Por Raúl Dellatorre

Cuando esta semana se dé a conocer el decreto definitivo que reglamenta la desregulación de las telecomunicaciones, el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, se encontrará con una desagradable sorpresa. A diferencia del proyecto original que él redactó y que se integró como anexo al decreto instructivo firmado el 9 de junio, en el nuevo texto la Secretaría ya no será “la autoridad de aplicación”: dicha responsabilidad recaerá sobre el ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo. Así, éste se adjudicará la última batalla de la guerra prolongada que mantienen ambos funcionarios desde el inicio de este último tramo del proceso de desregulación, teñido de presiones locales e internacionales, rumores interesados, zancadillas, amores y odios.
La relación entre los dos funcionarios “clave” de la desregulación telefónica se ha tornado francamente mala en el último mes. No hay diálogo directo entre ambos y sólo se encuentran en reuniones convocadas por el presidente de la Nación, pero ambos tienen llegada a Fernando de la Rúa por vías independientes. Desde el entorno de uno y otro se lanzan acusaciones cruzadas respecto de supuestos compromisos con los intereses en juego. Sin proponérselo, ambos han quedado en el eje de una extraña trama de presiones en torno a una puja multimillonaria.
El negocio de las telecomunicaciones de corta y larga distancia representa una facturación de 10 mil millones de dólares anuales, que varios especialistas, del Gobierno y privados, coinciden en que saltará a más de 16 mil millones en tres años. Es una torta que hoy se reparten entre dos, pero en la que aspiran a participar, a partir de fin de año, unas veinte empresas más. Las razones por las cuales los primeros tratan de estrechar la puerta de entrada y los últimos pugnan por derribar paredes son obvias. Lo que no deja de ser sorprendente es la trama de presiones e intereses que se fue tejiendo en torno a esa pelea, adentro y afuera del Gobierno, adentro y afuera del país, sin dejar de lado ni siquiera a la familia presidencial.
El tema fue creciendo en intensidad a partir de abril, cuando el Gobierno ratificó la fecha de apertura y desregulación para el 9 de noviembre. “Faltan definir muchas cosas, no se llega”, advertían desde las actuales operadoras, Telefónica y Telecom. “Se les pedirá opiniones a todos, y el Gobierno definirá a tiempo”, respondían desde los despachos oficiales. Para Fernando de la Rúa, presidente de la Nación, la cuestión no pasaba de una puja sectorial más, y una cuestión importante, pero que podía dejar en manos de los técnicos. Fue su hijo Fernando, Aíto, quien de a poco lo fue convenciendo de la trascendencia que podría alcanzar la dinamización de las telecomunicaciones y el interés de los jóvenes en el acceso barato a Internet. Henoch Aguiar le arrimó otros argumentos al joven De la Rúa para hacer valer en los encuentros familiares: el Gobierno podría lucirse en Estados Unidos con una desregulación “modelo” y atraer inversiones de ese país que por ningún otro medio ni sector llegarían.
De la Rúa padre, hombre conservador y poco afecto a la informática, empezó a interesarse en el tema. Uno de sus funcionarios de mayor confianza personal, Nicolás Gallo, ministro de Infraestructura, también empezó a arrimarle información sobre la trascendencia del asunto. Su propio hermano Jorge, secretario general de la Presidencia, le comentaba la creciente preocupación de las licenciatarias Telefónica y Telecom, con las que mantiene buen contacto. Aguiar, el especialista encargado de ir definiendo los aspectos técnicos, comenzó a ser consultado en forma directa por el Presidente de manera frecuente, actitud a la que no fue ajena la incidencia de los consejos de Aíto.
Las barreras propuestas por Telefónica y Telecom podían sintetizarse en dos: fijar un cargo de interconexión elevado (el peaje que deben pagar las firmas que utilizan redes ajenas para conectar a sus clientes), y exigir un “aporte” a las empresas entrantes al sistema para subsidiar el servicio en zonas alejadas de los centros urbanos y no rentables. La propuesta que elevaron a la Secretaría de Comunicaciones reflejó esa intención: tarifa de 1,7 centavo por minuto de interconexión y un cargo del 3 por ciento de la facturación anual de las entrantes que se destinaría como “subsidio directo” a Telefónica y Telecom para seguir atendiendo zonas alejadas. Las “entrantes” (CTI Móvil, Bell South, Comsat, Nextel, Impsat, Iplan, MetroRed, Velocom y otras) comenzaron a moverse en bloque para derribar las barreras: propusieron un cargo de interconexión inferior a 0,8 de centavo y rechazaron el subsidio directo.
Cada grupo eligió el funcionario sobre el cual operar: las actuales concesionarias le hablaban al oído a Gallo, las entrantes (predominantemente estadounidenses) se arrimaban a Aguiar. El ministro tiene llegada directa y diaria al Presidente, pero éste a su vez empezó a hacer más frecuentes las llamadas de consulta al secretario. El discurso de uno y otro empezaron a diferenciarse, conforme a las empresas que uno y otro escuchaban con más asiduidad. De la Rúa le puso fecha a una resolución definitiva: primera semana de junio. Pero tuvo que esperar unos días más.
El jueves 8 de noviembre, Henoch Aguiar había terminado la redacción de los reglamentos de la desregulación con una activa participación del secretario de Defensa de la Competencia, Carlos Winograd. Este último habría recibido todo el aval del ministro de Economía, José Luis Machinea. El viernes 9 estaba previsto anunciarlo, pero la definición se trabó en las discusiones ese mismo día de las que también participaron Nicolás Gallo, Machinea, Rodolfo Terragno y Jorge de la Rúa, delante del presidente de la Nación. Gallo y Jorge de la Rúa advirtieron que las normas serían rechazadas por Telefónica y Telecom, lo que pondría en tensión la prestación del servicio en el interior del país. Aguiar enfatizaba la explosión de inversiones estadounidenses que el esquema provocaría. La opinión de Machinea apoyando esta última postura torció el fiel de la balanza. Gallo, en cambio, se impuso en una cuestión hasta ahí secundaria y que no había merecido atención de sus adversarios: consiguió postergar la definición de las reglas de administración y gestión del espectro radioeléctrico, un reclamo que sorprendió a varios.
La definición de las condiciones a través de un decreto instructivo y el inmediato viaje a Estados Unidos parecían haber laudado la cuestión en un punto más cercano a los intereses de las empresas entrantes, pero las presiones no terminaron allí. Manuel Rocha, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, no tardó en manifestar su complacencia y largarse a hablar de cifras millonarias de inversiones de sus compatriotas. Más reservado, el gobierno español le hizo saber a su par argentino su disgusto por el perjuicio a Telefónica, hecho que se sumaba al enrarecimiento de las relaciones a partir del conflicto en torno a Aerolíneas Argentinas y el cuestionamiento oficial a las participaciones de Endesa en Edenor y Edesur.
A dos días del inicio de la visita a Washington, el martes 13, una noticia conmovió a quienes seguían de cerca el tema: “Marcha atrás en la desregulación telefónica”, decía la información. Una resolución fechada el 9, pero divulgada ese martes anulaba las reglamentaciones que, un día antes (el 8), había firmado Aguiar. Pero dejaba en pie el decreto instructivo presidencial, que asumía la misma letra de las resoluciones. Esta última aclaración llegó con posterioridad, y debió ser ratificada desde Estados Unidos por De la Rúa y Aguiar. El “chiste” provocó más de un dolor de cabeza, y nadie duda de que fue intencionado. En lo que difieren las versiones es en la identificación de la mano ejecutora.
“Curiosamente, la difusión de la anulación de las resoluciones se hizo desde un locutorio cercano a las oficinas centrales de Telefónica”, sugirió intrigante una fuente a Cash. “La difusión corrió por cuenta de medios vinculados con CTI, para meter ruido”, se jugó otra fuente. ¿A quién le interesaba embarrar la cancha? Las interpretaciones son múltiples, pero tanto las versiones que le adjudican intencionalidad a losoperadores actuales o a los entrantes, no dejan de mencionar la “complicidad” de sectores del Gobierno con unos u otros.
Esta semana daría a luz el decreto definitivo, pero la pelea no estará concluida. La Comisión Nacional de Comunicaciones, órgano de control del sistema, puede llegar a ser el próximo ámbito de disputa. Tanto como la definición de las reglas, su aplicación en la práctica es un terreno apto para seguir la pulseada. La hora de lamerse las heridas y volver a hacer las paces todavía parece lejana.