El Ministerio de Economía ratificó ayer oficialmente que autorizará un aumento de tarifas de servicios públicos –luz y gas a partir de noviembre– del 10 por ciento en promedio. Pero admitió que ello significaría, para compensar los subsidios a los sectores de menor consumo, una suba superior para las industrias. Una versión daba cuenta de que los incrementos para las empresas rondarían el 15 por ciento, pero si los números no cerraran podrían ser incluso superiores. Como es sabido, el Fondo Monetario presiona para que el Gobierno se comprometa a aplicar aumento promedio de entre el 20 y 30 por ciento. Por su parte, Roberto Lavagna anunció nuevas facilidades de pago para aquellas empresas que ingresaron en la moratoria tributaria y previsional de abril y se volvieron a atrasar. También reconoció que hay cuatro medidas que están demoradas por diversas trabas burocráticas, que piensa impulsar en los próximos días: el plan para la compra de autos con Boden, las normas tendientes a la ampliación de la capacidad prestable de los bancos, el programa de obras públicas y la aplicación de fondos de las AFJP a la financiación de capital de trabajo de las pymes.
Ayer, durante una exposición en la Bolsa de Comercio, frente a empresarios pyme, Lavagna habló de medidas concretas. Así, anunció que “se ha enviado un decreto para facilitar la regularización de obligaciones impositivas incumplidas y evitar la caducidad del sistema de facilidades de pago, de modo de mantener en vigencia los planes y beneficios”, afirmó. La decisión apunta a favorecer especialmente a las pymes, que ingresaron en la moratoria tributaria y previsional de abril y volvieron a atrasarse en sus pagos. Dos o más cuotas impagas dentro de la moratoria significaban la caducidad de las facilidades. Pero ahora, según contaron en la AFIP a Página/12, el contribuyente podrá abonar esas cuotas hasta en doce pagos y mantenerse dentro de la moratoria de 120 cuotas. “Esta no es una nueva moratoria, porque sobre las cuotas impagas de la moratoria no habrá condonación de deuda alguna, habrá que abonar todo: la cuota más los intereses y punitorios correspondientes. La única novedad es que esas cuotas caídas ingresarán dentro de un régimen de asistencia financiera”, explicaron en el organismo conducido por Alberto Abad.
Lavagna también confesó que había cuatro medidas que estaban trabadas en diversos estamentos burocráticos y políticos del Estado: el “programa de 300 millones de pesos para la compra de automotores; la modificación de normas bancarias que ampliarán su capacidad prestable en algo más de 230 millones de pesos; los ajustes de costos en las obras públicas paralizadas; y la aplicación de fondos de las AFJP para mejorar el capital de trabajo de las pymes”, enumeró. “En todos estos casos, hace como mínimo dos meses que luchamos para que en diversos departamentos del Estado se destrabe la operatoria”, dijo, insólitamente, el ministro como si no fuera un funcionario de esa jerarquía. En realidad, con esos dichos Lavagna apuntó políticamente, por lo menos, a dos áreas: al Banco Central, conducido por Aldo Pignanelli, que demora la instrumentación de los Boden, y a la Secretaría de Obras Públicas, manejada por el amigo presidencial Hugo Toledo.
Lavagna se cuidó de no hablar públicamente del ajuste de tarifas públicas que se viene. Sin embargo, a través de su vocero, rechazó las presiones del FMI que, como informó Página/12, sigue insistiendo con que una de las condiciones necesarias para cerrar un acuerdo es un aumento tarifario muy superior al que admite Economía. “El ajuste de tarifas va a ser del 10 por ciento promedio. No hay cambios”, confirmaron ayer, oficialmente, en el Ministerio. Pero también reconocieron que la clave está en la palabra “promedio”. No habrá incrementos para los consumos mínimos de luz y gas, pero en compensación la suba para los consumos industriales sería superior al 10 por ciento. Por ahora, Lavagna sólo encontró la fórmula legal para disponer de aumentos tarifarios en el corto plazo en luz y gas, a través de los entes reguladores de cada sector. Parael resto de los servicios públicos, en cambio, hay distintas impugnaciones judiciales que atrasarían todo el proceso,
El tema tarifario es una de las principales diferencias en el tramo final de la negociación con el Fondo. El otro es la exigencia de aumentar algunos impuestos, empezando por la carga tributaria del gasoil. El viernes pasado, la número dos del FMI, Anne Krueger, le envió una carta personal a Lavagna, enumerando, justamente, las discrepancias que todavía subsisten y avisándole que el jueves de esta semana (por hoy) participaría de un seminario en el que seguramente haría algunas declaraciones públicas sobre el país.
“No hay todavía ninguna aproximación en los temas que nos separan. Pero estamos más convencidos que nunca que habrá acuerdo antes del 15 de noviembre”, dijo a este diario un estrecho colaborador de Lavagna. Para esa fecha, si no hubiera acuerdo, Argentina debería ser declarada en default por el Banco Mundial.