No hubo sorpresas. Roberto Lavagna regresará de Washington sin acuerdo con el Fondo Monetario, después de haber comprobado en persona la intransigencia de los funcionarios del organismo, que siguen presionando por más ajuste fiscal. El FMI emitió anoche un comunicado protocolar que, en pocas palabras, lo dice todo: “Durante las intensas discusiones de esta semana, se progresó en un número de áreas. Sin embargo, hay algunas áreas clave en las que las autoridades continúan trabajando para resolver (las diferencias)”, afirma. En tanto, apela a la frase favorita de Washington para expresar que la negociación seguirá abierta: “Ambas partes han acordado permanecer en estrecho contacto en los días venideros para continuar trabajando hacia un programa sostenible”, sostiene. Lavagna insistió con que no hay espacio político para aplicar nuevos ajustes y aumentar impuestos, en sintonía con el resto del Gobierno, que endureció el discurso (ver aparte). Para colmo, en el Fondo informaron que no estaba previsto enviar ninguna misión a Buenos Aires y que en los próximos días sólo habrá “contactos telefónicos”.
Ahora, la fecha clave es el 14 de noviembre. Ese día vence el plazo para que, si Argentina no paga 850 millones de dólares al Banco Mundial, sea declarada en default por los organismos internacionales. Cuando le preguntaron que ocurriría entonces, el ministro sólo contestó: “Seguimos trabajando para que eso no ocurra”.
Lavagna jugó ayer una carta decisiva para destrabar las negociaciones a nivel político, al reunirse con el secretario del Tesoro, Paul O’Neill.
“La reunión fue muy positiva y muy clara, como todas las reuniones que mantenemos con el gobierno norteamericano”, dijo el ministro después del encuentro, del que participaron también el subsecretario para Asuntos Internacionales, John Taylor, y el director ejecutivo de Estados Unidos en el FMI, Randall Quarles.
Sin embargo, pese al aval político que prometió la administración Bush, el caso argentino divide aguas en el directorio del Fondo y el staff de técnicos y funcionarios del organismo, parece ser cada vez más evidente, es directamente contrario a cerrar un acuerdo con el gobierno de Duhalde, por más modesto que luzca. En el Directorio, los representantes de los países europeos exigen un compromiso concreto por parte del gobierno de que habrá un ajuste importante en las tarifas de servicios públicos, mientras que otros –entre los que se destacan, Alemania, Italia y Japón– demandan se reanude de inmediato la renegociación de la deuda con los acreedores privados.
Pero, sin duda, la mayor oposición vienen del lado de la gerencia y el staff de economistas del FMI, conducidos por Horst Koehler y Anne Krueger. No los convence cerrar trato con un gobierno en retirada, en medio de la interna feroz que se vislumbra en el partido oficial y cuando ni siquiera hay certezas sobre la fecha de las elecciones. El ministro trató de relativizar el punto: “¿Cuándo se ha visto que el Fondo se preocupe por la situación interna de un partido?”, preguntó a los periodistas.
Pero lo cierto es que les preocupa todo el contexto político. Y esa es una de las razones que explican por qué siguen apilando condiciones sobre la mesa, mientras que no están dispuestos a resignar ninguna de las exigencias ya planteadas en los últimos meses.
Entre las nuevas, sobresale el reclamo por un ajuste fiscal adicional a nivel nacional, elevando impuestos, y en las provincias, recortando gastos. Entre las “históricas”, están el aumento de las tarifas públicas de entre el 20 y 30 por ciento, la reestructuración de la banca pública y la liberación del mercado cambiario, entre otras.
Después de conversar con O’Neill, el ministro volvió a entrevistarse ayer con Krueger, Anoop Singh y John Thornton, el jefe de las misiones a Argentina. Y escuchó los mismos planteos que el día anterior. En el tema tarifas podría llegarse a algún acuerdo, si el gobierno acepta un ajuste escalonado, entre diciembre y marzo, que se acercara a los números finales que reclama el Fondo. En otras cuestiones, como el freno a los amparos yla liberación del mercado cambiario, la soluciones presentadas por el Gobierno no convencen a los técnicos del organismo, pero estarían dispuestos a aceptarlas si existieran nuevas señales de que se camina en la dirección indicada. En todo caso, es un cuestión de tiempos: por ejemplo, el Fondo quiere una liberación cambiaria inmediata, mientras que Economía propone una secuencia a partir de la firma del acuerdo. “Se avanzó en el tema cambiario”, resumió Lavagna luego.
Pero la inflexibilidad de los burócratas fondomonetaristas se concentra ahora en el plano fiscal: pretenden un superávit fiscal adicional de unos 5000 millones de pesos, entre Nación y provincias. Y sugieren, para empezar, elevar la alícuota del impuestos al gasoil, entre otras medidas.
Como informó Página/12 el miércoles, el anuncio de Lavagna, antes de viajar, de que no sólo no incrementaría impuestos, como pedía el FMI –“para no matar la reactivación”– sino que incluso estudiaba bajarlos, para estimular las ventas de fin de año, fue una provocación directa para los funcionarios del FMI. Y así pudo comprobarlo los últimos días en Washington. Pero el ministro ratificó en cada una de las reuniones que “el Gobierno no está a favor de aumentar impuestos”. Y, a lo sumo, ofreció, tímidamente, archivar las reducciones impositivas –baja del IVA o incremento de reintegros en tarjeta de débito– que él mismo lanzó para contar con alguna carta propia en la negociación.