El Ciadi rechazó en forma total la demanda iniciada por 600 millones de dólares contra el país por la empresa Thales Spectrum, informó ayer la Procuración del Tesoro de la Nación. La decisión fue tomada por un tribunal compuesto por Grant D. Aldonas, nombrado por Thales; el profesor Georges Abi-Saab, designado por Argentina, y Hans Danelius, nacional de Suecia y presidente del Tribunal nombrado por el Ciadi, quienes señalaron de que “el Ciadi no tiene jurisdicción sobre el arbitraje” iniciado por la firma. El pronunciamiento sobre Thales se suma al formulado la semana pasada respecto a una presentación hecha por la petrolera Wintershall. “El Ciadi cierra el caso y si a Thales le parece puede iniciar su caso ante la Justicia argentina, en realidad es un reconocimiento del Ciadi, del Banco Mundial, del derecho internacional y de la comunidad internacional a la seguridad jurídica argentina”, remarcó Osvaldo Guglielmino, procurador del Tesoro de la Nación.

Esta decisión se suma a una serie de decisiones del Ciadi favorables a la Argentina, que incluyen los laudos en los casos Metalpar, Continental, Wintershall, y también LG&E, que reconoció la emergencia en nuestro país y que ahora ha sido suspendido por acuerdo de las partes. TSA estaba representada en el Ciadi por el estudio estadounidense King & Spalding, el mismo que eligieron los inversores de Aerolíneas Argentinas.

La dependencia oficial recordó que el vínculo del Estado data de “mediados de 1997 cuando la Comisión Nacional de Comunicaciones, tras una licitación que luego sería muy cuestionada, le otorgó una concesión a Thales Spectrum para la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico por 15 años con la opción de prorrogarlo por 5 años más”. En 2004, el contrato fue rescindido por el gobierno nacional, sobre la base de incumplimientos de TSA y de irregularidades en el proceso de licitación. En julio de 2001 se inició una investigación en la Justicia criminal, como resultado de una denuncia de la Oficina Anticorrupción en relación con las irregularidades en el proceso de licitación. A principios del corriente año, el 26 de febrero, se dictó el procesamiento sin prisión preventiva de varios de los acusados, por los delitos de defraudación por administración infiel agravada por ser en perjuicio de la administración pública.