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Algunas palabras se instalan en el espacio público y su sola enunciación actúa como descalificación. No importa el origen ni la rigurosidad en el análisis del concepto, sino que éste es entendido como algo malo. El término “clientelismo” encaja en esa concepción que facilita los discursos políticamente correctos. El consenso acerca de esa noción que desacredita ciertas iniciativas sociales encamina a fáciles posiciones demagógicas, puesto que reciben la aprobación de muchos. Diversos estudios de sociología política han abordado esa relación social en la cual se intercambian, de manera personalizada, favores, bienes y servicios por apoyo político entre actores que controlan diferentes recursos de poder. Esa definición adquiere más dimensión con el aporte desde la economía cuando se evalúa que esa relación involucra distribución de recursos públicos. En esa instancia aparecen los diferentes estándares de valoración de ese vínculo según los agentes participantes. Se considera “clientelismo” sólo cuando dineros públicos se destinan a los grupos más vulnerables de la sociedad, a través de planes de empleo o de asignaciones monetarias. En cambio, se trata de políticas que responden a criterios de “justicia” cuando esos fondos se dirigen a satisfacer reclamos de sectores medios, como se verificó con el salvataje de ahorristas del corralito o la eliminación de la denominada “tablita de Machinea”, que implicó un costo fiscal de unos 2500 millones de pesos anuales. De la misma manera se afirma que constituye una política económica “sensata” cuando empresas son beneficiarias de millonarias transferencias de recursos del Estado. En los dos últimos casos, ampliando el concepto que viene de la sociología política, se ha estructurado también una relación clientelar, que a veces se traduce en apoyo político y en otras, en rechazo. Esto último no significa que no haya vocación “clientelar” en esas iniciativas, aunque con éxito esquivo. Incluso en las capas empobrecidas la respuesta no siempre es positiva a los objetivos del poder político, como se ha verificado en más de una ocasión electoral, pese a las vagas denuncias de “clientelismo”. Estas se exponen como una manifestación prejuiciosa que considera que los pobres carecen de todo tipo de autonomía.

En textos de especialistas en la materia aparece un consenso básico respecto de las características del clientelismo:

1 Es una relación social que se entabla entre sujetos que intercambian bienes, servicios o favores por apoyo o lealtad política.

2 Estas relaciones se caracterizan por ser particularistas (no universales), asimétricas y personalizadas.

3 En ella siempre está contenida una búsqueda de acumulación política.

4 El intercambio no es sólo material, sino que además se intercambian valores, ideas y formas de interpretar el mundo.

Como se observa, esa definición no excluye vínculos que se establecen con capas medias y con grupos económicos, aunque el discurso dominante lo hace exclusivamente en referencia a los pobres. En el documento “Clientelismo, mercado y liderazgo partidista en América latina”, publicado en la Revista Nueva Sociedad, el investigador venezolano Humberto Njaim explica que “la crítica a estos fenómenos constituye tanto una formulación presente y reiterada en las campañas mediáticas contra los partidos como un latiguillo que emplean los mismos dirigentes partidistas en las luchas internas y en sus declaraciones públicas”. El reparo a la universalización de la asignación familiar por hijo ha sido uno de los máximos exponentes de esa utilización vulgar del concepto de clientelismo. Ahora bien, el uso propagandístico y acrítico de ese término no implica que se considere fructífero el concepto que encierra. Su vigencia queda en evidencia en numerosos análisis en los medios, también en su presencia recurrente en el debate académico y en el uso cotidiano que realiza la población. Pero si se precisan algunas características que se adjudican al clientelismo, se puede encontrar cierta similitud con otro concepto que también escandaliza al análisis político conservador: el populismo.

El italiano naturalizado argentino Emilio Tenti Fanfani, especialista en Sociología de la Educación, brindó una sintética y esclarecedora descripción: “El discurso acerca del clientelismo está permeado de moralina. Por lo general se habla del tema para denigrar, acusar y denunciar, y no para comprender, entender, explicar”. El investigador del Conicet agrega que “se trata de un pseudo concepto que habría que seguir utilizando en la medida en que se lo defina en forma rigurosa”. Al respecto, José María Fenoglio, de la Universidad Nacional de Rosario, en su trabajo Clientelismo político en instituciones del Estado, señala que “lo que resulta sugerente es que generalmente se habla de clientelismo y populismo cuando se califica –o mejor dicho se descalifica– la participación política de los sectores populares, o a la inversa, la acción del Estado hacia los mismos. Estas imprecisiones conceptuales son el producto de una comparación con modelos ideales de democracia y participación pensados desde las viejas democracias europeas. La consecuencia es similar para ambas nociones, su uso se encuentra cargado de representaciones preconstruidas. Esto les otorga una connotación peyorativa, descalificadora tanto de los procesos que intentan describir como de los sujetos envueltos en los mismos”. Este experto destaca el prejuicio de clase contenido en gran parte de los discursos que se refieren a la cultura política de los sectores populares. Criterios que no tienen la misma caracterización cuando se analizan los significados del apoyo que grupos empresarios realizan a determinadas gestiones políticas después de haber conseguido subsidios, créditos o cualquier tipo de beneficio estatal. Ese intercambio material por apoyo político, por ejemplo las privatizaciones de los ’90, no es incluido en la categoría “clientelismo” en los análisis tradicionales.

Entre los especialistas que se alejan de esos análisis superficiales se encuentra un grupo que es más comprensivo respecto del clientelismo. Lo considera un paso adelante en términos de desarrollo político, en la medida en que permite canalizar recursos desde las elites hacia los líderes y mediadores locales, y fortalecer los intereses de éstos y los de sus localidades. La posición más crítica sostiene, en cambio, que el clientelismo no conduce a la democracia ni a la modernización, ya que obstaculiza la puesta en práctica de políticas universalistas, lo cual desalienta la participación social y política, la atomiza, le quita autonomía y por lo tanto tiende a mantener el statu quo.

Pero cada etapa histórica debe ser evaluada con sus particularidades porque, en caso contrario, se corre el riesgo de pretender ajustar esquemas teóricos a realidades complejas. Por caso, en coyunturas donde políticas neoliberales extienden el universo de excluidos, éstos “aprovechan” el clientelismo como forma de cubrir las necesidades básicas de sobrevivencia en un entorno de privación material y aislamiento social. A la vez, cuando se extiende la cobertura del estado de bienestar, ampliando derechos sociales y económicos, universalizando su alcance, se fortalece el poder de los sectores populares, haciendo retroceder las prácticas clientelares. Por ese motivo, la asignación familiar por hijo para desocupados y empleados no registrados adquiere mucha relevancia, porque empieza a romper una relación asimétrica, superando a las políticas asistencialistas que reproducen vínculos de dominación.

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