En el viejo hospital de los muñecos

Los ministros de Economía tienen varias formas de explicar las medidas que toman o dejan de tomar. La estrategia de la media verdad era la preferida de Domingo Cavallo. En cambio, todavía resulta complicado descifrar la que emplea José Luis Machinea, navegando entre argumentos culposos y otros que no resisten la prueba de honestidad intelectual. Entre estos últimos se encuentra el referido a la baja de aportes patronales a las empresas privatizadas. “Han bajado (las privatizadas) las tarifas cuando disminuyeron las cargas sociales”, dice el ministro, y repite Pablo Gerchunoff, jefe de asesores de Economía y socialista de J. B. Justo. Semejante disparate no necesitaría precisar detalles de lo que en realidad sucedió. Cualquiera puede darse cuenta de que en las facturas de teléfono, agua, gas y luz recibidas en los últimos diez años y en el peaje, boletos de tren y cospeles de subtes no se registró disminución de precios. Más bien todo lo contrario. El sinsentido de Machinea todavía es más pronunciado cuando sostiene que las privatizadas deberían subir las tarifas si se aumentaran los aportes patronales, medida que proponen legisladores de la Alianza críticos del ajuste y la Unión Industrial Argentina.
En 1994, Cavallo aplicó una reducción de aportes, que fue interrumpida en 1995 con la crisis del Tequila, para posteriormente reimplantarla en octubre de ese año con descuentos del 30 al 80 por ciento, según las localización geográfica de las empresas. Así, el promedio de las cargas sociales bajó del 33 al 21 por ciento, según cálculos de Idep/CTA. Finalmente, durante la gestión de Roque Fernández se hizo otro toque hacia abajo. En ninguna de esas ocasiones las privatizadas redujeron sus tarifas, como lo deberían haber hecho por el criterio de “neutralidad tributaria” establecido en cada una de los respectivos marcos regulatorios. Ese criterio dice que todo aumento o disminución impositiva se debe reflejar en el precio del servicio. Las privatizadas no lo cumplieron. Y no sólo no respetaron la “neutralidad tributaria” con los aportes patronales. Tampoco bajaron sus tarifas cuando se suprimió el impuesto sobre los débitos bancarios, se derogó el impuesto a los sellos sobre los contratos y a las operaciones financieras en la Ciudad de Buenos Aires, ni cuando se redujo la alícuota del Impuesto a los Activos del 2 al 1 por ciento y se eximió del gravamen arancelario la importación de bienes de capital.
Machinea & Gerchunoff tiene dos endebles ejemplos para defender su postura. Dicen que las empresas de electricidad bajaron tarifas al disminuir aportes, pero esa caída no se verifica en relación a esa merma cuando se analiza la evolución del precio de ese servicio. Y tampoco figura ese descuento en ninguna resolución pública del Enre. El otro caso es el del gas. Una resolución del Energas del año pasado “ponderó” que únicamente se debían trasladar a las tarifas de los usuarios industriales “los importes que resulten de reducir las contribuciones patronales”, violando así la norma (decreto 1807/93) que establece que “las medidas impositivas que puedan implicar directa o indirectamente reducciones de costos y/o proveedoras de bienes y servicios en mercados no competitivos, resulten una completa transferencia de beneficios a los usuarios y consumidores”. Se refiere, obviamente, a todos y no sólo a los industriales.
Además, un aspecto que hasta los legisladores rebeldes no toman en cuenta es que el criterio de neutralidad tributaria alcanza a otras empresas, como las que operan en el mercado de combustibles líquidos, que obviamente no bajaron sus precios al recibir el beneficio de la baja de aportes.
¿Machinea miente a sabiendas o solamente está desorientado con la evolución de tarifas-baja de aportes? O será que, en definitiva, ha decidido expresar así su fidelidad al poder económico concentrado, beneficiario excluyente de la política de privatizaciones.