La Asociación Bancaria y la Comisión Interna gremial del Banco Nación elaboraron un proyecto de ley para que el Estado nacional contrate su provisión de los servicios financieros, bancarios y de seguros con la entidad oficial. El artículo 1º del proyecto establece que las distintas áreas que conforman la administración nacional “estarán obligadas a contratar con el Banco de la Nación Argentina y las empresas de su propiedad, la provisión” de los servicios mencionados. En los fundamentos de la iniciativa se subraya que el Banco Nación “no puede estar al margen en la prestación de los servicios que demanda el sector público”, pues “lo contrario configura una irracionalidad económica y presupuestaria”.