimos cinco años, dirigentes de uno y otro lado firmaron 941 convenios colectivos con cláusulas de flexibilidad laboral, algunas de las cuales cercenan los más elementales derechos de los trabajadores. La mayoría contiene aumentos en la cantidad de horas de trabajo que superan los máximos legales y períodos de prueba de hasta seis meses. Otros permiten acotar los tiempos mínimos de descanso entre jornada. Y hasta hay convenios que habilitan a las empresas a exigir más horas de trabajo diarias sin pagar extras. El 80 por ciento de esos acuerdos fueron negociados por empresa, la modalidad que el titular de la cartera de Trabajo, Alberto Flamarique, defiende como uno de los puntos inmodificable de la reforma laboral. Hasta ahora, la experiencia de sentar a negociar a los trabajadores con los empresarios precipitó una precarización de las condiciones laborales. Según datos del Ministerio de Trabajo, de los 8,5 millones de asalariados no jerárquicos, 3,5 millones están en negro. O sea, flexibilizados de hecho. Y de los 5 millones restantes, la mitad ya está flexibilizado por los convenios firmados en el último lustro. La reforma que propone el Gobierno formaliza esa situación y alienta una aceleración de la flexibilización del resto del mercado laboral.
La empresa Metrovías, licenciataria de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, acordó con la UTA, comandada por Juan Manuel Palacios, el hombre más cercano al secretario general rebelde de la CGT y camionero, Hugo Moyano, que, “en caso de necesidad”, la compañía tiene el derecho de exigir a sus trabajadores que corten el descanso mínimo de 12 horas que debe existir entre jornadas y se reincorporen a sus tareas. El acuerdo incluye a los maquinistas, que conducen subtes con más de 200 personas a bordo. Otra privatizada, Edenor, consiguió que Oscar Lescano, titular de Luz y Fuerza, uno de los gremios fuertes que apuntalan a Rodolfo Daer, rubrique un convenio que habilita a la empresa a requerir a sus empleados que, “en caso de necesidad”, trabajen más de las ocho horas acordadas sin que esto represente compensación económica alguna. En pocas palabras, Lescano firmó que las horas extra son gratis.
La reforma propuesta por el Ejecutivo le otorgará a la negociación por empresa la jerarquía legal que los empresarios reclamaban. En la actualidad, en caso de disidencias entre los convenios por actividad y los acordados con cada compañía, prevalecen los más favorables para los trabajadores. La reforma laboral ya aprobada por Diputados, en cambio, establece que siempre debe regir el convenio de ámbito menor, o sea el que firma cada empresa con sus empleados. A la vez, la reforma incluye el fin de la ultraactividad, que aseguraba que, de no haber acuerdo en las negociaciones, se mantendría el convenio anterior. Ahora los desacuerdos se resolverán con un arbitraje obligatorio. Se espera, entonces, que todas las empresas comiencen a negociar nuevas condiciones laborales con sus trabajadores, que las emparejen con las que ya firmaron convenios en estos años.
Las expectativas para los empleados aún no flexibilizados no son las mejores. De los 722 convenios firmados en el último lustro, 474 incrementaron el tiempo efectivo de trabajo, que es lo mismo que decir que disminuyeron el salario por hora. En 365 convenios se permite a las empresas sumar a sus empleados tareas distintas de las habituales, que no quedan especificadas en los acuerdos. El período de prueba de seis meses, tan discutido por los popes gremiales en los debates televisivos, figura en 319 convenios. Ya más de un millón de personas está trabajando a prueba. Horacio Shick, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, señaló a Cash que “proponer un período de prueba tan extenso es volver a instaurar, en forma camuflada, los contratos por tiempo determinado, comúnmente llamados contratos basura”.
Más de 300 convenios resignaron el derecho de los trabajadores a tomarse las vacaciones en el período estival, que concuerda con el receso escolar de sus hijos. También se habilitó la posibilidad de abonar el aguinaldo en cuatro o cinco cuotas. Estas prerrogativas, que fueron impulsadas por la Ley de Negociación Colectiva para Pymes, son utilizadas por las grandes compañías, que tercerizan gran parte de las tareas en pequeñas empresas, que en muchos casos pertenecen al mismo grupo. También la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) firmó un convenio con el gremio oficialista UPCN y con la opositora ATE, que prevé que cada dos años los trabajadores tomen sus vacaciones entre abril y octubre.
Uno de los argumentos que esgrimen los gremios para oponerse a la reforma es que la norma profundizará la concentración económica, porque las empresas más grandes negociarán mejor que las pymes. El ministro de Trabajo respondió que lo que el Gobierno hace es darles a las pymes la posibilidad de negociar que los sindicalistas ya les dieron a las grandes empresas. Entre las compañías que acordaron los convenios con cláusulas de mayor flexibilidad se destacan todas las privatizadas, las automotrices, los bancos, las petroleras y las alimenticias.
Algunos convenios firmados en los últimos años vulneran los derechos más elementales de los trabajadores. Por ejemplo, José Rodríguez, de Smata, el número dos de la nueva CGT de Moyano, definió acuerdos con las automotrices que convalidaron una fuerte disminución en los ingresos de los trabajadores. Los convenios permiten que las jornadas de trabajo se calculen sobre promedios anuales y no diarios o semanales. Así, el trabajador perdió el derecho a tener un horario fijo y, lo que es peor, a cobrar horas extra, ya que los convenios acordaron topes anuales de 2400 horas, 250 más que las que prevé la ley.
Luis Hlebowicz, del Sindicato de Pasteleros, que apoya a Daer, firmó con Freddo un convenio que permite a las heladerías del grupo Exxel disponer los horarios a su arbitrio: si un día hay poca venta, mandan a los empleados de vuelta a su casa a las dos horas de ingresados; en las largas jornadas del verano, cuando los helados se venden mucho más, los empleados trabajan doble y recuperan las horas perdidas. Estos convenios fueron homologados por los ministros de Trabajo del gobierno anterior, sin objeción alguna.
Todos estos acuerdos, más allá de la escasa vocación de lucha demostrada por algunos sindicalistas, se dieron en un marco de extrema debilidad de parte de los trabajadores. Con un índice de desocupación oscilando entre el 13 y el 18 por ciento, la prioridad es conseguir trabajo o mantener el que se tiene. En estas condiciones, la capacidad de negociación se reciente. Ahora, la nueva reforma laboral va a formalizar los acuerdos alcanzados en ese desequilibrio de fuerzas. Y va a impulsar, con el fin de la ultraactividad, nuevas rondas de negociaciones en ese mismo contexto, que flexibilizarán al escaso 30 por ciento de los asalariados que aún trabaja bajo la protección de los derechos conseguidos en épocas pasadas.

La reforma laboral del Gobierno

Los convenios firmados en un ámbito menor prevalecen sobre los superiores.
Hasta ahora siempre tenía prioridad el convenio que fuera más favorable para el trabajador. Con la reforma, los acuerdos alcanzados entre una empresa y sus trabajadores prevalecerán sobre el resto.

Fin de la ultraactividad.
Este artículo de la ley vigente prevé que mientras no se firme un nuevo convenio rige el anterior. La propuesta del Gobierno es que, si en dos años de negociaciones no se llega a un acuerdo, cae el convenio anterior y las partes se someten a un arbitraje obligatorio para aprobar el nuevo convenio.

Simplificación del trámite de registro de los empleados.
En la actualidad, para inscribir a un nuevo trabajador, el empleador debe hacer gestiones ante siete instituciones distintas. La reforma simplifica todo en un solo trámite.

Ampliación del período de prueba.
Se extiende, de un mes que rige hasta ahora, a tres meses con opción a seis para las empresas de más de 40 empleados y seis meses con opción a un año para las empresas más chicas.

¡Qué lindos convenios!

474 convenios modificaron el tiempo efectivo de trabajo.
Muchos comprenden directamente un aumento en la extensión de las jornadas. Otros calculan los tiempos de trabajo sobre promedios anuales, lo que les permite manejar los horarios y así evitar el pago de horas extras. También se reducen los tiempos muertos de entrada y salida y los tiempos de descanso. Casos: Correo Argentino, Banco Hipotecario, General Motors.

365 convenios contienen cláusulas de movilidad funcional.
Las empresas pueden requerir que los empleados desempeñen otras tareas además de las habituales. Casos: Edenor, Gas Natural y Edesur.

319 convenios habilitaron a tomar personal con períodos de prueba de hasta seis meses.
Algunos prevén una indemnización mínima en caso de despido sin causa. La mayoría son sin indemnización. Casos: Telefónica, Aerolíneas Argentinas y Omega ART.

307 convenios permitieron a las empresas otorgar las vacaciones en distintos períodos del año.
También permiten fraccionar las vacaciones en dos o más partes. Casos: Lave Rap, Lubrisan y ANSeS.

292 convenios previeron mecanismos de resolución de
conflictos.
Son distintos tipos de limitaciones en los mecanismos de protesta, como la huelga, que los empleados aceptan.

287 convenios acordaron la recategorización de los empleados.
Modifican la categoría del personal de acuerdo al criterio de las empresas, para adecuarse a las nuevas necesidades de promoción y cobertura de vacantes. Casos: Hidrocarburos Argentinos.

Enrique Espinola Vera subsecretario de Relaciones Laborales

“La flexibilización forma parte del modelo”

¿Por qué se dará prioridad a los convenios firmados por empresa por sobre los acordados por actividad, siendo que los empleados de una sola compañía tienen menos fuerza que todo un gremio junto?
–La historia de estos últimos años dice lo contrario. Los grandes sindicatos y federaciones no le hicieron mucha fuerza a las cámaras empresariales. Además, la reforma que proponemos permite al sindicato apoyar a la comisión interna de la empresa en la negociación. Lo que ocurre es que, en caso de disidencias, prevalecerá la opinión de los empleados de la empresa, representados por la comisión interna. Y me parece lo más lógico, porque son ellos los que mejor conocen la realidad de la empresa en la que trabajan.
La mayoría de los convenios firmados en los últimos años fueron directamente con las empresas y todos flexibilizaron las condiciones laborales.
–La flexibilización de las relaciones laborales forma parte del modelo económico. En el mundo existen dos tipos de relaciones laborales distintas en este momento. La europea, que propone un empleo de calidad, con protección y estable, pero que mantiene alta la desocupación. Y el modelo americano, que resigna calidad, pero termina con el flagelo de la desocupación. En el país rige desde hace varios años el modelo americano. Nosotros, con esta ley, lo estamos suavizando, porque al premiar a las empresas cuando efectivizan al trabajador promovemos el empleo estable.
Pero en el país hace varios años que se flexibilizaron las relaciones laborales y la desocupación no bajó.
–Primero hay que aclarar que la legislación sola no cambia las cosas. Nosotros promovemos la negociación colectiva porque esperamos que, en un ámbito de crecimiento económico, y con un gobierno que cuide las fronteras para que no entren productos que compitan deslealmente con la producción local, se generarán muchos puestos de trabajo. En ese momento, con una demanda de personal más importante y con un Ministerio de Trabajo que controle a las empresas, los trabajadores podrán sentarse a negociar en mejores condiciones convenios modernos y justos para ambas partes.