Desocupación
subsidios

- Sólo el 4 por ciento de los desocupados recibe apoyo económico del Estado.

- De los más de dos millones de desempleados, apenas 100 mil reciben un subsidio estatal.

- El informe de la OIT, realizado por Ciepp, revela que el 66 por ciento de los desempleados tiene como principal fuente de ingresos la ayuda de familiares.

- Los planes Trabajar nacionales tienen una duración de entre tres y seis meses y son por un monto promedio de 150 pesos.

- Sólo el 60 por ciento de los planes Trabajar se distribuye entre desocupados.

- El informe de la OIT da cuenta, además, que el 50 por ciento de los trabajadores aceptaron reducciones en sus sueldos en los últimos dos años.

Por Roberto Navarro

Sólo el 4 por ciento de los desocupados recibe apoyo económico del Estado. El resto, en su mayoría, vive de la ayuda de sus familiares. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que accedió Cash en exclusiva, revela que de los más de dos millones de desempleados, apenas 100 mil reciben un subsidio estatal. El trabajo de la OIT se conoce pocos días antes de que el INdEC difunda el resultado de la Encuesta Permanente de Hogares de mayo, que el Gobierno ya adelantó mostrará un nuevo aumento del desempleo. La constante pérdida de puestos de trabajo y la escasez de recursos que el Estado destina a la atención de los desocupados explican el fuerte aumento de la conflictividad social de los últimos meses. Sumados los programas y seguros de empleo nacionales y provinciales más de 300 mil desocupados deberían recibir algún beneficio. Pero la ineficiencia, la corrupción y el manejo político en la distribución de los programas determinan que muchos reciban más de un beneficio y que miles de planes se desvíen hacia personas que no los necesitan.
Para obtener un seguro de desempleo se debe presentar ante el Ministerio de Trabajo un telegrama de despido y el último recibo de sueldo. Una exigencia que deja fuera al 40 por ciento de los empleados que trabaja en negro. Los programas de empleo, como los planes Trabajar, son distribuidos en todo el país por el Ministerio de Trabajo, que delega la elección de los beneficiarios en sindicatos y autoridades municipales. Los funcionarios nacionales acusan a los dirigentes locales de manejar los fondos como botín político y a los desocupados como rehenes electorales. Los gobernadores provinciales, a su vez, acusan al Gobierno de utilizar los programas nacionales como prenda de negociación política. La disputa demora la concreción de los programas, resiente la posibilidad de una distribución equitativa y desvía fondos hacia otros destinos.
Desde hace más de un año la Secretaría de Empleo viene impulsando la apertura de oficinas de empleo, financiadas con fondos nacionales y manejadas por organizaciones como Cáritas y Hogar San Cayetano, para que se hagan cargo de la distribución de los beneficios. Un sistema similar a las bolsas de trabajo que existen en Europa desde hace décadas. Pero aún son pocas las que están funcionando.
El informe de la OIT, realizado por los economistas Alberto Barbeito y Rubén Lo Vuolo de Ciepp, revela que el 66 por ciento de los desempleados tiene como principal fuente de ingresos la ayuda de familiares; el 10 por ciento vive de trabajos ocasionales; el 4 por ciento, de una jubilación o pensión y el 4 por ciento de subsidios por desempleo y programas asistenciales.
La mayoría de los especialistas coincide en que la cifra real de desocupados supera las tres millones de personas. Además de los 2,2 millones de desempleados que indica el Indec, hay aproximadamente 500 mil personas que hacen changas ocasionales de 1 o 2 horas semanales. Y una cantidad similar de personas que no trabaja y no puede salir a buscar empleo porque no tiene dinero para hacer frente a los viáticos. Como no están buscando activamente, el Indec no los considera desempleados. Así, las poco más de 100 mil personas que reciben beneficios se convierten en una cifra casi imperceptible dentro del universo de desocupados que, en su mayoría, vive por debajo de la línea de pobreza. Para la economista Mercedes Marcó del Pont “el Gobierno no tiene política social ni quiere tenerla. Los fondos destinados a tal fin son tan ínfimos que resultan ridículos ante la gravedad del problema”.
En noviembre del año pasado el Gobierno firmó con los gobernadores el Acuerdo Fiscal Federal, un convenio destinado a financiar planes de empleo provinciales por un total de 225 millones de pesos. Ocho meses después el Estado sólo transfirió 63 millones y la mayoría de las provincias aún no instrumentó programas de empleo con esos fondos. En Chaco, Corrientes,Formosa, Jujuy, La Rioja y Misiones no hay planes de empleo provinciales. Catamarca sólo dispone de un programa para cien personas.
Los planes Trabajar nacionales tienen una duración de entre tres y seis meses y son por un monto promedio de 150 pesos. Una cifra que, si es el único ingreso, mantiene al grupo familiar por debajo de la línea de indigencia. Estos programas exigen a los beneficiarios desarrollar un promedio de seis horas diarias de trabajo en obras de infraestructura municipales. Según una encuesta realizada por la consultora Equis entre las personas que reciben planes Trabajar en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta, el 79 por ciento de los consultados considera que el dinero que reciben es “poco o nada” con respecto a las tareas que desarrollan.
Rolando Santos, asesor de la ministra de Trabajo, aseguró a Cash que, en opinión de Patricia Bullrich, “es preferible que los programas de empleo paguen salarios bajos, para no tentar a los desocupados a vivir sin trabajar”. Marcó del Pont, por el contrario, señaló que “los beneficios que otorga el Estado son un indicador que sirve como parámetro a los empresarios para disminuir los salarios privados, fenómeno que se comprueba claramente en el interior del país”.
Sólo el 60 por ciento de los planes Trabajar se distribuye entre desocupados, un 20 por ciento lo reciben personas que tienen un empleo y otro 20 por ciento desempleados que no están buscando trabajo. Según la encuesta de Equis, la mitad de los beneficiarios reconoce que para recibir un Plan Trabajar hay que tener vinculaciones políticas. De todas maneras, tres de cada cuatro personas que reciben planes afirman que el total de sus ingresos familiares está por debajo de la línea de pobreza: menos de 500 pesos por mes.
Desde que asumió De la Rúa se habla de la intención de generar un registro nacional unificado para la distribución de todos los subsidios estatales. Pero las negociaciones entre la Nación y las provincias sobre quién y cómo se hará cargo de la distribución jamás avanzaron. Los especialistas coinciden en que, en los últimos meses, la elección de los beneficiarios se le fue de las manos a los políticos y marchó al ritmo de los cortes de ruta. Método que consiguió arrancar unos pocos fondos más, pero que no siempre es justo en cuanto a la distribución.
Alberto Barbeito, autor del informe de la OIT, aseguró a Cash que “la escasez de recursos es la que determina la corrupción y el manejo político de los beneficios. Si hay que privilegiar a cuatro de cada cien, siempre la elección va a ser interesada”, razonó el economista. En esa línea, especialistas de distintos partidos políticos y de consultoras privadas están proponiendo la creación de un seguro de desempleo universal para todos los jefes de familia desocupados como única alternativa para mejorar la situación social y reactivar el mercado interno al mismo tiempo.

REDUCCION SALARIAL Y DETERIORO LABORAL

La política del miedo

Por R. N.

Los trabajadores tienen dos certezas que condicionan su relación con las empresas: saben que si pierden su empleo les será muy difícil conseguir otro y que si se convierten en desocupados el Estado no los va a ayudar. Por eso aceptan un constante deterioro en las condiciones laborales. La conclusión surge del informe de la OIT que da cuenta de que el 50 por ciento de los trabajadores aceptaron reducciones en sus sueldos en los últimos dos años. Y que tres de cada cuatro personas consideran que, en caso de ser despedidos, les sería muy difícil conseguir un empleo con un ingreso similar al que perciben en la actualidad.
A pesar de que para muchos sectores el costo laboral no es determinante en la conformación del costo total del bien o servicio que comercializan, gran parte de las empresas rebajaron los sueldos de sus empleados en los últimos dos años. La dinámica de un mercado laboral con una fuerte caída en la demanda es la razón que dan los especialistas para explicar el proceso. La reducción no se da sólo mediante rebajas en los salarios nominales, sino también mediante la exigencia de un mayor número de horas trabajadas sin la contraprestación del pago de horas extra. El 47 por ciento de los trabajadores supera la jornada laboral que marca la ley.
Otro indicador que refleja la precariedad de los nuevos empleos que se generaron en los últimos años es la forma en que se conforman los salarios. Sólo el 41 por ciento de los trabajadores recibe un salario fijo. El 51 por ciento percibe una remuneración totalmente variable. En general se trata de vendedores, que trabajan en negro, y que sólo cobran cuando realizan alguna venta. El resto tiene sueldos con una parte fija y la otra variable.
La inseguridad laboral y la desatención de los gobiernos de sus obligaciones en materia de seguridad social modificaron la opinión de la sociedad en cuanto a las funciones del Estado. El 74 por ciento de los consultados consideró válida la implantación de algún tipo de subsidio universal para todos los pobres. El dato es más relevante si se toma en cuenta que la encuesta se realizó entre todo tipo de capas sociales.
El deseo general de una distribución más justa de los ingresos se manifiesta aún más en que el 85 por ciento de los entrevistados opinó que tiene que haber salarios mínimos y un 55 por ciento señaló que también debería existir un ingreso máximo. Un 25 por ciento manifestó que todas las personas deberían ganar lo mismo.
La encuesta realizada hace poco más de un mes revela la poca confianza de la sociedad en que la actual dirigencia dé respuesta a las aspiraciones arriba expresadas. El 84 por ciento de los consultados afirmó que no confía en los sindicatos. Peor aún, el 91 por ciento aseguró que no confía en los partidos políticos.