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ECONOMíA EN PAGINA/12 WEB
24 SEPTIEMBRE 2000








 BUENA MONEDA
 por Alfredo Zaiat


Negra paradoja

José Luis Machinea tiene una oportunidad excepcional para encaminar su gestión, con ayuda de factores externos. Hasta ahora la suerte le era esquiva: la tasa internacional trepó al 6,5 por ciento anual; se quedó sin la zanahoria de las privatizaciones para inversores extranjeros; y los precios de los commodities están deprimidos. Pero de lo que viene de afuera no todas son pálidas. La cotización del crudo alcanzó records históricos y para un país exportador de petróleo como Argentina esa situación sólo debería generar euforia. Sin embargo, valores que apuntan a 40 dólares el barril provocan angustia y preanuncian conflictos con sectores productivos claves, como el transporte y el campo. El Gobierno está perdiendo una posibilidad inmejorable de mejorar la situación fiscal y así aliviar el malestar de una sociedad sometida al ajuste permanente. En estos momentos, con las principales economías del mundo pendientes de la evolución del crudo, Machinea & Cía. deberían festejar. Volvería a ser creíble que Dios es argentino. Pero el camino que prefieren transitar es el de una insólita no intervención en un mercado oligopólico, acusado de actuar como cartel y con rentas extraordinarias.
Resulta absurda la paradoja que se está dando en la Argentina. Un país exportador de crudo no recibe las ventajas de precios del barril por las nubes y padece todos los males derivados de ese shock como si fuera importador. Y en este último caso sin mecanismos de regulación que aplican naciones importadoras, como fondos de estabilización en Chile, reservas de intervención en Estados Unidos, regímenes de regulación en Brasil y Europa. Machinea prefiere hacer otra cosa: nada.
Tiene la alternativa de apropiarse de una pequeña porción de esa renta excepcional mediante la aplicación transitoria de retenciones a las exportaciones de crudo, que se duplicaron en lo que va del año. Podría así hacerse de recursos que ayudarían a conseguir la ansiada solvencia fiscal sin tantos costos para la gente. Pero los muchachos de Machinea tienen miedo del qué dirán –los mercados– y ya descartaron esa opción. Ni se les ocurrió al menos usarla como carta de negociación con las petroleras. Resignada esa oportunidad de recaudar fondos, el colmo para el fisco es que devuelve a las petroleras el IVA por exportaciones. No sólo no obtiene recursos sino que los pierde. Y si todo esto fuera poco, el Estado no se beneficia por el aumento del precio de las naftas porque el ITC (impuesto a los combustibles) es fijo (48 centavos en súper y 12 en gasoil). Sufre, en cambio, un perjuicio directo por la merma del consumo debido a los ajustes aplicados por las compañías.
El argumento esgrimido en Economía consiste en destacar que el Estado recibirá las mieles de esa bonanza cuando obtenga más ingresos por el Impuesto a las Ganancias sobre la rentas creciente de las petroleras. Será tarea, entonces, para inquietos auditores estudiar en su momento los balances de esas compañías y las ganancias declaradas para descubrir la contabilidad creativa aplicada a esos ejercicios.
No hay que esperar un estudio de la Secretaría de Defensa de la Competencia para descubrir que en el mercado de las naftas existen acuerdos entre las empresas dominantes y que los precios en la plaza local tienen un comportamiento desconectado de la evolución de los internacionales. Siempre se han ubicado por encima de esos valores de referencia, cuando en el decreto de desregulación del sector, en 1991, se prometían precios en línea. Como se explicó en la nota de tapa del Cash de la última semana, mantener esa diferencia a los largo de los últimos ocho años significó una transferencia de ingresos de los consumidores a la industria petrolera de unos 4500 millones de dólares, según el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.
Si faltara algo más, Machinea se sienta en la mesa de negociaciones con Repsol YPF a rogar en lugar de exigir que no aumente las naftas. No toma en cuenta que la petrolera se benefició con rebajas de aportes patronales sin trasladar ese beneficio a los consumidores mediante la disminución de tarifas, como lo establecen normas legales.