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–El diario estadounidense conservador The Wall Street Journal señaló que hay un auge de grupos franquistas en España surgidos con la crisis económica. ¿Está de acuerdo?

–La mayor diferencia que puede darse entre el auge de la extrema derecha en Europa y España es que en gran medida la extrema derecha aquí está dentro del Partido Popular (PP). En el PP anida lo que en otros países está separado de las formaciones de derecha tradicionales. Tanto política como institucionalmente, el poder de la extrema derecha se encuentra en la policía española, en la judicatura y en el propio gobierno. Cuando se dio la transición, de los 18 jueces y fiscales que participaban del Tribunal de Orden Público franquista, 12 pasaron a la Audiencia Nacional, por tanto ésta fue continuadora de la judicatura franquista. Lo mismo ocurrió con quienes habían torturado, que siguieron en la policía y el ejército. La mayor actividad de los grupos de extrema derecha ha sido de paramilitares que han surgido al amparo del gobierno, como fueron los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) durante el gobierno de Felipe González. Todos los implicados en esa trama criminal, entre ellos el ex ministro de Interior, José Barrionuevo, gobernadores civiles y el ex secretario de Estado, Rafael Vega, fueron condenados, pero el promedio de lo que cumplieron no llegó a ser la décima parte de las sentencias impuestas. Esa extrema derecha está relacionada con el propio aparato del Estado.

–¿Es tan escéptico de la Justicia? El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, está preso por la trama de corrupción Gürtel y el pago de sobresueldos a políticos.

–Es difícil tener confianza en la Justicia por dos razones: porque la judicatura franquista pasó íntegra a la Audiencia Nacional, y por lo tanto ha estado bastante viciada en su composición y actuaciones; y porque existe una relación muy estrecha entre Justicia y política.

–Si la Justicia no fuera independiente, ¿por qué estaría complicada la cúpula del PP?

–Hay casos en los que la corrupción estalla y el olor fétido es imposible de esconder. Evidentemente existen magistrados que cumplen un papel digno y profesional. La corrupción ha llegado a niveles generalizados en todas las instituciones principales, empezando por la propia monarquía y siguiendo por el gobierno central y las comunidades autonómicas como Andalucía, Valencia e Islas Baleares.

–¿Cómo siguen los casos de corrupción del partido gobernante español?

–La corrupción en el PP goza de una salud inmejorable. Sus bastiones electorales principales, Madrid, Valencia e Islas Baleares, están empapados hasta la médula de casos de corrupción. También el propio partido a nivel estatal, tal como sigue demostrándose día a día conforme se va estirando el caso Bárcenas. Es curiosa también la relación entre los territorios antes descriptos y el ámbito de las correrías corruptas de la propia Casa Real (el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, y la infanta Cristina). El régimen político-institucional actual hunde sus raíces en aquel otro franquista en el que era difícil distinguir entre lo público y lo privado, la arbitrariedad y la ley, el amiguismo y el gobierno. La razón de fondo de la corrupción en el Estado español –que afecta también al Partido Socialista– tiene mucho que ver con esas herencias.

–En algún momento parecía que estos casos de corrupción hicieron tambalear el gobierno de Rajoy...

–Sí, evidentemente fue un golpe muy fuerte. El gobierno está fuerte institucionalmente, porque tiene mayoría en el Parlamento, pero políticamente es débil. Entre las distintas corrientes del PP existe una lucha feroz: cada una utiliza información privilegiada en relación con las fechorías cometidas por otro sector. En el momento en que la crisis económica golpea, en que la credibilidad del gobierno disminuye, surgen fuertes divisiones en el PP, y esto favorece que se descubran temas y aparezcan pruebas en casos de corrupción.

–¿Cómo interpreta los límites a la jurisdicción universal que aprobó el gobierno español?

–Sabíamos hasta la fecha que el gobierno de Rajoy era una mera franquicia de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), servil y sumisa ante (la canciller alemana, Angela) Merkel y las finanzas y multinacionales europeas. Ahora sabemos también que se arrodilla ante Estados Unidos y China, modificando la legislación española en materia de la aplicación de la Justicia universal, a fin de que los crímenes contra la humanidad cometidos por estas y otras grandes potencias no puedan ser perseguidos desde el Estado español y se archiven así los casos abiertos: el asesinato del fotógrafo José Couso, del jesuita Ellacuría y sus compañeros en El Salvador, el genocidio de Irak, la matanza de saharauis por el ejército marroquí, la invasión y los crímenes propiciados por China en el Tíbet...

–¿Por qué ETA mostró las armas y luego se las llevó? El gobierno cuestionó a los verificadores internacionales...

–El gobierno del PP quiere una paz de vencedores y vencidos, como la del ’39, que sólo reconozca a los “caídos por Dios y por España”, y llene pueblos y calles de placas y monolitos en su nombre y, a la par, condene al olvido en cunetas, simas y ribazos a quienes no comulguen con su política. Que este gobierno tache hoy de “marionetas y cómplices de ETA” a verificadores y mediadores internacionales que han sido secretarios generales de la ONU, comisarios generales de la Interpol, ministros del Interior en Francia, presidentes de gobierno en varios países europeos y sudamericanos, es muestra de una intransigencia que raya en el más puro franquismo. Frente a ello es preciso afirmar la necesidad de construir un proceso de paz y normalización democrática que, al igual que el que se conformó en su día en Irlanda, Sudáfrica, Centroamérica, se asiente en el diálogo, la negociación, la inclusión y el acuerdo, porque solamente así podrá levantarse una paz asentada en cimientos firmes y duraderos.

–ETA abandonó la lucha armada, ¿cuál es el paso que sigue?

–Hace más de dos años, con el impulso de varias personalidades internacionales importantes como Kofi Annan, Gerry Adams, Pierre Joxe y Bertie Ahern, se firmó la declaración de Aiete en la que se marcaba una guía para la solución del conflicto armado. El primer punto de la misma reclamaba de la ETA el cese definitivo de la violencia, y a partir de ahí se decía que el gobierno español tenía que abrir una negociación con la organización separatista para ver cómo se solucionaban todas las consecuencias que se habían derivado del conflicto, incluyendo el tema presos, víctimas de todos los lados, el asunto de las reparaciones correspondientes, etcétera. Al mismo tiempo se planteó la apertura de otra vía de negociación con lo que eran las organizaciones políticas y sociales en Euskal Herria para abordar el fondo del problema vasco, que es un problema de libertad, de soberanía, que nosotros queremos encauzar por la vía democrática de autodeterminación.

–Tras la caída de la dictadura, se dio un debate entre las organizaciones independentistas vascas acerca de participar o no del Parlamento español. Usted es diputado en Madrid, entonces, ¿quedó atrás esa postura?

–Por primera vez la izquierda abertzale (izquierda radical vasca) participa en el Parlamento y esto tiene que ver con el giro estratégico que se ha producido en Euskal Herria por parte de la izquierda radical, de meterse en una nueva época en la que se piensa que la modificación de la correlación de fuerzas, la apuesta única y exclusiva por unas vías democráticas y pacíficas, que pretendan conquistar la mayoría de la sociedad, es la vía por la cual debe avanzarse, dejando de lado escenarios pasados en los cuales la violencia política tenía importancia. Dentro de toda la reflexión está la decisión de que es conveniente ir a Madrid, porque se tiene que escuchar ahí también nuestra voz en el proceso de paz y normalización democrática que queremos impulsar. También porque queremos aprovechar la presencia en el Congreso para tender puentes con la izquierda social, nacionalista, soberanista, existente en el conjunto del Estado.

–¿Qué diferencia hay entre los dirigentes que lideraban ETA durante el franquismo y los de ahora?

–En la transición, entre el ‘75 y el ‘80, hubo un debate muy fuerte que tenía que ver con las distintas ETA que estaban funcionando, también con las organizaciones existentes en el País Vasco. El franquismo nació de un golpe de Estado sangriento, que dejó por las cunetas a más de 200 mil personas, el régimen que después del camboyano de Pol Pot ha dejado más desaparecidos en la historia; de repente por el año ’77 se llegó a un acuerdo entre distintas fuerzas políticas democráticas, incluso el PSOE y los comunistas, de pasar a la transición. Con el Pacto de la Moncloa y la Ley de Amnistía, similar a la de punto final aquí, se dijo de empezar una nueva vía democrática. Algunas organizaciones políticas y armadas, como es el caso de ETA militar, sostuvieron que había una continuidad, que la transición era tramposa. Otras organizaciones que no eran armadas y pacíficas también dijeron que había temas pendientes, que el franquismo no se había acabado.

–¿Rajoy está dispuesto a negociar con la ETA?

–Durante los más de dos años de gobierno no mostró una estrategia mínima que favorezca un acuerdo. En el fondo lo que sucede con relación al conflicto vasco, una vez que ETA abandonó la lucha armada, es que el gobierno quiere una paz basada en vencedores y vencidos, insisto. Significa para Rajoy que hay que seguir aplicando penas duras a los que están presos, que hay que perseguir a mucha gente y encarcelarla, hay que buscar a los exiliados y meterlos presos por los delitos que han cometido y que ETA se entregue, se rinda y entregue las armas. Otra estrategia es entender que la paz tiene que basarse en el diálogo.

–¿Este año podría ser clave el referéndum soberanista de Cataluña? ¿Cuánto influirá en el reclamo vasco?

–Habida cuenta de la postura intolerante manifestada por el gobierno del PP (el PSOE no le anda muy lejos), lo más previsible es afirmar que nos encontramos en Cataluña ante un choque de trenes. Aún es pronto para afirmar con cuántos vagones irá cada cual y a qué velocidad lo harán, pero el choque político y social, y previsiblemente también institucional, está garantizado. En este contexto, hay que prepararse para apoyar solidariamente a Cataluña. En cuanto a la influencia de la situación catalana en el escenario vasco, pienso que por razones históricas, de división territorial (País Vasco-Navarra), de la importancia que tiene el encauzar hoy en Euskal Herria un proceso de paz y normalización democrática, del específico mapa político, sindical y social vasco, nuestra tarea es establecer una vía propia de conquista de la soberanía. Dicho esto, es evidente también que el protagonismo de la ciudadanía catalana en todo este proceso (referéndum local, diadas multitudinarias), y la capacidad de acuerdo demostrada por sus principales fuerzas políticas soberanistas y de izquierdas, es algo de lo que debemos tomar nota y extraer enseñanzas.

–El tema catalán, ¿le cambia el eje al gobierno, es decir, lo saca del País Vasco?

–Este gobierno tiene mayoría absoluta en el Parlamento, pero está debilitado porque las encuestas dicen que un tercio de la gente que lo votó ha desertado. Es un gobierno mentiroso. Ellos dijeron que no iban a privatizar la salud y la educación, y lo han hecho. En política electoral hacer conjeturas es complicado, pero creo que es evidente que hay una crisis institucional muy fuerte en el Estado español, y existe un debate sobre la unidad de España. En Madrid hubo tres huelgas generales; y en el País Vasco, siete desde que comenzó la crisis; el nivel de contestación expresado en movilizaciones y huelgas es el pan nuestro de cada día. La imagen que desde los grandes medios se quiere dar del País Vasco es una imagen ligada estrictamente a lo que fue el conflicto armado. Con relación a la situación actual, sólo interesa saber cuándo ETA va a dejar las armas, cuándo va a desaparecer del todo. Pero, por caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que la doctrina Parot era totalmente ilegal (N. de la R.: la Justicia le dio la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra la doctrina Parot, aduciendo que los tribunales españoles buscaban extender la estadía de la mujer en prisión de forma irregular).

–Rajoy afirma que España superó la crisis económica. ¿Qué opina? ¿Con qué otras medidas avanzará el PP?

–Cuando Rajoy habla de que la crisis económica se está superando, piensa sobre todo en las multinacionales del IBEX-35. Los cinco principales bancos del Estado han cuadriplicado sus beneficios durante 2013. La gran deuda privada de la banca se ha transformado en deuda pública del Estado y amenaza con convertirse en impagable. El descenso en el paro (desempleo) se debe sobre todo a que los inmigrantes se han marchado durante el pasado año por cientos de miles y la juventud emigra por decenas de miles. Los antiguos contratos indefinidos de jornada completa se convierten ahora en contratos temporales y de jornada parcial. A esto llama Rajoy salir de la crisis. El gobierno del PP falsea así los datos económicos más que Bárcenas los suyos cuando hacía su declaración de la renta, en la que siempre le salía a devolver. El gobierno del PP es un gobierno de trileros expertos como nadie en esconder la bolita de la realidad social del paro, el incremento de la desigualdad, la pobreza, la exclusión social.

–¿Qué espera que pase en los comicios europeos de mayo?

–La Unión Europea se está mostrando cada vez más como un proyecto hecho a la medida de los mercaderes y los Estados. Si algún sentido tiene ese proyecto, deberá ser el del reverso de lo hoy existente: frente a la Europa del capital y las finanzas, la Europa de los trabajadores y los sectores populares; frente a la Europa de los Estados, la Europa de las naciones y los pueblos; frente a la Europa de los gobiernos, la Europa de la ciudadanía; frente a la Europa de las burocracias, la Europa de la democracia. En esa dirección estamos ultimando la conformación de una candidatura que representa el máximo posible de fuerzas soberanistas y de izquierda del Estado, que pronto verá la luz.

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