Dumping

Por Roberto Navarro

Hace diez años todas las cañerías de acero al carbono que se vendían en el país eran nacionales. Las fabricaban las empresas Síntolo Hermanos, Salose y Talleres de General Hornos. A partir de 1991 las importaciones provenientes de China, principalmente las que ingresan a precios de dumping, comenzaron a ganar terreno hasta quedarse con el 60 por ciento del mercado. Los industriales reclamaron la aplicación de un derecho antidumping que elevara el precio del producto importado en un 150 por ciento, similar al que instrumentó el gobierno norteamericano para defenderse del ataque chino. Recién en 1997 la Secretaría de Industria aceptó aplicar un arancel de sólo el 20 por ciento. El resultado fue que de las tres empresas sólo sobrevivió la metalúrgica que fundó Manuel Síntolo en 1932 y que hoy maneja su nieto. Pero a costa de despedir la mitad del personal. En total, el sector perdió 350 puestos de trabajo.
A partir de la apertura de la economía que instrumentó Domingo Cavallo en 1991 se multiplicaron las importaciones desleales. Tanto las maniobras de subfacturación y contrabando, que cuentan con la ineficacia en el control de la Aduana, como las importaciones a precios de dumping, que son las que ingresan al país a precios inferiores a los que se venden en sus mercados de origen. Los sectores más perjudicados fueron el metalúrgico, el textil, el del calzado, rodados y juguetes, que sufrieron, en total, la quiebra de 3150 pymes y la pérdida de más de 120 mil puestos de trabajo.
Estados Unidos, que aplica medidas antidumping (suba de aranceles de importación o fijación de cupos) desde 1882, introdujo ese concepto en la Organización Mundial de Comercio en 1947. En la actualidad rigen en ese país 1145 medidas antidumping. En Argentina, en los últimos cinco años las industrias agredidas por este tipo de importaciones realizaron 147 solicitudes antidumping, pero sólo 37 fueron respondidas positivamente.
Ignacio de Mendiguren, secretario de la Unión Industrial Argentina, explicó a Cash que existen miles de casos de importaciones a precio de dumping, pero que las empresas perjudicadas, en su mayoría pymes, no realizan el reclamo ante la Secretaría de Industria porque se trata de un trámite extremadamente oneroso, complicado, que tarda varios años y que la mayoría de las veces tiene una respuesta negativa.
Una década atrás todas las bujías que se utilizaban en la producción de vehículos eran nacionales. Cuando en 1991 comenzaron a ingresar las bujías importadas de Brasil y Asia a precios de dumping, la empresa Bosh solicitó una medida cautelar que evitara esa maniobra. Cuando la Secretaría de Industria la aplicó en 1997, las cuatro empresas que fabricaban bujías ya habían cerrado, incluso Bosh. Así se perdieron más de 2000 puestos de trabajo. Ahora todas las bujías son importadas.
Semanas atrás, en la celebración del Día de la Industria, el ministro de Economía, José Luis Machinea, anunció la disminución de los tiempos de investigación e instrumentación de medidas antidumping. Para la UIA la modificación es insuficiente. Para que se aplique una medida de ese tipo se debe comprobar no sólo la diferencia de precio con el mercado interno de la empresa exportadora, sino también que dicha importación daña a más del 30 por ciento de la producción nacional del bien en cuestión. La información necesaria para probar la asimetría de precios y el daño la deben proporcionar las industrias denunciantes. Como, en general, las empresas no cuentan con estructuras administrativas capaces de reunir esa información, se ven obligadas a contratar consultoras que cobran más de 100 mil dólares por ese tipo de trabajos.
La UIA reclama que sea el Gobierno el que se haga cargo de la defensa de la industria nacional. “En esas condiciones sólo las grandes empresas pueden defenderse de la agresión externa. Ninguna pyme que está sufriendo una caída en sus ventas puede, además, financiar semejante trámite”, se quejan los industriales. Pero en Economía aducen que el Estado tampoco está en condiciones de financiar ese gasto y que lo más razonable sería que fueran las cámaras empresarias las que pusieran sus estructuras al servicio de las empresas perjudicadas.
Comprobar fehacientemente la diferencia de precios y el daño, de acuerdo con los parámetros que dicta la Organización Mundial de Comercio, son tareas complicadas y, en la mayoría de los casos, están supeditadas a apreciaciones subjetivas. Por eso los resultados dependen, fundamentalmente, de la decisión política de defender la industria nacional. La UIA elaboró un proyecto de instrumentación de medidas antidumping que incluye una cláusula que obliga a la autoridad de aplicación a laudar a favor de la empresa reclamante en caso de duda.
Otro sector que fue arrasado por las importaciones desleales fue el de fábrica de lavarropas. Las dos empresas que quedaron, Longvie y Drean, sólo participan con el 14 por ciento del mercado. El resto quedó en manos de brasileños, españoles e italianos. Los empresarios reclamaron una medida antidumping en 1995, porque los europeos vendían aquí un 43 por ciento más barato que en sus propios mercados. En 1998 la Secretaría de Industria la rechazó. El mes pasado, finalmente, les fue aceptada una nueva apertura de investigación. Pero en los últimos seis años el sector perdió seis empresas, entre ellas Aurora, que producía más de 100 mil lavarropas por año y daba empleo a 1200 personas.
Elena Divico, presidenta de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, el departamento dependiente de la Secretaría de Industria que tramita las solicitudes antidumping, aseguró a Cash que en los últimos cinco años sólo ingresaron importaciones a precios de dumping por 267 millones de dólares, que afectaban a 2900 millones de dólares de producción nacional. “El reclamo industrial es exagerado comparado con los montos de facturación que entran en competencia con la importación desleal”, opinó la funcionaria. En la UIA, en cambio, afirman que las importaciones con precio de dumping fueron, por lo menos, 10 veces más que las que aceptó la comisión.
Cuando un supermercado publica una oferta con bicicletas importadas a precio de dumping a 10 pesos, aunque sólo tenga un stock de 50 rodados, daña a toda la industria del sector. Porque obliga a reducir el precio de los productos nacionales. De ese modo, cae la rentabilidad y se retrae la inversión. Las tres economías más desarrolladas del mundo, la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, son las que más medidas antidumping aplican. Defienden sus mercados internos y así defienden a sus trabajadores. En Argentina la apertura sin control y la desidia del Estado en cumplir sus funciones de fiscalización contribuyeron al cierre de miles de pymes con el consiguiente aumento de la desocupación.