Tras el acto del último jueves de la Mesa de Enlace agropecuaria, Página/12 entrevistó al ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Pese a que, desde que estrenó la cartera, el flamante funcionario viene tendiendo puentes hacia el sector, el discurso de la dirigencia agropecuaria volvió a tomar un tinte ofensivo y descalificador. Sin embargo, la escasa concurrencia respecto de la convocatoria de estas mismas organizaciones durante el año pasado llevó a un análisis diferente respecto de la relativa virtud de este tipo de posturas. “El fracaso del acto marcó un fin de ciclo para las protestas sin argumentos”, sostuvo Domínguez. El funcionario adelantó a este medio que en el próximo año el Ejecutivo presentará ante el Congreso nacional un proyecto de Ley de Suelos que regule la rotación de los cultivos. Y defendió el derecho del Estado a intervenir en el mercado agropecuario. “Si es necesario ir hacia una Junta Nacional de Granos, lo vamos a hacer”, afirmó.

–La Mesa de Enlace dice que el Gobierno no tiene política agropecuaria. ¿Cuáles son los principales parámetros de su política?

–Desde el comienzo de esta administración, la política agropecuaria tuvo dos ejes: uno, que haya abastecimiento alimentario para la población, y el otro, que esos alimentos lleguen a la mesa de los argentinos a precios accesibles. Acá lo que se ha planteado es la legitimidad del Estado para intervenir en este mercado. Creo que se ha demostrado que el cambio que se produjo con la intervención del Estado es absolutamente positivo. Se amplió en siete millones de hectáreas la frontera productiva. La soja desplazó a la ganadería a otras zonas del país y el Estado está trabajando con los subsidios a los feed lot para acompañar ese movimiento. Si no lo hubiésemos hecho, la situación ganadera sería, en serio, muy mala. Hemos contenido las consecuencias de la sequía. En este contexto climático, en materia de trigo tuvimos un rendimiento excepcional: vamos a tener un sobrante exportable de entre tres y cuatro millones de toneladas. Es decir que todos los vaticinios apocalípticos están siendo desmentidos por la realidad, resultado de nuestro trabajo.

–El Gobierno planteó que iba a trabajar por la soberanía alimentaria, evitando el avance de la sojización del campo. La próxima campaña la participación de la soja en el total de la producción va a ser record. ¿Es un fracaso de la política agropecuaria?

–El Gobierno hizo un planteo que llegó al Congreso y se votó en contra. Es decir, se impidió una mayor intervención del Estado para trabajar sobre la soberanía alimentaria. Pero nosotros tenemos convicciones fuertes y vamos a cambiar esta realidad. Vamos a legislar en materia del uso del suelo, vamos a promover la rotación de los cultivos. Tenemos que alentar el trigo, el maíz y el girasol; no sólo como cultivos sino como una forma de rotación que proteja al suelo.

–¿Cómo lo van a instrumentar?

–Vamos a trabajar en una fuerte regulación del uso del suelo. Ya hay muchas provincias que lo tienen. Los efectos no deseados de la falta de regulación están a la vista: se ha deforestado indiscriminadamente, se ha desplazado a población rural.

–Concretamente, ¿plantea que el Estado decida el nivel de rotación de cultivos y cuánto se debe sembrar de un grano y cuánto de otros?

–El uso del suelo es un bien social a proteger y el Estado no puede desentenderse de su responsabilidad. Por eso, sí, vamos a regular el uso del suelo y la rotación de la siembra. Nosotros, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, vamos a presentar un proyecto de ley al Congreso que permita intervenir al Estado en el uso que se le da al suelo. Obviamente que eso va a redundar en una mejor distribución de los cultivos.

–Parece difícil que el Congreso lo apruebe.

–Ya veremos, lo importante es que empecemos a discutirlo. No vamos a permitir que el campo termine en el monocultivo. Es una obligación nuestra evitarlo. Hay muchos que no quieren que el Estado intervenga en su negocio, pero cuando tienen problemas nos piden apoyo. Y cuando lo piden ahí estamos, ayudándolos con el problema de la sequía, apoyándolos con créditos subsidiados, completando el precio de leche y en muchas otras ocasiones.

–¿Van a presentar también una Ley de Arrendamiento?

–Por supuesto. Hay un nuevo actor en el negocio agropecuario, que no es el dueño de la tierra, es el contratista rural. El que hizo inversiones, compró maquinaria, tomó riesgos. Esta es la nueva burguesía nacional. Hay que orientar la política hacia los que trabajan la tierra. La ley va a priorizar los alquileres entre propietarios, pequeños arrendatarios y pequeños contratistas. Hay que darles beneficios tributarios para que se desarrollen. La línea que bajó la presidenta de la Nación es que se debe apoyar a los pequeños y medianos productores: los que trabajan la tierra, para que tengan todas las condiciones para seguir creciendo.

–¿Va a haber nuevas modificaciones a los derechos de exportación de granos?

–Creo que es un tema para dejar atrás, la retención a la soja está asumida por todos los actores del negocio. La soja, con este porcentaje de derecho de exportación, le deja una excelente rentabilidad al propietario, al arrendatario y al contratista. Hoy discutir retenciones es casi bizantino, lo que hay que discutir es cómo hacemos desde el Estado para promover el crecimiento de los demás cultivos, trabajando sobre una ley de suelos.

–¿Qué nivel de rentabilidad van a tener los productores agropecuarios en la campaña 2009/2010?

–Las estimaciones del Ministerio de Agricultura señalan que en la próxima cosecha la rentabilidad de la soja va a ser la más alta de la historia. Se ampliaron los márgenes, porque ante la crisis internacional cayeron mucho más los costos que el precio del grano. Y como la soja va a tener una participación enorme en la cosecha total, los agricultores van a tener en 2010 las utilidades más grandes de la historia. Y el Gobierno va a trabajar para que esto ocurra, cuidando que no se disparen los precios de los herbicidas, fertilizantes y otros insumos. Y no sólo va a haber una gran rentabilidad; también una enorme producción, con más de 85 millones de toneladas de granos. Y también estamos bien en ganadería, a pesar de la sequía. Los argentinos estamos consumiendo 74 kilos de carne por año, record histórico, que supera a países como Canadá y Australia.