El último pago que hizo la Sociedad Rural Argentina por la compra en cuotas del predio ferial de Palermo fue en septiembre de 2001, cuando aún le restaban abonar 6,3 millones de dólares. Desde entonces, una ardua discusión sobre cuál era el monto preciso a cancelar, Emergencia Económica mediante, dejó la situación en un singular stand by. El Estado podría ejecutar la garantía, que es la valiosa propiedad. Pero las diferencias intestinas en el propio seno de los organismos públicos que intervienen en esta discusión dejó el tema en un freezer, actuando de hecho como un bálsamo para la entidad que preside Hugo Biolcati. El Organo Nacional de Bienes del Estado promete ahora acudir a la Procuración General de Tesoro, a la Jefatura de Gabinete o a la propia Justicia para que pongan un número que permita avanzar en la situación.

“Nuestra política es la abstención (de la ejecución de cobro) para no convalidar ningún precio que no resulte justo”, explica Fernando Suárez, desde el 2003 titular de la entidad que hoy tiene la potestad primaria de forzar una cancelación de esas obligaciones. Pero ese justificativo no disipa la extrañeza que genera semejante demora en resolver el tema.

El predio se privatizó en 1992, luego de una cuestionada tasación que realizaron los bancos Ciudad, el Hipotecario y un consorcio de inmobiliarias, ahora marginado de las operaciones estatales. El valor fue fijado en 30 millones de dólares, monto que por ser sospechado de magro obligó a dar explicaciones en los Tribunales al ex presidente Carlos Menem y al ministro de Economía, Domingo Cavallo. Este expediente está activo y las dudas que ahí se expresan conectan con el debate sobre el saldo pendiente de cobro, aunque éste por ahora va por vía administrativa.

La Sociedad Rural integró en efectivo 10 millones (tres como anticipo y siete al boleto) y el resto acordó pagarlo en diez cuotas de dos millones de dólares cada una, que fueron honradas puntualmente hasta el 12 de septiembre del 2001. Ahí la entidad que presidía Enrique Crotto argumentó que los problemas financieros del momento y la negativa del gobierno de la ciudad a habilitar el predio para otros usos –como un complejo de cines con cocheras–, le impedían cumplir con los pagos, pidiendo entonces una refinanciación en condiciones muy laxas. El estallido de la Convertibilidad sumó más desorden y condujo la discusión por otro carril.

Desde entonces, los ruralistas acercaron otras propuestas de pago que, aunque fueron mejorando, nunca satisficieron al Estado. En el momento de dejar de pagar debían tres cuotas, más un remanente por el uso del predio antes de la compra. Pero tras la devaluación, comenzaron reclamando la pesificación 1 a 1 y el pago en cuotas sin intereses. Ofrecieron como anzuelo extender el permiso para que el Estado use el predio sin costo durante treinta días al año en lugar de los quince originales. No alcanzó. Hubo un segundo no estatal. El primero había venido cuando el gremio patronal ofreció pagar con los depreciados bonos del tesoro argentino.

Ya promediando el 2004 la discusión se instaló en otro lado. Los abogados públicos admitían que la deuda de la Sociedad Rural se pesificaría, pero los del Onabe decidieron prestar atención al inciso de la ley de Emergencia Económica que alude al “ajuste equitativo del precio” de aquellos bienes involucrados en operaciones de pesificación y que procura evitar el enriquecimiento indebido de alguna de las partes. El organismo comandado por Suárez, peronista y entusiasta alfil de la gestión K, empezó a impulsar el criterio de que era necesario hacer retrasar el pedido para recalcular la obligación de los hombres de campo sobre otro parámetro. Si debían un 25 por ciento del precio total, ese porcentaje debía aplicarse sobre el monto actual de mercado y no sobre el que se fijó a principios de los 90, encima, objetado en la Justicia.

El Banco Ciudad declinó participar de esta tasación, porque entendía que la propiedad estaba sujeta a condiciones especiales y no valían las habituales referencias del mercado. El Tribunal de Tasaciones (que había sido marginado cuando fue la privatización) a través de un dictamen emitido el 17 de mayo de 2005 cotizó en 182 millones de pesos el valor total del predio. De esto resultaría, a grandes rasgos, que la deuda en discusión duplica a la que está dispuesta a reconocer la Sociedad Rural.

Quizás a instancias de su nuevo socio (la sociedad que integra Francisco De Narváez, encargada de la explotación comercial del predio y que decidió asumir como propia la discutida obligación), se presentaron otras propuestas de pago, pero muy distantes de ese otro cálculo oficial. La mejor iniciativa de los ruralistas es la que reconocía el CER y postulaba pagar un 30 por ciento en el momento del acuerdo y financiar el resto en cuotas con un 12,5 por ciento anual, más un interés por mora del dos por ciento que, en el mejor de los casos podría llegar al seis. Pero siempre sobre la base de que lo único a discutir son los términos de una obligación financiera y no el precio de origen del predio.

Un punto que generó controversia dentro del propio Estado, donde ninguno de los múltiples dictámenes generados animó a fijar un valor definitivo y avanzar con una acción de cobro más contundente, que incluya la eventual ejecución hipotecaria. Es más. La Sindicatura General de la Nación sugirió respetar los términos del contrato, que sólo hablaban de Libor como interés para los punitorios. La Contaduría General de la Nación entiende que el ajuste de precios equitativo sólo va para arreglos entre particulares. Así las cosas, el Onabe se dispone a pedir un arbitraje, incluyendo la intervención de un juez con última palabra. Mientras, nadie paga y nadie cobra.