Nunca una causa judicial había ido tan lejos contra un dirigente futbolístico acusado de maniobras dolosas contra su club. En este caso, un dirigente y un club muy importantes. Francisco Jorge Fernando Miele, tal su nombre completo, declarará hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25, donde se le sigue el juicio de defraudación por administración fraudulenta contra San Lorenzo, que podría costarle hasta seis años de prisión. Ocho hechos motivaron la denuncia contra el ex presidente que gobernó la institución de Boedo entre el 14 de diciembre de 1986 y el 28 del mismo mes de 2001. En esos quince años controló todo de manera unipersonal, pero se reunieron decenas de pruebas para llevarlo ante los jueces Carlos Binda, Rodolfo Bustos Lambert y Rodolfo Goerner. Varios testimonios, una auditoría, informes del BCRA, hojas con membrete sin firma, pericias contables, recibos y actas de comisión directiva respaldan las imputaciones que le formulara en su momento la gestión de Alberto Guil y que, ahora, no parece sostener con la misma convicción el actual presidente, Rafael Savino.

Como fuere, para los abogados del club, Adolfo Luis Tamini e Ignacio Javier Costa, es el artículo 173 del Código Penal, inciso 7, el que otorga la calificación legal que debería aplicárseles a los actos fraudulentos que se le imputan a Miele. Ese que señala: “El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.

En el pedido de elevación a juicio, los letrados sostienen que “el repaso de los distintos actos por los que se responsabiliza al imputado Miele autorizan a concluir, sin mayores esfuerzos, que el imputado realizó las dos conductas que contempla la figura en cuestión”.

Con la declaración que formulará ahora el ex presidente en el marco de un juicio oral que ya tuvo varias audiencias, los plazos para conocer la sentencia se correrían hasta febrero. El proceso debió haber concluido hace varios meses, pero dos de los integrantes del Tribunal tuvieron inconvenientes. Bustos Lambert sufrió una fractura de clavícula y Goerner estuvo en cuarentena porque uno de sus hijos padecía gripe A. Si el juicio concluye con un fallo condenatorio para Miele, el club podría iniciarle una cuantiosa demanda civil. Si sucede al revés, el ex presidente estaría en condiciones de hacer lo mismo contra San Lorenzo.

Es esta última posibilidad la que agita el ex vicepresidente de la entidad Eduardo Jorge Ignoto para intentar detener la demanda. Acaso es uno de los escasos dirigentes que acompañaron al procesado durante su gestión y que aún se mantienen fieles a él. El 3 de este mes le envió una carta documento a Juan Carlos Temez, actual vocal por la segunda minoría (ver recuadro), por la cual lo intimó a que San Lorenzo presente un escrito en la Justicia “diciendo simplemente que se da por satisfecho con las explicaciones dadas por F. Miele y que el club no tuvo ningún daño económico; simultáneamente que F. Miele firme un acuerdo con Casla donde reconozca que nada tiene que reclamar en concepto de daños y perjuicios contra Casla o cualquiera de sus directivos actuales y/o anteriores en caso de que se obtuviera su absolución”.

Temez rechazó la intimación basándose en siete puntos, entre los cuales se destaca que “la pretensión de amedrentar a las autoridades electas de conformidad con el estatuto social con una potencial extensión de una eventual acción por daños y perjuicios contra el club refleja –independientemente del previsible espíritu antidemocrático– una confusión legal importante de parte de sus autores, voceros o amanuenses”.

Patrocinado por el abogado mediático Mariano Cúneo Libarona, el ex presidente de San Lorenzo debe responder por varios actos fraudulentos que le imputa el club y otros que presentó la acusación fiscal. Entre los primeros se destacan lo que hizo Miele con las recaudaciones de dos partidos internacionales por la Copa Mercosur a fines de 2001. En uno, la final contra Flamengo, la querella sostiene que “se encuentra acreditado que entre el 11 y 19 de diciembre de 2001, últimos días de la gestión del imputado como presidente del Casla, se recaudaron $ 749.990 con motivo del partido final. Pues bien: conforme se comprobó, gran parte de dichos fondos fueron desviados por las entonces autoridades de la institución, desconociéndose a ciencia cierta su destino. A modo de ejemplo citamos que el ex presidente Miele autorizó que con los fondos recaudados se pagaran $ 50.579,50 a Fabián Serpero, $ 50.573,50 a Ernesto González, $ 36.000 a Gustavo Miele y $ 20.000 a Gregorio Fernández, en todos los casos sin la correspondiente documentación válida que los respalde”.

En el segundo encuentro, la semifinal con Corinthians, también de Brasil, la comisión directiva del ex presidente Guil detectó que con los 229.950,65 pesos recaudados pasó otro tanto. La denuncia describe que “se abonaron $ 30.000 como premio a los jugadores sin autorización de nadie y sin recibo de recepción, $ 10.000 por juicio quiebra de Old Manila Corp. sin documentación respaldatoria, figurando como autorizante y beneficiario el ex gerente González (mano derecha del imputado Miele) y $ 23.400 como anticipo a personal sin autorización e identificación de beneficiarios”.

Otro punto clave de la acusación por defraudación son los documentos descontados a tasas usurarias para el club. Detallan los abogados de San Lorenzo que “conforme se acreditó en autos, esa ‘política’ se llevó a cabo mediante el descuento de documentos (en muchos casos librados por empresas de primera línea como Coca-Cola o Cablevisión) en entidades de desconocida trayectoria y solvencia (algunas ni siquiera fueron individualizadas) y a una tasa de interés ruinosa para la institución”. Uno de los ejemplos mencionados en la denuncia es el del contrato firmado con la compañía de gaseosas el 23 de mayo de 1997 por 2.150.000 dólares. El pago por publicidad se acordó en 900.000 dólares a la firma del acuerdo y los restantes 1.250.000 dólares en once cuotas. A Miele se le imputa que los documentos por esta última suma se cedieron a la financiera Galveston, que abonó por ellos 1.034.525 dólares, es decir, el club perdió 284.525 de la moneda estadounidense.

El escrito agrega: “Resta señalar que en la financiera Galveston (cuestionada por la comisión legislativa investigadora de los delitos de lavado de dinero y sin domicilio en el país, y aparentemente sin representante legal), se pagaron intereses del 18,5 por ciento, cuando la tasa normal de aquella época rondaba el 7,21”. Además del contrato con Coca-Cola, se lo acusa al ex presidente por descontar documentos en convenios semejantes con Cablevisión, Albizzate SA, Adtime SA, South American Sports, TSC y T&T.

La denuncia se completa con hechos como el pago de la comisión por el pase de Sebastián Abreu al club La Coruña, las que se abonaron por los préstamos de Daniel Quinteros y Juan José Serrizuela, la cesión de Gustavo Campagnuolo a Racing y el destino del dinero por la venta del futbolista español Javier Artero López, transferido al Dundee de Escocia.

Durante el juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral de la calle Paraguay 1536, Miele mostró la constancia de un sobreseimiento en este último caso. Al menos zafó del episodio que tuvo como protagonista al ignoto volante español que fue vendido por 100.000 libras o 141.000 pesos, de los cuales San Lorenzo lo acusa por haber ingresado apenas 54.600 pesos a la tesorería.

Algo es algo.