Pese a las expectativas previas, la Mesa de Enlace rural eludió un pronunciamiento en favor de la aplicación de medidas de fuerza como método de protesta. La expresión del sector se limitó a la difusión de una “carta al país” en la que le demanda al Gobierno “actos de grandeza” y amplitud de criterio “para trabajar en conjunto en búsqueda de soluciones”.

Los presidentes de las cuatro entidades –Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro– hicieron dicha presentación describiendo la situación del sector frente a la crisis y amenaza de recesión internacional. El documento tiene un tono más contemplativo del que caracterizó a la Mesa de Enlace desde su creación. “Unidos podemos afrontar” las dificultades, señalando entre estas últimas a las de origen climático como las del orden político y económico.

El texto destaca que alguna de las manifestaciones de la desaceleración económica local son el desempleo creciente, la falta de rentabilidad empresarial, la incertidumbre de los mercados y la caída de las exportaciones. Remarca que la cadena agroindustrial es generadora de empleos, aporta importante valor a sus productos y es uno de los sectores más avanzados tecnológicamente. Sostiene que el conflicto sectorial no se circunscribe a las retenciones a las exportaciones y, en dicha línea, el texto de la carta al país exhorta a seguir luchando para resolver los grandes y graves problemas pendientes en el sector rural.

El reclamo, subraya, “fue, es y será” en defensa de los productores de granos, carne, leche, trigo, azúcar, yerba mate y otras tantas actividades productivas, “perjudicadas por políticas improvisadas y de sentido opuesto al que se requiere, como el cierre de exportaciones de algunos rubros”.

La Mesa de Enlace postula que “la crisis económica se combate con más producción”, con “sustentabilidad y previsibilidad a quienes producen” y con reglas claras y políticas públicas “responsables” que permitan una “distribución más justa de la riqueza”.

En ese contexto, la dirigencia rural considera que se puede “multiplicar la producción en todos los rubros” y advierte que, de continuar con las actuales condiciones, “corremos el riesgo de tener que importar” lo que puede producirse en el país. Sin mencionar siquiera la posibilidad de acciones directas, la Mesa de Enlace convocó a dirigentes y técnicos del sector “a trabajar mancomunadamente, junto con los poderes de la Nación y de las provincias”, al tiempo que pidió a las entidades y cámaras empresariales que se sumen a este compromiso, para contrarrestar la crisis que atraviesa el país.

Según fuentes cercanas a la dirigencia rural, el punto de inflexión podría darse entre febrero y marzo del año entrante, cuando levanten la actual cosecha. Varios dirigentes formularon, en forma particular, advertencias sobre un probable endurecimiento de las posturas hacia comienzos del año próximo, aunque se guardaron de dejarlo por escrito en el texto divulgado ayer.

Por ahora, ni la baja de cinco puntos en las retenciones al maíz y el trigo ni la recuperación parcial de los precios internacionales de la soja –volvió a colocarse a nivel local en valores similares al de un año atrás– han servido para tranquilizar a los sectores rurales más conservadores y enfrentados políticamente con el Gobierno. La sequía y el endurecimiento de las condiciones comerciales afectaron la rentabilidad agropecuaria, no sólo de la pampa húmeda sino también de muchos cultivos regionales, a los que el gobierno nacional todavía no acierta a darles una respuesta satisfactoria.