La Justicia dejó la puerta abierta para seguir investigando a los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga, a partir de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba de rechazar por unanimidad los planteos de prescripción elevados la semana pasada por los abogados defensores. Por mayoría, el tribunal integrado por los jueces Abel Sánchez Torres, Luis Roberto Rueda y Octavio Cortez Olmedo resolvió, además, ordenarle al juez Daniel Herrera Piedrabuena que acelere el curso de la causa, que se encuentra en sus manos desde que el juez Alejandro Sánchez Freytes se eximiera de seguir participando en el caso por amistad con los acusados.

A partir de la resolución de los camaristas de la Sala B, la causa regresará a manos del Juzgado Federal Número 2 de La Rioja, a cargo de Herrera Piedrabuena. En los próximos días deberá resolver si dicta procesamiento para los magistrados cordobeses. Al fiscal Gustavo Vidal Lascano le toca expedirse sobre las acusaciones que el abogado querellante Juan Miguel Ceballos hizo oportunamente. “Estamos preocupados por la participación del juez (Herrera Piedrabuena) y de (Gustavo) Vidal Lascano”, señaló Ceballos, y agregó que “es evidente que no tienen voluntad de investigar la causa”.

El abogado participó junto a Carlos Gonella, fiscal subrogante del Tribunal Oral Número 2, en el juicio donde Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua. Los testigos que pasaron por la Unidad Penitenciaria 1 (UP1), y que declararon en el juicio a los represores, comprometieron a los funcionarios judiciales. Los testimonios fueron por demás elocuentes: “Declarábamos con un militar que nos apuntaba con un FAL en la nuca”, dijeron.

Los abogados querellantes solicitaron, además, que se investigue las conductas de Ricardo Haro (actual conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), Carlos Otero Alvarez, Luis Eduardo Molina y Eudoro Vázquez Cuestas. El año pasado, en el juicio por los crímenes cometidos en la UP1, María Teresa Sánchez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba, recordó que le había contado a Molina cómo quisieron obligarla a quitarse la ropa interior durante las requisas, mientras estaba detenida. Molina le respondió: “¡Nena, te peleás con todo el mundo y no te querés bajar la bombachita!”.

“El juez es presa de innumerables presiones, esta causa no va ni para atrás ni para adelante”, aseguró Ceballos, hijo de Miguel Angel Ceballos, militante del ERP detenido en la UP1 en marzo de 1974. Su padre fue fusilado el 11 de octubre de 1976 junto a Florencio Díaz, Pablo Balustra, Jorge García, Oscar Hubert y Marta González de Baronetto, a seis cuadras de la UP1, en el barrio San Martín. “Les vengo a comunicar que todos ustedes están condenados a muerte. Pero no se pongan contentos, porque morirán uno a uno muy lentamente, de manera que se arrepientan de haber nacido”, le dijo el general de brigada Juan Bautista Sasiaiñ, jefe de Estado Mayor del área 311, a los detenidos.