Soy mamá de una niña de siete años, con parálisis cerebral a causa de mala praxis durante el parto realizado por Silvia Morales, en Fundación Hospitalaria, sanatorio prestador de UP, razón por la cual estoy en juicio desde entonces con los nombrados. El 16 de marzo de 2006 iniciamos la primera acción de amparo contra la obra social Unión Personal (UP), debido a su incumplimiento con las prestaciones que mi hija requería para rehabilitarse. A partir de allí, como si un amparo ya no valiera por sí mismo, reiteramos esta acción todos los años. El 20 de mayo último presentamos un nuevo amparo judicial: el juez del Juzgado Nacional de 1ª Instancia Nº 3, Secretaría Nº 5, Dr. Torti, dictó sentencia a favor de nuestra hija. Sin embargo, la obra social incumple la orden judicial y decide no acatarla.

Con negativas, dilaciones reiteradas, incumplimientos y desidias de UP se apela al desgaste, se insta de manera implícita a que las familias abandonen los tratamientos y renuncien a una mejor calidad de vida de sus hijos. ¿Cuántos padres pueden además de rehabilitar a su hijo psicológica, física e intelectualmente, soportar maltratos sucesivos? ¿Cómo es posible que los responsables de las áreas de discapacidad sirvan a intereses que nada tienen que ver con la salud de un niño ni con el esfuerzo para hacer de ese niño una persona autónoma, capaz de explotar todas sus potencialidades? ¿Y cómo es posible que el Estado se haga el distraído con el cumplimiento de la ley cuando sabemos que el tiempo es valiosísimo en dicha rehabilitación? Es un tema de derechos. Apelo a que mi hija pueda gozarlos naturalmente, sin esta pelea que nos declara la obra social, porque mi hija es dueña de una voz, de un espacio y está aprendiendo a conquistarlo, no como dádiva ni como parte de una guerra, sino como derecho propio.

Paola Balboa de David

DNI 17.781.431