Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer un plan de obras públicas por 111 mil millones de pesos, a ejecutar prioritariamente en el próximo trienio. Bajo ese título amplio se incluyen desde los emprendimientos en ejecución a los que se planea licitar y otros en proceso de adjudicación, como el gasoducto que llegará al continente desde la insular Tierra del Fuego con un desembolso de varios cientos de millones de dólares, muy por encima de lo previsto originalmente. Las fuentes de recursos, privadas y públicas, son tan diversas como los rubros, mixtura común en las presentaciones de este tipo de megaprogramas. Pero en este caso hay un dato que prueba la vocación keynesiana del paquete: unos 57 mil millones, la mitad del total, serán desembolsados en el 2009, en virtud de la aceleración de proyectos. Esto ratifica el criterio oficial de paliar los efectos de la crisis alentando a uno de los sectores más dinamizadores de la economía. Según proyectaban ayer los empresarios del rubro, el empujón permitiría a la construcción saltar del 3 al 5 por ciento del PBI.

El aliciente llega justo cuando uno de los sectores más mimados por la gestión kirchnerista empezaba a flaquear, después de haber crecido ininterrumpidamente desde el 2009 a llamativas tasas del 9 por ciento en los primeros años. Pero el parate esbozado en la obra privada, fundamentalmente, hizo que se revirtiera el constante aumento en la grilla de personal, que en los últimos meses se contrajo respecto del año anterior. La idea es frenar esa incipiente sangría de puestos de trabajo y el declarado objetivo presidencial es llevar el empleo de los 360 mil agentes actuales a más de 700 mil.

En la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, un par de semanas atrás, la Presidenta había advertido que ayer anunciaría un programa de obras por 71 mil millones de pesos, aunque sin precisar en qué tiempo sería ejecutado ni qué obras específicamente involucraría. El secretario de Obras Públicas, José López, precisó luego que ese número se extenderá, aunque aclarando que hay algo más de 40 mil millones que el Gobierno “debe salir a buscar”, porque depende de un financiamiento aún no conseguido. Por lo demás, todo parece estar previsto.

El aliento a la construcción no es nuevo. La ley de Presupuesto 2009 prevé para Planificación, responsable del desarrollo, una masa de recursos totales por 33,7 mil millones de pesos, lo que implica una suba superior al 20 por ciento respecto de este año. Pero este paquete generoso tendrá un refuerzo importante, hasta llegar a los 57 mil millones en el 2009.

Habrá unos 2500 millones aportados por organismo multilaterales como el Banco Mundial o el BID y la Corporación Andina de Fomento (Caf). Un aliento mayor infundirán las entidades estatales como el Banco Nación y la Anses, con un paquete de 12 mil millones de pesos. Según se declaró ayer, se volcarán al plan los 3500 millones que resultarán de ahorrar subsidios al sistema eléctrico, gracias a los recientes ajustes para los mayores consumidores de energía eléctrica.

A semejanza de otros anuncios similares en la historia reciente, éste tiene su costado cosmético. No se trata de disponer de grandes masas de recursos adicionales a los ya previstos ni de emprendimientos extraordinarios. Se trata de achicar plazos y garantizar la disponibilidad de fondos para lo ya previsto, presentando el paquete con un impactante número total, para influir sobre las expectativas económicas.

Qué obras: todos los rubros. El listado incluye grandes emprendimientos a cargo de la Nación, en algunos casos en coordinación con el sector privado, como el de los gasoductos del Nordeste o el fueguino (en proceso de adjudicación, por más de 500 millones de dólares, contra los 200 iniciales). Pero hay también ampliación de la infraestructura ferroviaria, autopistas o caminos. A lo que se suman puentes o viviendas. Esa variada nómina fue confeccionada con la colaboración de gobernadores e intendentes, que aportaron a la compilación hecha por Planificación, volcada en el Plan de Ocupación Territorial.

Dinámica financiera: Brasil y los jubilados argentinos. Los recursos globales incluirán aportes del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) y de la Anses, que hoy sirven para financiar la expansión de los gasoductos troncales o la infraestructura que desarrolla la estatal empresa de aguas y cloacas Aysa a través de fondos fiduciarios: aquella entidades anticipan el dinero, antes de que se emitan las correspondientes obligaciones negociables. El paquete de los “111 mil millones” subsume también grandes emprendimientos, de montos unitarios importantes, y mecánicas a veces controvertidas, como la que dio lugar al affaire Skanska, contratista en la ampliación de la red de TGN.

Fondos privados: algunos por venir. Del paquete total, unos 14 mil millones provendrían de fondos privados. En este capítulo se incluirían, por ejemplo, cinco diques a emplazar en San Juan, Mendoza y Neuquén, que recién están en la etapa de declaración de interés. El monto exacto de las obras y la fuente precisa todavía se desconocen.

Participación del interior: abrir el juego. Fundamentalmente para un programa de 300 mil viviendas en todo el país y algunas otras obras, la intención es fragmentar la ejecución, promoviendo licitaciones más chicas, a cargo de las provincias y los municipios, que harán esas convocatorias utilizando el dinero que les girará la Nación. Por esta vía, se daría cabida a las constructoras pymes del interior.

Precio tope: evitar sobreprecios. Gran parte del plan se refiere a obras en ejecución. Pero para las nuevas licitaciones, el criterio será el de imponer un valor máximo para adjudicar al oferente que finalmente pida menos. Esta mecánica ha sido utilizada en otras ocasiones pero, a juicio de los empresarios del rubro, muchas veces sólo demoró el proceso: por falta de interés en el monto asignado al proyecto no hubo oferta, lo que obligó a relicitar con un tope más alto. Hoy el presupuesto previsto para una obra pública es un valor aproximado y flexible, que se ajusta cuando se decide la licitación. Esa mecánica evitaría la incómoda situación generada hoy por la “redeterminación de precios”, ajuste en los montos de las obras públicas, cuya revisión se habilita cada vez que los costos saltan por encima de cierto valor. Aunque a priori es una prerrogativa, este punto genera constantes fricciones con uno de los sectores empresarios más apañados por la política oficial.