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ECONOMíA EN PAGINA/12 WEB
22 JULIO 2001








 EL BAUL DE MANUEL
 por M. Fernandez López


Tute cabrero

Yo miro TV. En la madrugada del día anterior al paro general del jueves 19, pasaron Tute cabrero: tres dibujantes trabajan en una gran empresa; uno es joven y soltero, otro de edad mediana y casado con dos hijos, y un tercero, próximo a retirarse, casi miope y torpe por la edad; se les anuncia que por reestructuración, uno de ellos deberá salir: la anterior amistad se vuelve sorda hostilidad; los dos mayores no se animan a decir ni pío, y se limitan a esperar lo que venga: no pueden protestar; el más joven, en cambio, sugiere al gerente que el indicado para salir es el viejo. Esa misma noche, previa al paro, se anunció la tasa de desempleo. ¿Casualidad? El anuncio, que en otras circunstancias causaría rubor al Gobierno, tuvo el claro fin de un llamado a la reflexión o, si se prefiere dramatizar, una advertencia del posible futuro de muchos actuales empleados que protestan por la reducción de sus salarios. Porque hoy por hoy no rige el derecho constitucional al empleo con un salario digno, y sí el derecho del empleador a despedir. El desempleo fuera de una empresa es el gran disciplinador del empleo dentro de ella. El trabajador sin empleo es la mayor amenaza del empleado: la crisis, decía el ministro Terry, convierte al hombre en enemigo del hombre y –añadimos– al joven en enemigo del adulto, al soltero en enemigo del casado. En el aquelarre de opinators se había instalado un consenso sobre la monstruosidad que era reducir las jubilaciones y lo ineludible de un déficit cero “para no seguir endeudándonos”. Algunos decían que el salario medio en el sector público es el doble que en el privado, y aun se dijo que en este último se producen bienes y en el otro no. Se olvidaban –¿por casualidad?– de que los salarios públicos se congelaron desde 1991 hasta hoy, que se recortaron asignaciones familiares, se bajó el mínimo de impuesto a las Ganancias, e incluso se recortó el salario nominal; que el sector público no sólo produce inconvenientes y choreos sino también toda la educación pública del país desde el nivel más elemental hasta el más avanzado, sistema del cual provienen absolutamente todos nuestros gobernantes; que produce toda la ciencia que genera el país, y que nuestros Premios Nobel (Saavedra Lamas, Houssay, Leloir) eran empleados públicos; que produce, entrena y da trabajo a toda la Justicia del país, sin la cual, buena o regular, la Argentina dejaría de ser nación.

Otros caminos

La semana que pasó dejó firmemente instaladas en la opinión pública varias creencias: que el déficit fiscal debe ser cero, que las jubilaciones deben ser intangibles, pero los salarios pueden ajustarse, y que el desempleo es un hecho natural contra el cual el Estado es el menos indicado para luchar. Tal opinión fue formada por gigantes empresas multimedio y coincide con la opinión empresaria en general. Por su parte, el Gobierno dio acabadas muestras de ser el principal destructor de conquistas obtenidas por los trabajadores: jornada de labor limitada, salario mínimo vital y móvil, aguinaldo, estabilidad del empleado público, etc., recogidas por la Constitución Nacional. Hace poco más de medio siglo la UIA –hoy ala “progresista” del empresariado– se opuso enérgicamente al aguinaldo. En otros términos, el Gobierno formó una alianza tácita con la gran empresa y la gran finanza, manifiesta en la aprobación o desaprobación por los “mercados” de las designaciones o despidos de funcionarios responsables del área económica. El Gobierno se mueve dentro de la ecuación Ingresos . Gastos = Déficit, o I . G = D. No se suele señalar que I no es todo lo que debiera, por haber renunciado el propio Estado a aportes patronales respecto de sus empleados, ni aportes del sistema financiero por los intereses que se perciben; ni que G es más alto que lo debido porque incluye el pago de servicios de intereses de la deudaexterna (en parte originada por trasladar al Estado deudas contraídas por empresas privadas) y por subsidios no del todo claros a empresas privadas. Tampoco se hace ver que el Estado puede, incrementando G, aumentar el nivel de empleo y con ello el nivel de gasto global y la recaudación fiscal (I) por mayor actividad económica. Esa fue la política de Perón en el ‘46: al impulsar la baja del desempleo, los salarios fueron subiendo, recuperándose el nivel de vida de las masas y el volumen de ventas de las empresas. Sin reducir salarios, el Estado hoy podría construir más escuelas, hospitales y caminos si, en lugar de gravar al más bajo decil de la escala de ingresos –por ejemplo, aplicando IVA a la leche–, hiciese cumplir el impuesto a las Ganancias a las personas y empresas del decil más alto, que normalmente lo eluden. Sobre todo, achicando las ganancias de las empresas extranjeras, se contribuiría a reducir las ingentes cantidades de divisas que se remiten al exterior.