Una simple palabra puede hacer la diferencia, como se verá más abajo. El caso se refiere a la facturación de las empresas de telefonía móvil, que –según las autoridades indebidamente– les cargan a sus abonados dos tasas que deben pagar ellas. La primera, establecida por el decreto 1185/90, impuso a las telefónicas contribuir 0,5 por ciento del total de sus ingresos a la Comisión Nacional de Comunicaciones (que retiene la mitad del importe para su sostén). La segunda, del 1 por ciento, fue fijada por el decreto 764/00 para garantizar las inversiones en zonas poco pobladas y por tanto no rentables, a través de un fondo fiduciario.
Desde comienzos de 2001, las cuatro empresas de celulares cargan esas dos tasas en las facturas a sus siete millones de clientes y ninguna de ellas respondió una intimación de la CNC a dejar de facturar esos conceptos. El 25 de abril, la comisión emitió una resolución en el mismo sentido, emplazando a las compañías “a cesar en forma inmediata y definitiva en la práctica de agregar a la facturación emitida a sus clientes los conceptos correspondientes” a las dos tasas.
Anteayer apareció en el Boletín Oficial una resolución por la cual la Secretaría de Comunicaciones, de la que depende la CNC, respalda la postura de ésta, pero con un matiz. Lo que hace Henoch Aguiar es intimar a las prestadoras de telefonía móvil a cesar “en la práctica de individualizar en la facturación a sus clientes los importes correspondientes” a aquellas tasas.
Vale decir que mientras la CNC sostiene que las tasas de la discordia no deben “agregarse” a las facturas, la secretaría sólo piensa que no deben ser “individualizadas” en éstas. En otras palabras, pueden ser añadidas al precio del servicio, que es libre, pero no cobradas por fuera de éste. Obviamente, con el criterio más severo de la CNC puede llegarse al mismo resultado: el traslado de este costo al usuario. Se trata nada menos que de unos 45 millones de pesos anuales.