Por Maximiliano Montenegro y David Cufré

El director gerente del Fondo Monetario, Horst Koehler, le dijo anteayer a Roberto Lavagna que el Gobierno debe aumentar impuestos y subir las tarifas de los servicios públicos entre un 20 y un 30 por ciento si quiere aspirar a un acuerdo. El ministro de Economía le reiteró que no hay espacio político para hacer ninguna de las dos cosas, como ya había planteado la semana pasada en las correcciones a la Carta de Intención. Cerca de Lavagna reconocieron a Página/12 que la presión del FMI es fuerte, especialmente por el tema tarifas, pero interpretaron que se trata del último intento del organismo por imponer su posición. El equipo económico confía en que el respaldo del gobierno de Estados Unidos será suficiente para cerrar las negociaciones, sin que haga falta, esta vez, acceder a aquellas demandas.
“No vamos a firmar algo que no podamos cumplir”, sentenció anoche el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, al reconocer indirectamente las presiones que recibe el Gobierno desde Washington. El funcionario aseguró que Argentina “podría haber firmado un acuerdo” hace tiempo, pero no lo hizo para no caer rápidamente en un incumplimiento. “Lo que no nos permite firmar (con el FMI) es una cuestión de responsabilidad. Argentina ha firmado acuerdos y a los tres meses tuvo que pedir un waiver. No vamos a firmar un acuerdo que no podamos cumplir”, insistió Nielsen.
Después de la comunicación con Koehler, Lavagna le informó a Eduardo Duhalde que las discusiones con el FMI volvieron a complicarse. Pero el Presidente respaldó su negativa a los incrementos tarifarios –en el nivel que pide el FMI– e impositivos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se convirtió en el principal aliado del Gobierno. El agravamiento de la crisis de Brasil y la decisión de Argentina de dejar de pagar a los organismos de crédito pesaron en la evaluación de Paul O’Neill y John Taylor, que temen el derrumbe en cadena de las economías latinoamericanas si pierden el control de dos de los países más grandes de la región.
“Vamos a seguir trabajando para normalizar la economía. Si es con apoyo del Fondo mejor, y si el Fondo nos da la espalda, suspenderemos los pagos a los organismos de crédito”, remarcó uno de los colaboradores de Lavagna a este diario. Sin embargo, indicó que “todo está dado para que haya acuerdo”, gracias a la presión que está ejerciendo el gobierno estadounidense sobre el Fondo. Antes de dar el sí, las autoridades del organismo procuran arrancarle a la administración Duhalde la aceptación de nuevos compromisos.
El Grupo de los 7 también está interesado en que el aumento de tarifas de servicios públicos se ubique entre el 20 y el 30 por ciento. Italia, Francia e Inglaterra se interesan por este tema por la participación de empresas de sus países en privatizadas argentinas. “El Gobierno no va a dar el brazo a torcer”, insistió el funcionario de Economía. El argumento es que la situación política impide un ajuste de tarifas como el que se reclama. Lo mismo le dijo Lavagna a Koehler en su contacto de anteayer respecto al pedido de una suba de impuestos. Puntualmente, el Fondo plantea que se eleve el impuesto al gasoil hasta equipararlo con el de la nafta, y que se aplique un gravamen sobre los intereses de los plazos fijos. “No aumentaremos la presión tributaria el año que viene”, es la respuesta que viene dando el ministro.
Un tercer aspecto por el que reclamó el director gerente del FMI es la flexibilización de los controles cambiarios que aplica el Banco Central. En este caso, Lavagna habría flexibilizado su posición y aceptaría ir removiendo esos controles luego de que se alcance un acuerdo. Permitiría la remesa de divisas por parte de las empresas para el pago de intereses de sus deudas y, posteriormente, el reenvío de utilidades. En rigor, Lavagna sostuvo la semana pasada que la discrepancia con el FMI en este punto no era por las medidas en sí mismas, sino por la oportunidad en que se tomarían. Sin embargo, tras la charla de anteayer habría un principio de acuerdo en esta cuestión. La fecha tope para terminar de arreglar los asuntos pendientes con el FMI es el 15 de noviembre. Pasado ese día, si no se firmó el convenio, Argentina extenderá la cesación de pagos a los organismos de crédito. En el Palacio de Hacienda consideran que las próximas tres semanas serán tensas, pero que finalmente habrá acuerdo. “Las cosas están cayendo por su propio peso y va a pasar lo que era lógico que pasara”, afirmó el colaborador de Lavagna a Página/12, confiando en que a principios del próximo mes terminará una negociación de más de diez meses.