Por Jimena Valdez *

Más redistribución

Argentina viene de más de diez años de crecimiento económico con alta creación de empleo. En este contexto, los trabajadores han retornado a la negociación colectiva, recuperado salarios y fortalecido sus organizaciones. Al abrigo de la competencia externa, no ha habido dilemas ni efectos negativos sobre el nivel de empleo hasta ahora, que las proyecciones indican que Argentina crecerá menos en un contexto de alta inflación. En la última década los trabajadores han avanzado en su nivel de ingresos, aunque con diferencias en su interior. De acuerdo con su capacidad organizativa y su poder de negociación, algunos gremios han recuperado más y otros menos (bancarios y construcción, son ejemplos extremos de una cosa y otra). Asimismo, grupos menos organizados (trabajadores rurales) y vulnerables (servicio doméstico) han estado rezagados, pero han tenido políticas específicas del Gobierno (la sanción del Nuevo Estatuto del Peón Rural y la creación del Renatea en el primer caso, y el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares en el segundo).

Estas mejoras conviven con el desempleo en un dígito y un núcleo duro del 34,6 por ciento de empleo no registrado, además de grupos particularmente vulnerables como los jóvenes (para quienes, luego del Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Gobierno acaba de anunciar el Progresar) y las mujeres (que todavía requieren más y mejores políticas). Los aún elevados índices de pobreza demuestran que el pleno empleo no alcanza para asegurar el bienestar de la población, sino que se requieren políticas específicas y esfuerzos sensiblemente mayores. En este sentido, la recuperación desigual de los diferentes trabajadores y la permanencia (y en algunos casos profundización) de disparidades entre grupos resulta una cuenta pendiente: en la actualidad, mientras que el salario promedio del sector privado registrado es de 8420 pesos, el salario promedio de toda la economía es 4500 y el salario mínimo 3300.

En el contexto de la reciente devaluación y la posibilidad de aceleración en la inflación que conlleva, en conjunto con las proyecciones de escaso crecimiento de la economía, se pide –desde varios sectores– “moderación” en los acuerdos salariales de este año. Así, los sindicatos vuelven al centro de la escena.

En primer lugar, resulta crucial realizar una distinción entre el importante rol que cumple el salario en los costos de la producción (por razones también asociadas al modelo de desarrollo elegido, con sus virtudes y falencias) y la aseveración de que son los aumentos salariales los causantes de la inflación. El salario real está hoy apenas arriba de los niveles de 2001 y, si se mira en una perspectiva más larga, en caída prácticamente ininterrumpida desde los años setenta hasta el cambio de modelo económico en la actual década. Si tan sólo una recuperación salarial puede poner en jaque este modelo económico, el problema es más profundo.

En segundo lugar, la moderación debería ser una tarea no sólo de los sindicatos sino de todos los actores (Estado y empresarios, fundamentalmente) con el objetivo de sumar –a la existente redistribución de ingresos entre capital y trabajo– la redistribución de ingresos entre trabajadores. El salario ha ganado participación en la economía (de representar un 29,3 por ciento de los ingresos en el año 2003, representaba en el 2012 un 46,1 por ciento –datos del Ceped–), pero esa proporción salarial también puede y debe ser distribuida de modo más equitativo en pos de una mayor homogeneidad en los derechos y necesidades de los trabajadores. La moderación de aquellos que más ganaron y la recuperación de los trabajadores más atrasados, en un contexto de control de precios y actualización de los valores de las principales políticas sociales del Gobierno, podría ir en este sentido.

Sin embargo, el acuerdo conjunto con la organización del trabajo resulta más difícil a la luz de la división política de las centrales sindicales y su escasa tradición de coordinación –no mencionamos aquí las divisiones existentes en el arco empresarial, que también existen–. Por otra parte, los problemas de representatividad que las organizaciones afrontan se trasladan luego a un menú de “intercambio” acotado. El sindicalismo tradicional no representa a los trabajadores con menos derechos (no registrados, pero no sólo), de modo que los que son objeto de políticas sociales del Gobierno son percibidos como “los otros”, ajenos a su grupo de interés. Esto impide el tradicional intercambio de moderación salarial, por mejoras en las políticas de bienestar (la AUH, el actual Progresar, políticas concretas de combate al empleo no registrado) y presenta otros desafíos.

La inflación afecta siempre a los más débiles, aquellos que menos derechos tienen y menos organización han logrado. Quizás en el escaso perfil político de los representantes actuales del sindicalismo resida una de las explicaciones de su dificultad para articular una propuesta, que los aleje del rol de ganadores del modelo primero, y perdedores este año, para colocarlos en otro lugar, superador.

* Economista y politóloga (UTDT).

Por Walter Iampietro *

Problemas y desafíos

El 22 de noviembre del 2011 la Presidenta descartó el proyecto de ley de reparto de rentabilidades extraordinarias de las empresas, que hubiese permitido un diagnóstico diferenciado por actividad de cara a las paritarias. Esta decisión nos obliga, sin datos, a preguntarnos cuáles son las variables macroeconómicas que han cambiado en tan poco tiempo, para que el debate sea en términos de conservación del poder adquisitivo, en lugar de una mejor distribución. En nuestro país los ciclos de crecimiento de la actividad, el consumo y el salario real aumentan de forma inversamente proporcional a la necesidad de divisas, porque la industrialización, al crecer, necesita importar energía, maquinaria y bienes intermedios. Un claro ejemplo se ve en el sector de combustibles, donde a mayor PBI, mayor necesidad de dólares. La devaluación del peso tiene un doble efecto: obliga al aumento local de la nafta para no agrandar el déficit comercial. Esto explica los tres últimos aumentos en menos de cuatro meses. Y a su vez impacta en el poder de compra de los salarios, conformando un círculo vicioso que vuelve a presionar sobre la baja de la moneda nacional.

Salvo en la crisis producto de la sequía de 1952, la contención de los precios y la falta de divisas mediante la devaluación han sido una constante que devino en ajuste con resultados negativos para la economía y la mayoría de la población. En aquel momento la falta de dólares obligó a Perón a tomar medidas no del todo simpáticas para frenar la inflación. Era la época del pan negro para poder exportar trigo y del intento de promover el acuerdo con la Standard Oil, que no llegó a ser tratado en el Congreso, en parte por la disidencia de los diputados peronistas. Mientras que el promedio de inflación anual entre el ’45 y el ‘71 es de un 25 por ciento, para 1953 ronda tan sólo el 4 por ciento. El triunfo del Gobierno se explica no sólo porque atacó el verdadero peligro que era la baja del nivel de actividad, sino sobre todo por la conducción política que ejercía, que pone por encima de sus opiniones coyunturales una mirada estratégica.

Para que la economía se subordine a la política, es necesario jugar con sus reglas. Antes que por factores culturales, la moneda vale por su poder de compra. La pesificación sólo puede lograrse si el peso conserva mejor su valor que el dólar y no con retóricas de “el que apuesta al dólar pierde”. El mal uso de divisas induce al aumento de precios. El cepo aceleró este proceso en un contexto en donde la moneda norteamericana bajo el colchón conservaba mejor el valor de compra y promovía la fuga. Según el BCRA, en el primer semestre del 2013 la balanza del turismo resultó deficitaria en 4500 millones de dólares (porque ningún turista liquida dólares en el mercado oficial) y explicó el 75 por ciento de la pérdida de las reservas.

La aceleración de los precios, ratificada por el aumento del IPC del 3,7 por ciento en enero, demuestra la dificultad que encaran los asalariados después de la devaluación para conservar sus salarios reales. Según el nuevo índice, un tercio de la movilidad jubilatoria del semestre se perdió en enero. Claudio Scaletta afirmaba en este diario que sus efectos serán la caída de la demanda, el freno al crecimiento y el aumento de la conflictividad social.

Los sindicatos, entonces, se encuentran con un doble desafío: evitar la pérdida del valor del salario y mantener el dinamismo del consumo interno, como motor de la actividad económica.

Es menester reconocer primero que la crisis actual se debe principalmente a errores de la política económica y no a una conspiración. Menos recomendable es intentar demonizar reclamos gremiales o discutir la espiral inflacionaria desde los salarios y no desde las ganancias extraordinarias y la especulación. Buscar en las causas y no en sus consecuencias. La estabilización requiere acuerdos políticos y sociales, en vez de enfrentamientos discursivos. La devaluación anual en torno del 60%, sumado a la suba de la tasa de interés, repiten, en principio, las recetas clásicas de la ortodoxia para la inflación. La posibilidad de que eso no suceda descansará en que las paritarias no corran por debajo de la inflación. Asimismo la conflictivad gremial será un dato que habrá que analizar sin prejuicios ni mezquindades. La política irrumpirá marcando algunas pautas y todos los actores tendrán que afinar el lápiz y plantear puntos de vista con la mayor racionalidad.

A pesar de la escalada de precios ya hubo dos señales de la responsabilidad de parte de la dirigencia gremial. Primero la permeabilidad a postergar negociaciones a la espera de una mayor estabilización. Y segundo y principal, la ratificación de las negociaciones anuales. Más allá de algunas expresiones, primero Hugo Moyano y después el resto se manifestaron en ese sentido. La importancia de esto radica en la apuesta política a la previsibilidad. Por supuesto, esto siempre bajo la premisa de que ninguna paritaria transcurra por debajo de la “inflación del supermercado”.

* Juventud Sindical.