LEY DE HIDROCARBUROS, MONOPOLIO Y CONTRATOS CON LAS ESTACIONES

�Sería fantástico poner límites�

Oscar Vicente, vicepresidente de Pérez Companc, considera que se debería establecer un tope del 25 por ciento para las empresas que operan en el mercado de combustibles. Pero, a la vez, sostiene que difícilmente el Gobierno avance en esa dirección.

Por Cledis Candelaresi

No tuvimos nada que ver con los proyectos (de ley de hidrocarburos) que están en el Congreso”, sentenció ante Cash Oscar Vicente, vicepresidente de Pérez Companc. Aunque sin mencionar a la senadora Silvia Sapag ni aludir, siquiera, al estado de sospecha que contamina la Cámara alta, el empresario desestimó la posibilidad de que las refinadoras hayan tratado de influir en los parlamentarios, tal como sugirió la legisladora. Los senadores discuten un marco para la actividad petrolera, iniciativa que podría cambiar muchas reglas de juego del sector.
En explosivas declaraciones Sapag aseguró que el justicialista Emilio Cantarero le dijo que había mucho dinero de las petroleras para aprobar un marco petrolero que tuviera determinadas condiciones, obviamente ventajosas para las empresas.
Los intereses de las compañías del sector no son homogéneos. Pérez Companc produce petróleo, pero en oposición a lo que ocurre con Repsol-YPF, su participación en la refinación y ventas de naftas es casi irrelevante. Desde este lugar, lo que más le preocupa de una nueva ley es la magnitud de las futuras regalías, la posibilidad de seguir explotando las áreas que hoy tienen concesionadas, o la alternativa de que se le impongan reglas de protección al medio ambiente más estrictas.
En el Congreso existen varias iniciativas, oficialistas y opositoras, que, en algún caso fueron presentadas hace varios años. Pero la amplitud, complejidad y sensibilidad de los intereses que rozan hizo imposible su tratamiento en el recinto. El Poder Ejecutivo tampoco parece encontrar consenso interno para definir una propuesta. Hasta ahora sólo se conoce una iniciativa presentada por el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, que omite muchos de los temas sensibles para las petroleras.
¿Qué piensa del proyecto de ley de hidrocarburos que preparó el Poder Ejecutivo?
–El Poder Ejecutivo no mandó ninguna iniciativa al Congreso y la única de la que tenemos noticia es la que alistó Rodolfo Terragno. Ese breve texto es de sólo ocho artículos. Pero aún no tiene todas las firmas que debe tener, incluida la del ministro de Justicia. Es un tema que, entiendo, aún se está debatiendo en el propio gobierno.
¿Le parece mejor alguna de las cuatro que fueron presentadas o que ya tienen dictamen en el Parlamento?
–En absoluto. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de los proyectos que están en el Congreso y, francamente, no tuvimos nada que ver con ellos. Es más, creo que tienen demasiadas debilidades y que no deberían ser convalidados en el recinto.
¿Qué es lo que no le convence de los proyectos?
–Muchas cosas. Porque yo creo que se cometen errores muy gruesos, como no precisar el porcentaje de las regalías a pagar (impuesto sobre la producción de crudo que cobran las provincias petroleras). O no distinguir apropiadamente entre lo que es la comercialización de los hidrocarburos de la de combustibles.
Hay una discusión en el Gobierno acerca de si limitar o no la participación que cada refinadora tiene en el mercado. ¿Cree que podría prosperar alguna iniciativa en este sentido?
–Sería fantástico que el Gobierno impidiera que alguna empresa tenga, por ejemplo, más del 25 por ciento del mercado de combustibles. Tal vez el Estado pueda poner algún tipo de límites a la comercialización de combustibles. Pero veo muy difícil que se pueda hacer algo. En todo caso, el Estado debería haber hecho algo antes de privatizar YPF.
La petrolera privatizada tiene la mitad del mercado en ventas de naftas. Pero también está fuertemente integrada, ya que es la principal productora y refinadora del país. Esta posición indiscutidamente dominante no fue observada por el Gobierno que, a través de la Secretaría de Defensa de la Competencia, estudia desde enero si dio lugar a un abuso o resultó lesiva para las otras firmas y para los consumidores.
¿Y por qué no se podría hacer algo ahora?
–Porque hay que respetar la seguridad jurídica. Y es muy difícil hacer que Repsol-YPF modifique su posición sin violarla.
Hay otro aspecto que el Gobierno podría vigilar: el de la integración vertical (que una misma empresa produzca, refine y comercialice petróleo).
–No tiene sentido que el Gobierno se meta con la integración. Gracias a que existe esa integración pudo negociar con Repsol-YPF para que no traslade el aumento del crudo al precio de las naftas. Pero, además, todas las petroleras están integradas. Porque las que no extraen aquí, son multinacionales que extraen en otros países (Shell y Esso).
El Gobierno planea ponerle límites a la duración de los contratos entre las refinadoras y las estaciones de servicio. ¿Le parece bien?
–Si quieren limitar los contratos a cinco años en lugar de diez o veinte, que lo hagan, me parece bien. Pero hay que ver realmente a qué estacionero le conviene. Hay refinadoras que invierten entre dos y tres millones de pesos para reacondicionar una estación, transformándola en un minishopping. De eso, el dueño de ese punto de venta paga sólo la mitad y en cuotas a largo plazo. Y le aseguro que hay cola de empresarios esperando para tener su estación bajo este esquema. Si los contratos se reducen a sólo cinco años, no sé qué van a hacer.