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ECONOMíA EN PAGINA/12 WEB
03 SEPTIEMBRE 2000








 DESECONOMIAS
 por Julio Nudler


Cada argentino un acreedor

En 1990 la consigna fue el capitalismo popular de mercado, según libro de Margaret Thatcher, en adaptación libre de María Julia Alsogaray. La idea era convertir a cada argentino en accionista, terminando con los proletarios antes de que lo hiciera el desempleo. Los PPP (Programas de Propiedad Participada), impulsados por Wenceslao Bunge y otros, fueron el instrumento inicial de esa estrategia.
Diez años después, con la Bolsa en ruinas y los PPP muertos o moribundos, la nueva consigna es convertir a cada argentino en un acreedor del Estado. En lugar de acciones deberán comprar Bontes, Letes y Pagarés del Tesoro. De esta manera, el ciudadano común no figurará en el pasivo de las sociedades anónimas sino en el de Hacienda. Este es ya su status a través de los fondos jubilatorios, ya que las AFJP invierten la mitad en títulos públicos.
Este nuevo modelo, lanzado por José Luis Machinea (Economía), Daniel Marx (Finanzas) y Mario Vicens (Hacienda), retrotrae la situación a como era hasta 1989, como saben muy bien ellos tres. En esos tiempos, millones de argentinos eran pequeños acreedores del Estado, aunque a través de los bancos y por sus depósitos, cuyo tomador último era el Banco Central. Tal vez cause algún escozor recordar que todo aquello desembocó en el Plan Bónex, que representó un parcial repudio de su deuda por parte del Estado.
Ahora, como incentivo a ingresar al nuevo modelo que pretende democratizar la deuda pública, el Tesoro ofrece pagar rentas que hasta duplican las reconocidas por el sistema financiero. ¿La trayectoria de los ingresos del sector público le permiten prometer un 12 por ciento anual? La marcha de la recaudación impositiva muestra que de ninguna manera. Por otro lado, ¿se considera el Estado peor deudor que cualquier banco, o estamos simplemente ante una falla de mercado? En definitiva, ahora que vuelve a estar de moda el “vivir con lo nuestro”, suena bien que la renta financiera repartida por Hacienda quede en el país.