La Cámara Federal porteña dictó el procesamiento de una mujer que subcontrataba al menos un taller de costura clandestino, donde se sometía a inmigrantes a condiciones de trabajo compatibles con la reducción a la servidumbre y que, además, habría actuado como intermediaria de una marca de primera línea de indumentaria. Se trata del primer fallo que involucra a un presunto intermediario entre las grandes marcas y los talleres donde se producen las prendas, la mayoría de las veces sin respetar las mínimas condiciones laborales y de salubridad. El procesamiento, además, deja abierta la puerta para investigar a los propietarios de la marca comercial.

La procesada, sin prisión preventiva, es Andrea Reparaz Fiori, responsable de la firma Miyagawa SA, quien –según quedó acreditado en la causa– entregaba materia prima y moldes para la confección de camperas a un taller ubicado en la calle Crisóstomo Alvarez al 3900, en Villa Soldati. Ese taller fue allanado y allí se secuestraron etiquetas de la marca Kosiuko.

La Cámara Federal, con la firma de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero –Eduardo Freiler, el tercer integrante, estaba en uso de licencia– solicitó al juez de primera instancia “completar la instrucción con una serie de medidas probatorias”. Como las declaraciones juradas ante la AFIP y las pericias a las etiquetas de la marca Kosiuko, para dirimir si son auténticas o falsificadas”, como sostiene la empresa.

La denuncia, presentada en marzo de 2009 por trabajadores del taller, con el respaldo de la Fundación La Alameda y el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón, apuntaba no sólo contra el tallerista, sino también hacia la intermediaria y a la firma para la cual, en apariencia, trabajaban ambos, la empresa Kowsef SA, que comercializa las prendas con la marca Kosiuko.

La causa se inició, de manera paradójica, a partir de una acción de la propia empresa. Después de ser denunciada por presunto trabajo esclavo por La Alameda, en 2006, los responsables de la empresa Kowsef SA le propusieron a esa organización que monitorearan su producción de prendas para certificar que allí no había trabajo esclavo.

La fundación aceptó, pero con la condición de que en ese proceso participaran además un sacerdote católico y un rabino. De las primeras reuniones participó el propio responsable de la empresa de indumentaria, Federico Bonomi, acompañado por un directivo de una asociación civil y un cura de su confianza. Estas reuniones comenzaron en octubre de 2008. En enero de 2009, una pareja de inmigrantes bolivianos denunció en La Alameda que habían sido despedidos de un taller del barrio de Soldati, donde trabajaban bajo un régimen de reducción a la servidumbre confeccionando prendas con las etiquetas de Kosiuko. Ese taller era el de Crisóstomo Alvarez.

La empresa negó entonces toda relación con ese taller. En una nueva reunión, a la que no acudió Bonomi sino el gerente general de la empresa, Marcelo Gallardo, los trabajadores relataron que recibían las telas para confeccionar y que las prendas eran retiradas por una mujer, a la que conocían como Andrea, de la firma Miyagawa. Y exhibieron etiquetas de Kosiuko con el número 14, con el que identificaban el taller donde se confeccionaban las prendas, para casos de reclamos.

Tras escuchar ese testimonio, el gerente general se comunicó con la empresa para preguntar si en el taller identificado con el número 14 se habían encargado camperas, como habían dicho los trabajadores. “Recibió una respuesta afirmativa”, relató al juez el sacerdote Mario Videla, quien había estado presente en la reunión.

En la causa quedó acreditado que en ese taller “las personas eran sometidas a prolongadísimas jornadas laborales que se extendían desde las 7 a las 22.30, dormían en el lugar de trabajo en muy malas condiciones de salubridad, lugar del que no podían entrar y/o salir con libertad” y donde “el pago era muy por debajo del convenio legal vigente”.

Pese a las evidencias, el juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al titular del taller, identificado como Walter Moya, y a la presunta intermediaria, Andrea Reparaz Fiori, pero a nadie de la empresa. Moya no pudo ser localizado y hoy se desconoce su paradero. Reparaz Fiori, por su parte, se presentó y argumentó que sólo concurría al taller a dejar retazos de tela que le sobraban. El juez, entonces, le dictó la falta de mérito, en marzo de 2010.

El fiscal federal Jorge Di Lello y el abogado Yanzón apelaron la decisión ante la Cámara, que se expidió recién ayer. Por un lado, los camaristas concluyen que “no admite discusión que entre fines de 2005 y principios de 2009 existió un vínculo laboral entre Reparaz Fiori y la forma Kowsef SA, usufructuaria de la marca Kosiuko, en cuyo marco la imputada tenía a su cargo la obligación de confeccionar prendas de vestir, en su taller, identificado como número 14, para la marca mencionada”.

Para establecer la relación entre la intermediaria y el taller donde se explotaba a los costureros, los camaristas se basaron en el relato de testigos de identidad reservada, trabajadores del taller, y en el testimonio del sacerdote Mario Videla, arriba mencionado. De ese modo, consideraron a Reparaz Fiori como responsable del delito de reducción a la servidumbre (artículo 140 del Código Penal) en grado de partícipe necesaria.

Pero no se quedaron allí. Al devolverle el expediente a Ercolini, le sugirieron que profundizara la investigación para “determinar fehacientemente la autenticidad de las etiquetas que llevan inscripta la marca Kosiuko”, mediante una pericia que sigue pendiente al día de hoy, entre otras medidas que apuntan a dilucidar la responsabilidad de la marca.

De esa manera, sería la primera vez que una investigación judicial avanza hacia los responsables del trabajo esclavo, es decir, las empresas para las que trabajan los talleres clandestinos. Hasta ahora, la Justicia había apuntado al eslabón más débil de la cadena, los talleres donde los costureros trabajan a destajo y donde en muchos casos viven en condiciones infrahumanas.