Nicolas Sarkozy es un presidente sinfónico al frente de una orquesta a la que, según la sección, cuerdas, vientos o percusión, le hace ejecutar la partitura más adecuada: socialdemócrata, liberal, socialista, conservadora, derecha católica y hasta un poco más a la derecha. Uno de esos intentos ha desafinado al conjunto. La idea del famoso y controvertido debate sobre la identidad nacional, acompañado de la pregunta, “¿en qué consiste ser francés?”, se está volviendo contra el gobierno. El riesgo de que ese terreno de arenas movedizas se trague a sus promotores se torna cada día más tangible. En público y en privado, los miembros de la UMP, el partido de centroderecha de Sarkozy, desean que ese debate concluya lo más pronto posible, mientras que otros abogan por que se transforme en otra cosa. Las tensiones son tales que, en la línea recta de las elecciones regionales del próximo mes de marzo, muchos temen que lo que empiezan a constatar en el terreno se amplifique: que ese debate sirva exclusivamente a los intereses de la extrema derecha y que, por consiguiente, el antagonismo y la división que la idea suscitan en la sociedad empañen los comicios.

La idea inicial resultó para algunos incongruente, para otros innecesaria, otros la consideraron útil o, a lo sumo, oportunista en su intención política subyacente, es decir, ocupar el terreno de la extrema derecha en un tema donde los ultras encuentran más ecos. Sin embargo, casi dos meses después de iniciado el debate, el sentido primero se le fue de las manos al Ejecutivo y la respuesta a la pregunta “en qué consiste ser francés” fue paulatinamente reemplazada por una discusión meramente racial: cuál es el lugar y el papel que desempeñan los musulmanes en Francia. Cada semana, el debate se enreda con más densidad y son cada vez más constantes y diversos –por su origen de izquierda o de derecha– los reclamos para que el gran debate nacional organizado a través de Internet y en las prefecturas quede archivado en un placard. El Ejecutivo ha contribuido en mucho a alimentar la confusión entre “identidad nacional” y confrontación con los musulmanes en particular y con los extranjeros en general. La semana pasada, en el curso de uno de esos debates organizado en una prefectura y en la que participaba la ministra de la Familia, Nadine Morano, la respuesta que dio la titular de la cartera a una pregunta formulada por un simpatizante del partido de extrema derecha Frente Nacional encendió la pólvora. El militante le preguntó a Nadine Morano si el Islam y la República eran compatibles, a lo cual la ministra respondió: “Quiero que los jóvenes musulmanes se sientan franceses porque son franceses. Quiero que amen a Francia cuando vivan en este país, que encuentren trabajo y que no hablen en su jerga. Y quiero también que no se pongan la gorra al revés”.

Los socialistas aprovecharon la metida de pata –no es la única– para denunciar a la ministra y esta se defendió diciendo que lo que en realidad quería es que los jóvenes oriundos de familias de inmigrados escapen de su propia caricatura. Pero la mecha ya se había encendido una vez más. El ex presidente Jacques Chirac empezó a publicar declaraciones anónimas de miembros de la mayoría que pedían que se pusiera término al debate y criticaban la manera en que estaba organizado. Luego les llegó el turno a los responsables políticos de alto vuelo que lo hicieron con nombre y apellido. François Baroin, ex ministro de Chirac, diputado UMP y hombre del entorno de Sarkozy, declaró que la discusión “desata bajos instintos” y que era preciso que quedara suspendida “al menos en los períodos electorales”. A Baroin le siguieron tres ex primeros ministros de la derecha: Jean-Pierre Raffarin juzgó que el debate “carece de rigor intelectual”, porque “la identidad nacional no puede ser una reflexión de mostrador: Dominique de Villepin –enemigo acérrimo de Sarkozy– pidió su anulación, ya que, según él, un debate semejante no lleva a nada en medio de una crisis económica como la que está viviendo Francia. El último en pronunciarse fue Alain Juppé, ex premier y ex ministro de Sarkozy. Entre unas cuantas amabilidades, Juppé declaró: “Todo aquello que puede levantar a las comunidades unas contra otras, en particular los musulmanes contra los otros, es detestable”.

El ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson –un ex dirigente socialista–, está en el ojo de los adversarios de todos los campos. La semana pasada, decenas de personalidades del mundo de la universidad, la ciencia y la cultura pidieron que se cerrara el Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional. A la ofensiva general contra el debate se sumaron otros actores. Arielle Scwab, responsable de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia, se dirigió al gobierno para que zanjara la polémica. “A fuerza de servir de transmisión para opiniones racistas, el debate está dividiendo a la sociedad francesa y dificulta el hecho de vivir juntos.” El paroxismo de la situación quedó retratado en las declaraciones de Yazid Sabeg, comisario de la Diversidad, un puesto destinado a fomentar medidas para integrar a los inmigrantes. Sabeg dijo a la prensa que el debate “escapa a todo control”, que también “da a los musulmanes la sensación de que están discriminados”.

Las recurrentes declaraciones de carácter discriminatorio hechas por varios miembros del Ejecutivo y parlamentarios instalaron un escenario de pertenencias y orígenes étnicos y religiosos que no se encuentran en el habla de la sociedad. Ayer, más de 140 artistas, intelectuales y políticos franceses se dirigieron al presidente para pedirle que pusiera fin al debate sobre la identidad nacional. Los firmantes de la carta impulsada por la organización SOS Racismo estiman que el debate se convirtió en un “espacio de liberación de una palabra racista, lista para poner en tela de juicio, de forma insidiosa o explícita, la legitimidad de la presencia en territorio nacional de categorías íntegras de población”.