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El juicio que comienza en Mendoza es quizás uno de los más emblemáticos de la historia de estos procesos. Van a estar sentados como imputados ex integrantes de la estructura judicial; algunos hasta hace muy poco estaban en funciones, lo que explica claramente las razones de la mora en la investigación. Hasta 2009 –es decir, seis años después de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida–, todavía en Mendoza no había ninguna causa en etapa de juicio. Es más: cuando señalamos y denunciamos públicamente esa situación, los jueces no tuvieron mejor idea que presentar una queja al doctor Riggi por mis declaraciones a la prensa. Nuestro propósito era que se sepa la verdad y pensábamos que eso podría estimular un cambio.

Naturalmente que a la vuelta de la esquina encontramos los motivos por los que las causas no avanzaban: eran jueces de sus propios pleitos. Esa situación no era del todo aislada, aunque quizás era de las más graves, pero otras jurisdicciones estaban atravesadas por los mismos vicios. Con el fiscal Pablo Parenti lo denunciamos en todos lados, pero no podíamos cambiarles la agenda. Es más: cuando uno de esos jueces hoy procesado estaba prófugo, no hubo ningún pronunciamiento de la Asociación de Magistrados. Y estamos hablando de una de las conductas más oprobiosas de un magistrado en la historia del Poder Judicial. Fue una vergüenza.

La historia cambió cuando llegó como fiscal el general Omar Palermo. Su incuestionable formación técnica y su compromiso le pusieron una bisagra a la impunidad. Cambió la historia, pero no puede soslayarse el costo psicológico y moral que se pagó para llegar hasta aquí.

Otra cuestión, a mi juicio fundamental, es que la imputación a estos jueces refleja el grado y el alcance de la responsabilidad de los sectores civiles en el terrorismo de Estado. Es impensable el terrorismo de Estado con los cuarteles como únicos protagonistas. Ese es el desafío de la nueva agenda, que por otro lado está especialmente destacado por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en la resolución de la creación de la Procuraduría.

También hay que pensar en la responsabilidad de los grupos económicos, en ese sentido programamos con la coordinadora, la doctora Varsky, una mesa de trabajo para tratar exhaustivamente este tema en el que, de algún modo, no estamos al día. Es parte de lo que viene.

Hay un dato de color que no quiero dejar pasar, pese a que algunos medios se ocupan de señalarlo peyorativamente. Casi en su inmensa mayoría, los actores y operadores judiciales que impulsamos estas causas y que bregamos por la vigencia plena de los derechos humanos, por visibilizar la violencia institucional fundamentalmente en las cárceles, pertenecemos a Justicia Legítima. En rigor, es la clave ideológica de nuestro pensamiento.

Lo relevante es que a esos jueces que miraban para otro lado frente a un Estado de terror hoy podamos interpelarlos no sólo desde el Derecho sino desde la moral. Fundamentalmente, incorporar a la víctima, la gran ausente, la gran olvidada. Estos procesos visibilizan la dimensión del horror del concepto profundo de víctima y de quienes fueron sus verdugos.

La responsabilidad del sistema judicial es tremenda, fueron parte del soporte, miraban a la víctima con la impronta de la dictadura. La vara era la misma. Es terrible. Creo que el mérito de esta investigación va más allá de lo jurídico, es la resignificación de las víctimas y muestra la profundidad y el alcance del horror. Va más allá de la reconstrucción de la trama criminal. Dice Walter Benjamin: “La memoria abre expedientes que el Derecho considera olvidados”. En definitiva, la Justicia es hija de la memoria. Pienso que ya podemos hablar de nuevos paradigmas en el mundo del Derecho en la Argentina.

* Titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.