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–¿Cuál es su análisis de los resultados de las elecciones departamentales y municipales del 10 de mayo pasado?

–Los resultados no fueron malos, tampoco buenos. El FA retuvo tres de los cinco gobiernos departamentales que ya detentaba, recuperó dos de los cuatro que había tenido previamente y se hizo, por apenas doscientos votos, con Río Negro. La pérdida de Maldonado y Artigas, sin embargo, le dejó un gusto amargo. Es la primera vez, después de diez años, que el Frente pierde en Maldonado. Allí no se da lo que sucede en Montevideo y Canelones, en donde el Frente se ha transformado en el partido predominante. En Maldonado gobernamos durante diez años, pero hay un efecto de retorno del viejo Partido Nacional. Por eso nos duele y es a lo que debemos prestar atención. Los comicios vuelven a expresarle al FA que no las tiene todas consigo, que lo de los otros no sólo es dinero y propaganda, que las elecciones no se ganan de cualquier manera y, a veces, ni siquiera con buenos candidatos. Que el hecho de haber sacado al país de la crisis y haberlo hecho prosperar no es garantía de nada.

–¿Qué escenario vislumbra de cara al futuro?

–Estas elecciones dejan varias lecciones. El Frente Amplio debe pasar de una estrategia “global” a diseñar diecinueve estrategias departamentales. El cansancio es de los dirigentes, no necesariamente de los electores. Y lo que tiende a volver difíciles las campañas electorales no es el cansancio sino el dinero. Buena parte de estos y otros problemas que presenta nuestra democracia se resolverían con una buena ley de financiamiento de campañas electorales que asegure recursos iguales a los partidos, como la que existe en la mayor parte de los países del mundo. En tal sentido, medidas orientadas al uso “público” de la televisión que garantice la visibilidad de todos resultarían muy sanas para el funcionamiento de la poliarquía uruguaya. Paradójicamente, esto parece más difícil de hacer que impulsar una nueva reforma constitucional.

–¿Por qué?

–El FA ya no tiene un crecimiento “irresistible”. En los tiempos que siguen, además de administrar gobierno, deberá dedicar tiempo y energía para pensar en las transformaciones que será necesario hacer de cara al futuro. Está claro que precisa “fidelizar” electores pero, sobre todo, seguir haciendo trabajo político con la gente.

–Las últimas tres elecciones presidenciales en Uruguay dieron por ganador al candidato del Frente Amplio, ¿una tendencia hacia el fin del bipartidismo?

–Para encontrar una situación semejante es preciso remontarse a los años 1950; luego no existió nunca tal repetición de un partido en el gobierno. Eso pone a los partidos de la oposición en un estado de alerta máxima. Además, el candidato gana con una mayoría apretada, en el sentido de que tenemos 50 diputados de un total de 99 y 16 senadores de un total de 31. Siempre tenemos un voto más que ellos. Solemos llamarlo “el voto 50”, porque eso da muchísimas posibilidades al chantaje a algún disidente nuestro: en esta situación, una sola persona te deja sin mayoría. Tenemos mayoría, pero para ejercerla es necesario mantener una disciplina perfecta. Esto nos pasó con el aborto. El diputado 50, que era diácono de la Iglesia Católica, no quiso dar su voto. Entonces, tuvimos que negociar con un partido pequeño –que tenía sólo dos diputados– todo otro proyecto. Que esa mayoría sea por un voto conlleva una gran necesidad de hacer acuerdos internos para evitar disidencias dentro de las votaciones. Aunque luego, en segunda vuelta, ganamos holgados. Este es un dato importante también, el hecho de que en segunda vuelta ganemos por 4 o 5 puntos de diferencia.

–¿Qué dificultades acarrea esta dinámica legislativa?

–En la Constitución uruguaya hay cuestiones que deben modificarse por mayorías especiales, por ejemplo, la modificación de leyes electorales. El voto en el exterior no ha salido en Uruguay porque se entiende como una modificación de la ley electoral y los partidos de la oposición no nos dan los votos. La ley de cuotas para las mujeres salió por única vez porque ésa fue la condición que pusieron los partidos de la oposición, pero nosotros queremos ampliarla y hacerla indefinida. Las venias, las aprobaciones que hace el Senado de los embajadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia, todo eso precisa de mayorías especiales.

–¿Qué ocurre en el caso de los nombramientos? El régimen es distinto, ¿verdad?

–Sí, y consiste en que, si a los 60 días la oposición no te da los votos entonces ahí tenés una venia fija. Sin embargo, son muchas las cosas que precisan de mayorías especiales. El modo en el que Uruguay modifica sus leyes electorales nos complica profundamente.

–¿Por qué?

–Dos ejemplos de lo que digo: el tema del voto en el exterior y la cuota para mujeres. Luego, el Frente tiene mucha disciplina parlamentaria. Incluso, el Parlamento funciona como una correa de las decisiones del Poder Ejecutivo. No hay demasiados problemas con la disciplina parlamentaria cuando las cosas vienen desde el Ejecutivo. Ahora, cuando los proyectos son presentados por legisladores o por la sociedad civil, entonces la disciplina parlamentaria se vuelve más difícil de conseguir. Pero no creo que tengamos ese tipo de problemas en este período.

–¿Eso obstruye una dinámica más democrática en la sanción de las leyes?

–El tipo de problemas a los que Uruguay se va a enfrentar son de otro orden, y tienen que ver con un enlentecimiento del avance del crecimiento económico en el país y en la región. Me parece que eso es lo que está determinando hoy la perspectiva económica de Brasil, Argentina y Uruguay. Tenemos que enfrentar el enlentecimiento de la economía brasileña. Eso es lo que va a colocarles restricciones en los próximos cinco años a las reformas que teníamos pensado implementar: reforma de la Justicia, inversión en infraestructura y logística (que para Uruguay está siendo muy determinante del proyecto de desarrollo) y el sistema nacional de cuidados. Todo esto en un contexto de restricción del crecimiento económico. Habrá que ver prioridades; ésa va a ser la gran discusión de este año.

–Dentro del gobierno de Tabaré Vázquez, ¿a quién se puede identificar como continuidad del ex presidente José “Pepe” Mujica?

–En este momento, quien aparece como referente es su esposa, la senadora Lucía Topolansky (quien fuera candidata a intendenta de Montevideo), dentro del Movimiento de Participación Popular (MPP), Frente Amplio. Ella es la figura más importante dentro del Movimiento; no me animaría a decir que es la continuidad, pero sí el referente que viene a ocupar el lugar de liderazgo en ausencia de Mujica. El hecho de haberla ubicado al frente de la Capital en la campaña electoral da cuenta de que quisieron poner lo mejor que tenían. Mujica no va a precisar continuidad porque él sigue ahí, con su voz, con su presencia, habla todos los días. Sin ir más lejos, si uno toma en cuenta la cantidad de segundos que aparece Mujica y la cantidad de segundos que aparece Vázquez, sin dudas Mujica lo debe doblar.

–Teniendo en cuenta las diferencias entre Mujica y Vázquez frente a lo regional, ¿quién de ellos tomará las decisiones de fondo sobre lo que debe hacerse?

–En política exterior y en política económica tenemos ya una controversia con respecto al TISA (Acuerdo de Comercio de Servicios, por su sigla en inglés). La idea es que sea un tratado multilateral para liberalizar el comercio de servicios entre Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América latina. Se trata de una discusión que ya se instaló y, de alguna manera, saltó que Uruguay estaba participando en esas negociaciones pero nadie sabía nada, aunque el gobierno insiste en que avisó a los sindicatos. Saltó –incluso– que esa negociación comenzó en el período de Mujica. Ahí, el Frente Amplio debe tomarse tiempo para resolverlo.

–¿En qué sentido debería resolverlo? ¿Cuál es la conveniencia del TISA para Uruguay?

–El gobierno está tomando las riendas de lo que entiende debe ser una política exterior de izquierda. La Cancillería actual no tiene la misma orientación que aquella de la época de Mujica. Nosotros teníamos a Almagro, un canciller jugado por el tema de los derechos humanos. Fue él quien impulsó la derogación de las leyes de caducidad. Luego, Almagro fue decisivo para el reconocimiento del Estado Palestino. Tuvo una política muy en consonancia con lo que creemos que debe ser una política exterior de izquierda; lo interpelaban y lo llamaban al Parlamento por esa característica. Nin Novoa, el canciller actual, tiene otra perspectiva y cuando se enfrenta a la situación de Venezuela, da la pauta de una perspectiva mucho más crítica hacia ese país.

–¿Más cercana a Washington?

–Más crítica de Venezuela sin dudas... Después estuvieron las reuniones de Tabaré con Obama. Y hoy hay toda una discusión respecto de los presos de Guantánamo y quién debe hacerse cargo de los costos de su permanencia en Uruguay. El gobierno de Estados Unidos, así como en Uruguay se dan pensiones reparatorias a los presos de la dictadura, debería darle una pensión reparatoria a esos presos que estuvieron detenidos sin condena, de manera completamente irregular. Ahora mismo tenemos una discusión con esto que viene del gobierno de Mujica, como con el TISA. De todas formas, algo de esto se vio ya con el primer gobierno de Tabaré y el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con Estados Unidos (TIFA)... Ahí Mujica dijo que dejaba la discusión para el próximo gobierno. Entonces el Frente Amplio se para firme y asume la discusión; en eso estamos, pero hay una gran resistencia. El 1° de mayo, la central sindical salió a posicionarse fuerte contra el nuevo TISA.

–¿Es posible pensar que Uruguay utilice este tipo de convenios como presiones hacia los otros países del Mercosur?

–Uruguay genera cierta presión al establecer acuerdos por fuera del Mercosur. De hecho el tratado de libre comercio con Estados Unidos no salió porque, en alguna medida, Brasil se paró firme y dijo: “no”.

–¿Es decir que Brasil tiene capacidad de veto sobre las decisiones de política exterior de Uruguay?

–Brasil tiene capacidad de “convicción” sobre nosotros. Ahora, en el caso del TISA, no habrían puesto ningún reparo –ni Argentina ni Brasil– de que Uruguay participe en las negociaciones, que recién están comenzando. Los tratados después deben ser ratificados por los Parlamentos. Lo que sostiene Uruguay es que participar en las negociaciones es bueno, que de ese modo se conoce la información desde adentro y que, además, todos los países pueden presentar la lista de aquello que no quieren liberalizar.

–¿Y tienen tal margen de libertad para decidir qué es lo que no quieren liberalizar?

–Esa ha sido la defensa del gobierno uruguayo, pero lo cierto es que el gobierno sindical dijo: “no”. Los inconvenientes del TISA me quedan claros, lo que no me queda claro es qué ganaría Uruguay. Ahora, cada ministro está presentando un informe sobre el TISA respecto de su propia cartera. La Cancillería está de acuerdo con ser parte en las negociaciones. Uno debería conocer los argumentos productivos: ¿de qué le sirve a Uruguay liberalizar servicios? ¿Qué servicios importantes que exporta Uruguay serían favorecidos con el tratado? Son claros los inconvenientes respecto de la participación de empresas extranjeras en los servicios que tenemos monopolizados, como Antel. Se ha dicho que los servicios monopólicos públicos no se liberalizarían. El tema es sobre las cosas que hoy no son monopólicas y públicas pero que quizás mañana se quiera reservar para un tratamiento diferencial en términos de mercado. En principio, no lo veo con buenos ojos. Los países que se han incorporado a las negociaciones no son los países del Mercosur con una perspectiva más desarrollista; son países con orientaciones muy distintas a las nuestras.

–¿Qué implica para Uruguay la incorporación de Bolivia y Venezuela al Mercosur?

–Para nosotros es benéfico. Como Uruguay de alguna manera tiene esa determinación geopolítica de ser pequeña y vivir entre dos grandes, todo lo que sea ampliación del Mercosur es bueno. Sobre todo cuando se amplía con países menores, porque de ese modo aumenta la capacidad de orientación y negociación que tenemos los más chicos en relación a los grandes. Uruguay incrementó muchísimo sus relaciones comerciales y económicas con Venezuela. Por un lado, una buena parte de los productos lácteos van para allá; por otro, Venezuela fue muy generosa con Uruguay a través de la ayuda a emprendimientos específicos. Por consiguiente, el deterioro económico de Venezuela afecta a Uruguay y afecta, además, a sectores específicos de mercado como la lechería. Para nosotros, este asunto fue gracioso, porque cuando el Mercosur decide suspender la condición de socio a Paraguay e incorporar a Venezuela, en Uruguay se discutió mucho más la sanción a Paraguay –los Blancos y Colorados no querían porque tienen compromisos con el gobierno paraguayo– que la incorporación de Venezuela, porque todos tenían claro los beneficios económicos que podía implicar. Y ahí los argumentos ideológicos pasaron a un segundo plano, y no les parecía mal la incorporación de Venezuela aunque pudiera no parecerles bien la forma en que se hizo.

–¿Y en el caso de Bolivia?

–Con Bolivia, las relaciones comerciales no son tan intensas. Bolivia también pasó a ocupar un lugar políticamente destacado: por Evo, por el indigenismo, por la refundación del Estado plurinacional. Ahora se la mira con más respeto.

–¿De dónde surge ese respeto?

–En materia de drogas, nosotros hemos estudiado el caso boliviano porque para la regulación del cannabis Uruguay siguió lo que hizo Bolivia, más allá de que los recorridos hayan sido diferentes. Volviendo a la ampliación del Mercosur, para nosotros todo es ganancia. De hecho, lo ideal sería tener un Mercosur tan grande como la Unasur, que toda la región funcionara como un bloque comercial.

–¿Cuáles son los obstáculos para esa ampliación? Incluso para avanzar con el Banco del Sur...

–En el caso del Banco del Sur, que sería tener nuestras propias fuentes de financiamiento, hay varias cuestiones. Primero, Chile se desprende de esta idea: cuando debe elegir se desentiende del proyecto y todos sufrimos su elección. No sé cómo resuelve esto pero lo hace muy firmemente y, mientras todos nos orientábamos hacia una economía regional, Chile se cortó solo. Luego tenemos la Alianza del Pacífico: Colombia, Perú, todas estas economías que además están muy enganchadas con Estados Unidos; un país, este último, que no mira con buenos ojos estos intentos de una economía continental. Tenemos a Chile que defecciona y a México que defecciona por defecto. Hoy en día, cuando hablamos de América Latina hacemos un corte y dejamos a México de lado, y esto es triste porque México era muy importante en la perspectiva de la patria grande.

Pero México, más allá de formar parte de América latina, es un país que comparte más cosas con Estados Unidos que con cualquier país de Sudamérica. Lo que impide la integración es el modo en que Estados Unidos juega en el tablero estableciendo relaciones unilaterales con países y el hecho de que todo el mundo le quiera vender a la economía norteamericana. Además, buscar la unidad latinoamericana es meterte en un gran lío, porque vemos que los países tienen economías muy distintas. Sin ir más lejos, la convergencia de la política monetaria. Si no hay convergencia de la política monetaria entonces surgen problemas como los que nosotros tenemos con el turismo argentino. Ahora tenemos ese problema con Brasil ellos abarataron mucho su dólar. La economía del free-shop y la zona franca se está cayendo a pedazos por falta de convergencia de las políticas monetarias. Los países están muy desesperados por encontrar su propio proyecto de desarrollo regional. Hasta hace 20 años éramos pobres y vivíamos en crisis. “La década ganada” es una década, no medio siglo. Lo que siento es que Brasil y Argentina buscan su destino nacional, cuando nosotros buscamos un destino regional. Para los países pequeños, el destino regional es mucho más importante que para los países grandes.

–¿Qué peso tienen los conglomerados transnacionales en la letra chica de los acuerdos internacionales, como el TISA?

–Imagino que mucho. En los años 1980 no teníamos una perspectiva de la relación regional positiva como se tiene ahora. Para nosotros, todo eso era un paquete en el cual sólo ganaban las transnacionales y se liquidaban las industrias nacionales. Porque veíamos que se rebajaban los aranceles, que se daba la liberalización comercial, siempre se sabía quiénes eran los vivos de la película. Por eso la izquierda uruguaya se resistió al Mercosur, cuando ahora es la primera en defenderlo. Hay otra cosa: en Uruguay las transnacionales también significan empresas argentinas y brasileñas. Lo mismo le pasa a Bolivia y a Ecuador. Hay un fenómeno de transnacionalización de grandes empresas que también es regional y ahí Brasil juega un gran papel.

–¿Cuán significativo ha sido el rol de la sociedad en la ampliación de derechos en Uruguay?

–Todo aquello que se conoce como “avance de los derechos” y que se considera como “avances de Mujica” hay que reconocérselo a la sociedad civil. Es una alianza virtuosa entre sociedad civil y Parlamento. Salvo la regulación del cannabis, la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario no son proyectos del gobierno. Claramente la despenalización del aborto no lo es; lo único que le pedimos al Gobierno es que lo dejara fluir, lo mismo sucedió con el matrimonio igualitario, que es una iniciativa del movimiento gay y de las Ovejas Negras (una organización defensora de los derechos de las personas Lgtb de Uruguay).