Hoy comenzarán en Mendoza las audiencias del juicio oral y público contra más de cuarenta militares, policías, jueces y fiscales, por la participación que a cada uno le cupo en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Pero al mismo tiempo, dirigentes de la oposición política junto con los mayores empresarios de medios preparan una ofensiva contra la Suprema Corte de Justicia provincial, para impedir que firme un fallo que reconoce la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo de los trabajadores de prensa. Lo que se discute, en ambos casos, es la autonomía de la Justicia respecto de los poderes fácticos: las Fuerzas Armadas durante los gobiernos de facto, los intereses económicos y mediáticos ahora.

Es la primera vez que los funcionarios judiciales deben rendir cuentas junto con los autores materiales de los secuestros, las torturas y los asesinatos. Entre los cinco jueces que llegan detenidos al juicio, los más notorios son los ex camaristas Otilio Romano y Luis Miret, quienes durante décadas fueron amos indiscutidos de la administración de Justicia en Cuyo y figuras de peso en la política cuyana. Ambos fueron destituidos en juicio político por unanimidad del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, en 2011. Hasta ese momento habían conseguido impedir que avanzara en Mendoza cualquier juicio por los crímenes de la dictadura. Las causas se pusieron en movimiento recién entonces. Romano huyó a Chile para evitar su detención pero la Corte Suprema de ese país concedió la extradición solicitada por la Argentina y lo remitió detenido a Mendoza. Ambos resistieron todo lo posible su alojamiento en la misma cárcel común en la que aguardan el debate los policías y militares y la celebración de un único juicio, porque aún creían ser parte de una elite, diferente y superior.

Legisladores provinciales que responden a Julio Cobos y Sergio Massa impulsan el juicio político del juez de la Suprema Corte, Carlos Bohm. El tribunal respondió convocando a una audiencia pública en la que deberán ventilarse los términos del debate sobre la vigencia del convenio laboral, firmado en 1975, meses antes del golpe del 24 de marzo del año siguiente, lo cual hará más difícil la manipulación en las sombras. Las empresas objetan ese convenio desde su propia sanción, pero han fracasado una y otra vez en distintas instancias judiciales.

La intimidación contra los jueces de la Suprema Corte para que no reconozcan los derechos laborales de los trabajadores es encabezada por los dos mayores multimedios del país: el Grupo Clarín, que en Mendoza posee el tradicional diario Los Andes, fundado hace trece décadas, y el Grupo Uno, conducido por el empresario Daniel Vila y el ex ministro del Interior del menemismo, José Manzano. Ambos mantuvieron una relación de privilegio con Cobos cuando fue gobernador. Cobos otorgó entonces un crédito de 11,6 millones de pesos al Grupo Clarín para importar una rotativa con muchos años de uso, fabricada en Alemania. Lo hizo con recursos del Fondo de Financiamiento de Inversiones Públicas y Privadas para la Transformación y el Crecimiento (FTYC), creado para “brindar asistencia crediticia a las pequeñas y medianas empresas” y apoyar proyectos de desarrollo ganadero, agroindustriales, mineros y de colocación de malla antigranizo para zonas cultivadas. La línea destinada al sector industrial sólo contempla préstamos para adquirir “maquinaria nueva”. El monto financiable es de 200 mil pesos, que aumenta a 300.000 si la mitad de las máquinas es producida en Mendoza. La tasa para esa línea es la mitad de la ya subsidiada del Banco Nación, se paga a cinco años, y sin gracia. Desde su constitución el FTYC realizó préstamos a más de 5000 empresas, a un promedio de 114.000 pesos por crédito. El Grupo Clarín recibió cien veces más, superó en 58 veces el tope de los 200.000 pesos, importó una máquina alemana desde Estados Unidos y obtuvo además un año de gracia antes de comenzar el pago. Vilas y Manzano explotan importantes áreas petroleras en Mendoza, que Cobos les concedió en un trámite irregular. La oferta más alta en la licitación, por 76 millones de dólares, fue presentada por una UTE que encabezó Oxipetrol. Las ofertas siguientes, ambas por 55 millones de dólares correspondieron a empresas del trío Manzano-Vilas-De Narváez y del empresario patagónico Cristóbal López. Pero Cobos anuló la licitación. En la segunda convocatoria, ya con la oferta de Oxipetrol conocida, Manzano y López mejoraron las suyas y resultaron los principales adjudicatarios. La inversora en negocios energéticos de Manzano y los Vila, Ketsal, obtuvo la principal área licitada (Chachahuén, por 126,7 millones de dólares) y por otros 62 millones las áreas Ñacuñán, Pampa del Cebo, Zampal Oeste, San Rafael, Malargüe y El Coirón I y II. Oil M&S, de Cristóbal López, se quedó con el área del Río Diamante, por 66 millones de dólares.

Carlos Bohm integra la sala laboral de la Suprema Corte junto con los jueces Herman Salvini y Mario Adaro. Ese tribunal debe resolver varios juicios de periodistas contra los medios por diferencias salariales. Esos fallos constituirán un precedente sobre la validez del Convenio Colectivo de Prensa 17/75, el Estatuto del Periodista firmado meses antes del golpe de 1976. Según ese convenio, el salario de la categoría más baja duplica el mínimo vital y móvil. La dictadura lo dejó sin vigencia y una vez concluida comenzaron los juicios en demanda de su aplicación. Se calcula que en Mendoza hay unos 300 casos y que las diferencias entre los reclamos y lo que las empresas reconocen es de unos 50 millones de pesos, alrededor de la mitad de la pauta oficial que reciben del gobierno nacional. Con el operador del Grupo Uno José María Casero a la cabeza, las empresas comunicaron al gobernador Francisco Pérez que quebrarían si la decisión les era adversa. Antes de trabajar para Vila y Manzano, Casero tuvo relación comercial con los marinos de la ESMA Ricardo Cavallo y Jorge Rádice y fue CEO de Los Andes. La presión alcanzó a otro miembro de la Corte que no integra la sala laboral, quien recibió una advertencia sobre información confidencial sobre los dos hogares que mantiene, en Mendoza y San Rafael. El propósito es conseguir que se excuse o vote a favor de las empresas si la causa llegara a tratarse en plenario del tribunal. El juicio político contra Böhm fue solicitado por la legisladora cobista Patricia Gutiérrez y la antena de Massa en Mendoza, Gustavo Valls. Massa se reunió con Valls en San Luis, donde programaron una visita del bonaerense al festival de la tonada en Tunuyán, Mendoza, que se suspendió debido al duelo por el horrible accidente del camión que chocó de frente a un ómnibus. Las empresas confían en Adaro, ex ministro de Celso Jaque y huésped de Manzano y Vila en la denominada Vendimia Solidaria, presionan a Salvini e intentan destituir a Bohm. Manzano habló con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, para preguntarle qué pensaba hacer con el tema. La solicitud de juicio político a Bohm fue tapa del diario Uno. Una de las razones aducidas es el estado psicofísico del juez, a quien le atribuyen 78 años, cuando tiene 74, y una intrincada cuestión procesal, en otra causa. Para que la intimidación fuera más eficaz, el diario de Vila y Manzano recordó que la última vez que sesionó la Comisión de Juicio Político fue en 1974, cuando fue destituido el gobernador Horacio Martínez Baca. La audiencia pública convocada por la Suprema Corte para neutralizar estas presiones, en el caso de Mariana Silva contra Los Andes, por despido, dará amplia visibilidad a la cuestión, y permitirá que ambas partes expongan en igualdad de condiciones, como ya ocurrió en la Corte Suprema Nacional con la ley audiovisual. Entonces pudo apreciarse que la luz pública es el mejor desinfectante para limpiar hasta los rincones más oscuros.