El Gobierno y la Mesa de Enlace retomaron ayer las negociaciones en un encuentro de perfil técnico. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y su segundo, Lorenzo Basso, recibieron a los asesores de las entidades y luego dejaron la reunión en manos de funcionarios de segunda línea, que fueron los encargados de escuchar los reclamos del sector y acordar una agenda de trabajo conjunta para avanzar con el tratamiento específico de los temas en los próximos días. Mañana trabajarán sobre la ley de emergencia agropecuaria y su reglamentación y el miércoles de la semana próxima analizarán los pedidos para introducir cambios en el funcionamiento de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.

Las entidades enviaron a Luis Contigiani y Fabián Tenaglia, representantes de Federación Agraria; Ernesto Ambrosetti y Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural; José Basaldúa y Javier Jayo Ordoqui, de Confederaciones Rurales, y Federico Landgraf y Daniel Asseff, de Coninagro. Por el lado oficial, los que quedaron al frente de la reunión fueron el vicepresidente del INTA, Luis Basterra; el subsecretario de Desarrollo de Economías Regionales, Luciano Di Tella, y el subsecretario de Ganadería, Alejandro Lotti, entre otros. Los nombres son la mejor muestra de que fue una reunión de trabajo entre especialistas y no una “cumbre política” de esas que suelen protagonizar los presidentes de las entidades cada vez que se reúnen con el jefe de Gabinete o algún ministro.

El solo hecho de haber logrado plantear el encuentro en estos términos es un logro de Domínguez, quien desde un primer momento buscó bajarle el perfil a la negociación. Sin embargo, los ruralistas afirman que para que esta situación se mantenga en el tiempo es necesario que el Gobierno dé respuesta a sus reclamos en el corto plazo. “Destacamos la reconstrucción de un espacio técnico que se había perdido y la disposición a escuchar y encontrar soluciones, pero ahora esperamos hechos concretos para que el diálogo se pueda sostener en el tiempo”, aseguró a Página/12 Luis Contigiani, de Federación Agraria.

El primer punto de la agenda de trabajo es la ley de emergencia agropecuaria y su implementación, que se discutirá mañana por la tarde. La ley se aprobó el jueves 20 de agosto y prevé exenciones impositivas y la creación de un fondo presupuestario de 500 millones de pesos por año, pero los técnicos de las entidades afirman que desde entonces no hubo avances en lo que refiere al giro de fondos hacia los productores. “Queremos que el próximo viernes (por mañana) nos digan a partir de qué día los productores van a comenzar a cobrar el beneficio y que aclaren si en el Presupuesto que se está discutiendo en el Congreso está contemplada una partida para la emergencia”, agregó Contigiani.

El miércoles será el turno de analizar qué papel cumplirá la Oncca con el nuevo ministro. Los productores criticaron al organismo mientras estuvo bajo el control del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, porque afirmaban que se utilizó como una herramienta para administrar premios y castigos de acuerdo con la mayor o menor cercanía con el Gobierno. Ahora piden que se modifiquen las resoluciones 542 y 543 que regulan la comercialización de granos y carnes. Además, reclaman que finalmente se les garantice el precio pleno al momento de comercializar el trigo. El Gobierno prometió varias veces que lo haría con mecanismos para que las cerealeras y los molinos compitieran por ese trigo, pero eso nunca ocurrió. Los dirigentes rurales afirman que los productores reciben un precio bajo y que no redunda en un menor precio del pan y culpan al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por esa situación que favorece a molinos y exportadores.