TARIFAS

Se han comunicado nuevas tarifas –incrementadas– en consumo de gas natural. Se aduce como causas que el contrato especifica que las mismas variarán de acuerdo con las variaciones del índice de precios en Estados Unidos. Esta situación merece algunas reflexiones en cuanto al accionar del Gobierno y el de los prestadores de servicios. Quienes acudieron al Gobierno recibieron como respuesta: “Hay que respetar la seguridad jurídica”, es decir, cumplir al pie de la letra los contratos para que los inversores tengan confianza en el país. Pregunta: ¿corresponde respetar una seguridad jurídica basada en el compromiso de funcionarios que entregaron inermes a sus ciudadanos? En un país soberano, donde la moneda es estable por ley, ¿por qué razón ese tipo de cláusulas? Por qué no exponemos ante la comunidad de inversionistas honestos (seguramente los hay, pero son los que no negocian con los que nos representaron) que no puede exigirse seguridad jurídica a quien ha sido jurídicamente defraudado. Porque los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. El Gobierno puede solicitar ante los Tribunales el restablecimiento del equilibrio que el contrato ha perdido, demandando la resolución del contrato. La otra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar con equidad los efectos del mismo. En cuanto a las empresas, deben saber que están afincadas en un país poblado por sufridos habitantes que durante décadas han soportado humillaciones, exacciones y corrupción de todo tipo. ¿No sería positivo respetarlos? ¿No sería inteligente no medrar aprovechando contratos espurios? ¿No les convendría demostrar que son parte de la Nación y no de los colonizadores?

Valentín Stiglitz