Ajuste
comisiones

- Cavallo incumple con el ajuste de la ley de Déficit Cero, en un hecho tan escandaloso como injusto.

- Está pagando las comisiones del megacanje, por 141 millones de dólares, a los bancos sin aplicar el recorte del 13 por ciento.

- Esa poda, en cambio, sí vale para otros proveedores del Estado, empleados públicos y jubilados.

- Depositó la segunda cuota de la comisión en la cuenta del JP Morgan de Nueva York, por valor de 47 millones de dólares, el 19 de setiembre pasado, sin ninguna quita pese a que entonces el recorte dispuesto por la ley de déficit cero ya estaba vigente.

- Si bien el ajuste se profundizará en las próximas semanas, tampoco se prevé recorte alguno sobre la tercera y última cuota de dicha comisión, por otros 47 millones, que se depositaría puntualmente el 19 de diciembre próximo.

Por Maximiliano Montenegro

Mientras Domingo Cavallo no se cansa de prometer que cumplirá a rajatabla con la ley de déficit cero y, en silencio, la Secretaría de Hacienda corta fondos para áreas sociales críticas, el ministro incumple esa misma ley en un hecho tan escandaloso como injusto. Pese a que todos los contratos de proveedores de bienes y servicios del Estado sufrieron una poda del 13 por ciento, en línea con el recorte de salarios y jubilaciones, los bancos de inversión que organizaron el cuestionado megacanje están cobrando normalmente los 141 millones en concepto de comisión administrativa. Según pudo comprobar Cash, Cavallo y su segundo, Daniel Marx, depositaron la segunda cuota de la comisión en la cuenta del JP Morgan de Nueva York, por valor de 47 millones de dólares, el 19 de setiembre pasado, sin ninguna quita pese a que entonces la ley de déficit cero ya estaba vigente. Si bien el ajuste se profundizará en las próximas semanas, como ya adelantó Hacienda a diversas reparticiones oficiales, tampoco se prevé recorte alguno sobre la tercera y última cuota de dicha comisión, por otros 47 millones, que se depositaría puntualmente el 19 de diciembre próximo.
El contraste con el manejo sobre el resto de las partidas del gasto público es tan grande que suena absurdo: por caso, como anticipó este diario, para alcanzar el déficit cero, en Economía ya tienen todo listo para eliminar el aguinaldo de diciembre sobre salarios públicos y jubilaciones (ver aparte).
El tema se manejó con tanto sigilo que pasó inadvertido hasta para los dirigentes políticos que vienen denunciando ante la Justicia diversas irregularidades cometidas en el canje de bonos públicos por 29.000 millones de dólares realizado a fines de junio último. Una de estas irregularidades bajo investigación de la Justicia, como es sabido, es la de la magnitud y el reparto discrecional de la “comisión” (0,55 por ciento de la operación), finalmente 141 millones de dólares, que debían cobrar los bancos por actuar de intermediarios en el proceso de canje.
Sin embargo, la novedad es que, para quienes conocen desde adentro cómo se manejan las cuentas del Gobierno, es evidente que Cavallo está violando el ajuste que se autoimpuso el Gobierno con la ley de déficit cero al pagar sin ninguna rebaja la comisión administrativa a los bancos que organizaron el canje.
El razonamiento es el siguiente:
- La ley 25.453, conocida como ley de déficit cero, en su artículo 10 establece que “cuando los recursos presupuestarios no fueren suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del sector público nacional”. Después agrega que “la presente norma... modifica toda normal legal, reglamentaria o convencional que se le oponga y no se podrá alegar la existencia de derechos irrevocablemente adquiridos en su contra”. El artículo 11 dice que “los contratos de ejecución afectados... podrán revocarse por razones de oportunidad, mérito o conveniencia en el caso de que los contratistas o proveedores no acepten la reducción de la contraprestación a cargo del sector público...”.
- El decreto que reglamentó esa ley fijó un recorte del gasto público del 13 por ciento para todas las partidas del gasto, ya sean salarios, jubilaciones o proveedores de bienes y servicios del Estado. En el caso de los contratos firmados con estos últimos, la norma fue “ofrecerle” al contratista una poda del 13 por ciento en el pago del contrato, bajo el marco legal antedicho.
- En su participación en el megacanje, los bancos bien pueden ser considerados “proveedores” de un servicio al Estado. Dicho servicio fue actuar de “intermediarios” entre los tenedores de los títulos públicos y el Estado argentino. (En realidad, 5 de los 7 bancos intervinientes tenían casi todos los bonos aportados al canje en sus propias carteras, por lo que actuaron de intermediarios de sí mismo. Pero esto no es lo relevante aquí.)
- Que los bancos pueden ser considerados como proveedores del Estado queda ratificado en el contrato suscripto con ellos. La comisión no está regulada dentro de las condiciones de los (nuevos) bonos emitidos por el Gobierno –que establecen todos los resguardos legales para los acreedores o tenedores del título– sino en el llamado “dealer agreement”. Es decir, en el marco de un contrato en el que los bancos actúan como “dealer”; en cualquiera de sus acepciones: corredor, intermediario, agente.
- Sólo hay un gasto corriente protegido de la tijera en el contexto de la ley de déficit cero: el pago de intereses de la deuda. Pero, justamente, los intereses son abonados a los acreedores en su calidad de tenedores de los títulos, no a los intermediarios que brindaron el servicio de venderlos o colocarlos. Dicho de otro modo, recortarle el pago de una comisión al “dealer” no implica entrar en default (cesación de pagos), ni mucho menos; lo que sí ocurriría si el Gobierno no honrara íntegramente un vencimiento de capital o interés de un bono al acreedor correspondiente, hasta 30 días después de ocurrido.
- En resumen, hay una ley de déficit cero, que dio lugar a un decreto de recortes de gastos del 13 por ciento. Los bancos son proveedores de un servicio al Estado, por el que cobran una comisión. En consecuencia, también deberían verse afectados por el recorte. A menos, claro, que el ministro de Economía estime “ad hoc” que hay contratos que sí se recortan y otros que no, por lo que debería dar explicaciones de por qué violan las normas que él mismo impulsó.
El canje de deuda se realizó el 19 de junio y ese mismo día se pagó un tercio de la comisión total: 47 millones de dólares que fueron depositados en una cuenta del banco JP Morgan de Nueva York. Este banco se presentó legalmente ante el gobierno como agente de pago de la comisión, que después deberá repartir, según criterios que Cavallo y Marx dicen desconocer, entre el resto de las entidades intervinientes: Credit Suisse First Boston, HSBC, Banco Galicia, BBVA Banco Francés, Banco Río y Salomon Smith Barney.
Sea como fuera, ese primer pago no podía ser alcanzado por la ley de déficit cero, que fue aprobada el 30 de julio. Distinto es el caso de la segunda cuota, de otros 47 millones, abonada íntegramente el 19 de setiembre pasado. Y, por su puesto, sobre el desembolso –también sin ninguna quita– de la tercera cuota de 47 millones previsto para el 19 de diciembre.
Consultado por este diario, un funcionario cercano al viceministro Daniel Marx intentó justificar que esas erogaciones permanecieran intactas en el hecho de que el gasto ya fue devengado o imputado por el Estado al momento de realizarse la operación. Sin embargo, esa excusa se derrumba como un castillo de naipes cuando se observa la actitud de Hacienda ante otras situaciones comparables. La más obvia es la aplicación del recorte del 13 por ciento sobre los salarios devengados en julio –antes de que entrara en vigencia la ley– y pagados en agosto. Pero lo mismo sucede con los contratos con proveedores de bienes y servicios ejecutados –y devengados– antes de la aprobación de la ley que todavía no fueron pagados. De hecho, fueron los técnicos del Fondo Monetario quienes más presionaron para que la ley de déficit cero fuera respetada bajo el “criterio caja” (es decir, cuando se efectúan las erogaciones), porque de esa forma podían postergarse, recortarse y hasta anularse pagos, sin importar la fecha del contrato.
Si se hubiera aplicado el recorte del 13 por ciento sobre la cuota de la comisión abonada en setiembre, el Estado se hubiera ahorrado 6,1 millones de dólares. Y otros 6,1 millones “regalará” a los bancos si sigue sin pasarles la tijera en diciembre, como sí hace con empleados públicos y jubilados. Podrán parecer cifras exiguas a la luz de las ganancias que lograron esos mismos bancos con el megacanje y que ahora están siendo investigadas por la Justicia. Sin embargo, y más allá de un criterio elemental de equidad en el ajuste, no son cifras menores en el contexto dela mishiadura que se vive en la administración pública, por obra y gracia de Cavallo. Sin ir más lejos, el Instituto Malbrán, el centro de investigaciones bacteriológicas al que deberá recurrir el Gobierno para salvar vidas en caso de que el terrorismo atacara con armas biológicas en Argentina, solicitó a la Secretaría de Hacienda 6 millones de pesos hasta fin de año para mantenerse en funcionamiento. En cambio, Hacienda le envió la módica suma de 89.500 pesos. El argumento fue cumplir a rajatabla con el déficit cero.