Telefónica retiró la demanda por 2834 millones de dólares que mantenía contra Argentina en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. El juicio, el último que quedaba iniciado por una empresa española, comenzó en julio de 2003 y había sido suspendido a principios de 2006 para facilitar la negociación con el Gobierno. En ese momento, el Poder Ejecutivo y la multinacional firmaron una carta de entendimiento. Es sobre esa hoja de ruta acordada hace tres años que la firma española quiere avanzar: pretende que el “gesto” de la finalización del reclamo le permita acelerar la discusión por el alza de tarifas en el mercado local. Sin embargo, cuando se suspendió el juicio, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró que a cambio no se negoció la posibilidad de otorgar un aumento de tarifas.

Desde Madrid, voceros de la empresa sostuvieron que “las partes entendimos que la forma de continuar las relaciones es volver a la carta de intención y avanzar en esa carta sin el Ciadi”. La multinacional sostiene que “no se logró avanzar” y para facilitar las negociaciones, principalmente las relativas al incremento en las tarifas, retiró su demanda. En febrero de 2006, De Vido remarcó que “el único ajuste que hay en el acuerdo se refiere a las llamadas entrantes desde el exterior. Ni siquiera hay un plan de revisión a futuro”, y ayer en Planificación volvieron a sostener la misma posición: “De la renegociación no se desprende ningún incremento en las tarifas”, reiteraron.

Por si el “gesto” no alcanza para avanzar en la renegociación del precio del servicio, los voceros de la empresa remarcaron que “Telefónica puede volver al Ciadi si lo considera oportuno”. La carta de entendimiento la firmó el ex presidente Néstor Kirchner con el entonces titular de Telefónica de Argentina, Mario Vázquez, tras una serie de negociaciones con el gobierno español de José Luis Zapatero. “La suscripción responde a la confianza y al compromiso de Telefónica con el país”, había asegurado el responsable de la empresa.

Ese documento incluía la promesa de mantener congeladas las tarifas locales e interurbanas, inversiones y una serie de medidas vinculadas con las llamadas internacionales entrantes y la aplicación de menores descuentos a partir de la unificación de las bandas horarias a las que se aplican rebajas. Esos beneficios le significaban a la compañía una ganancia extra de 54 millones de pesos anuales.

La empresa de telecomunicaciones era la única firma española que todavía mantenía una demanda vigente contra el país. El Ciadi consigna en su página de Internet que el proceso culminó el 24 de septiembre pasado por acuerdo entre las partes. El tribunal es la herramienta de presión que utilizaron las privatizadas en los últimos años para reclamar indemnizaciones por la pesificación y el congelamiento de tarifas. La mayoría de las demandas se iniciaron luego de la devaluación en 2002.

Aunque algunos juicios terminaron con sentencias en contra del país (ver aparte), la estrategia oficial ha sido buscar la suspensión y retirada de las demandas para habilitar la negociación de un nuevo contrato. Por ejemplo, en 2007, Pan American Energy dio de baja su demanda después de que el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, extendiera su concesión de los contratos para la explotación de los yacimientos que la petrolera explota en la cuenca del golfo San Jorge desde 2017 hasta 2027, con la posibilidad de prorrogarlo por otros 20 años. La posición de la Procuración del Tesoro, que encabeza Osvaldo Gugliemino, para los fallos negativos es que quien quiera cobrar debe conseguir una orden de un tribunal local.

Por detrás del Ciadi, están los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que brindan privilegios a los inversores. Esos acuerdos se popularizaron a partir de 1992 con el auge privatizador y permitieron que las empresas multinacionales iniciaran un aluvión de juicios por fuera de la jurisdicción nacional luego de la devaluación. Pese a la renuncia de soberanía que implican, el Gobierno no denuncia los TBI y éstos se prorrogan automáticamente.