La tan mentada y declamada prioridad de la integración cultural del Mercosur tuvo, por fin, un paso concreto: se realizó en Buenos Aires, por primera vez en la historia, una reunión específica de directores de bibliotecas nacionales de Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Bolivia. Durante la semana, los funcionarios intercambiaron información acerca de problemáticas, legislación y experiencias y llegaron a algunos acuerdos, entre los que destacan, según declaró a este diario el director de la Biblioteca Nacional, Horacio Salas, la constitución como grupo, la creación de un sitio común en Internet (que estaría funcionando en dos meses), la representación recíproca de cada una de las bibliotecas, en su propio territorio, para con las otras, y la sugerencia de presentar, en cada uno de los países, un pedido de reformulación de la ley de depósito legal.
Hay notables diferencias entre estas bibliotecas que, como señaló el brasileño Joao Luiz Bocayuva Cunha, “guardan los documentos que fundaron nuestras naciones”. Mientras que la suya recibirá un aumento presupuestario para el año próximo, y consigue fondos a través de aportes de empresas privadas y de edición de libros, la de aquí espera un recorte y no tiene, de momento, aportes alternativos. La de Brasil tiene un presupuesto anual de nueve millones de dólares; la de la Argentina, dos. La de Paraguay recibe apenas 10.000 dólares al año. “Hemos sufrido mucho la corrupción, y la cultura ha sido relegada en casi todas las administraciones”, dijo a Página/12 Francisco Garay Santos, el director de la biblioteca nacional paraguaya, que alberga apenas 30.000 volúmenes; la situación allí es tan precaria que en la reunión se acordó la donación de dos computadoras, asesoramiento técnico y libros.
Raúl Vallarino, el director de la biblioteca nacional de Uruguay, argumentó que vista la crisis por la que atraviesan los gobiernos de la región, y considerado como lógico que educación y salud sean prioritarios, es natural buscar aportes privados y otras fuentes de financiamiento. En ese sentido destacó que el gobierno de Japón donó equipos informáticos por 750.000 dólares, gracias a los cuales pueden reproducir copias en distintos soportes de periódicos de diversas épocas, que se venden “muy barato” a los usuarios y generan fondos para la biblioteca. Vallarino explicó que incluso en los países desarrollados la norma es recibir socorro financiero desde fundaciones y/o empresas, “porque los gobiernos tienen otras prioridades que atender, como darle de comer a la gente”. Esa explicación, incontrastable, es la favorita a la hora de “justificar” los magros fondos del Estado que reciben las bibliotecas de estos países. Cabría preguntarse si los subsidios y favores de los gobiernos a los sectores de poder son prioritarios, también, por sobre las bibliotecas nacionales.
“Si algo hemos encontrado en común es que en nuestros países no se cumple cabalmente el depósito legal”, destacó el subdirector de la biblioteca nacional de Bolivia, Joaquín Loayza Valda. A su criterio ese fue el punto más importante del encuentro: cómo hacer para que las editoriales les entreguen ejemplares de todos los libros que se publican. “Nuestra misión principal es la de constituirnos como bibliotecas patrimoniales: tenemos la obligación de guardar la memoria bibliográfica impresa y editada en nuestros países”, explicó. En la reunión se decidió intercambiar información respecto de la legislación vigente en cada país; en Uruguay, por ejemplo, la biblioteca tiene “poder de policía”, y puede imponer fuertes multas a las editoriales que no cumplan la ley.
La directora de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, Clara Budnik, señaló a este diario que si bien viene registrando aumentos presupuestarios en los últimos años, la informatización y digitalización se hizo con aportes privados. Budnik reconoció que el presupuesto estatal “es incluso hasta precario”; “hemos conseguido mucho más a través de las fuentes de financiamiento externas”, dijo. Al igual que la de Brasil, la biblioteca nacional chilena tiene una editora propia que publica unos veinte libros al año.
“Somos países que estamos pasando por dificultades económicas e intentamos hacer un esfuerzo por el rescate de la cuestión cultural, un aspecto fundamental para la ciudadanía”, dijo Bocayuva Cunha. Todos los directores resaltaron la importancia de este primer encuentro, solventado con fondos provistos por el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal). Y aunque llegaron a los acuerdos ya mencionados, prefirieron manejarse “en borrador” y no producir una declaración conjunta.
“La escasez presupuestaria es un problema de políticas de Estado”, admitió Budnik, y subrayó que todos sus colegas coinciden en que los fondos gubernamentales que reciben son magros. Cuando se le preguntó si habían evaluado hacer un reclamo conjunto, sonrió y respondió: “Sería una buena idea. ¿Pero nos harían caso?”. La respuesta de Salas a la misma pregunta no incluyó sonrisa: “Eso es un disparate”, dijo. Y explicó: “Cada director sabe cuáles son los problemas de sus gobiernos, y hay funcionarios que no aceptarían esas críticas. Cada uno sabe qué pasa en su país. Realmente, eso no se puede hacer”.