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El Gobierno accedió a varios de los reclamos históricos del FMI para conseguir el acuerdo. En materia impositiva, elevará al Congreso un proyecto de ley para que cooperativas y fundaciones tributen Ganancias, y para que la alícuota del gravamen al gasoil se iguale con la de la nafta. Habrá, además, una sustancial reducción de exenciones. El FMI tiene una particular obsesión con la banca pública y en el capítulo de reformas al sistema financiero se subraya el inicio de un proceso de cambios en los bancos Nación, Provincia y Ciudad. Las finanzas provinciales serán objeto de un control estricto, con rendiciones mensuales de cuentas y prohibición a los bancos de prestarles dinero contra garantía de fondos de coparticipación. Y aunque Roberto Lavagna enfatizó que no habrá inmunidad para las autoridades del Banco Central, en el acuerdo figura el compromiso de modificar la legislación para protegerlos.
El ministro de Economía se presentó ayer en conferencia de prensa para referirse a los términos del entendimiento con el FMI. Así lo había acordado con Eduardo Duhalde, quien se encuentra en Davos. En su repaso de los 32 puntos que componen el “Memorándum de políticas económicas para un programa de transición”, Lavagna hizo hincapié en las cuestiones en que el Gobierno dijo no. Por caso, un ajuste de las tarifas de los servicios públicos del 20 o 30 por ciento, la concesión de un seguro de cambio a las empresas endeudadas en el exterior, un aumento de impuestos generalizado, un achicamiento de la base monetaria de 3000 millones de pesos en los primeros 45 días del año y la referida inmunidad para el directorio del Banco Central.
La lectura del mismo documento que explicó el jefe de Hacienda permite encontrar otros puntos. Las líneas básicas de las demandas “de manual” del FMI, esas que el organismo plantea en cada negociación y que extiende a distintos países, sean de Asia, Africa, América Central o del Sur, aparecen en el acuerdo. “Los objetivos clave del programa de transición consisten en garantizar la solidez fiscal, monetaria y bancaria y restablecer la confianza de los inversores”, define. Por ser un programa de corto plazo, los deberes reclamados se limitan en varios casos a la presentación de proyectos de ley al Congreso. Pero el tratado marca una línea que será la base del FMI para exigir compromisos más estrictos al próximo gobierno.
Una cuestión que cierra este acuerdo es la compensación estatal a los bancos por diferentes motivos. La noticia llevó satisfacción y alivio a varios banqueros, que esperaban la resolución del tema con ansiedad. El Estado se compromete a emitir títulos públicos para compensar a las entidades financieras por la pesificación asimétrica, por la indexación asimétrica de activos (créditos) y pasivos (depósitos) bancarios a raíz de la eliminación del CER a determinados préstamos, y por las pérdidas de capital como consecuencia de los amparos. Directivos de la Asociación de Bancos insistían en cada reunión con funcionarios de Economía y del Banco Central que terminaran de una vez con este tema, y ahora ya tienen la confirmación.
Los objetivos fiscales, recuerda el Memorándum, serán alcanzados gracias a que se eliminó del Presupuesto una partida de 3500 millones de pesos de libre disponibilidad para el próximo gobierno, a que “se introdujeron recortes adicionales en el gasto primario del orden de los 1000 millones de pesos”, a que el Poder Ejecutivo vetó varios gastos votados por el Congreso (como el Incentivo Docente) y a que el Gobierno proyecta nuevas reducciones en otros programas de gastos. La otra pata para fortalecer el panorama fiscal está dada por la promesa de “una sustancial eliminación de exenciones impositivas y alícuotas preferenciales” y por el reenvío al Congreso de ajustes en varios gravámenes, que fueron rechazados el año pasado.
En este último caso se menciona la transformación del impuesto a los combustibles en un porcentaje del precio final de las naftas, en lugar deuna suma fija como en la actualidad. También se planea elevar la tasa del impuesto al gasoil para equipararla con la de la nafta. En el capítulo de Ganancias, se propondrá la eliminación de la exención de ese impuesto para los reintegros a la exportación y “ampliar la base con la inclusión de los ingresos por intereses y dividendos y las ganancias de cooperativas y fundaciones”. Con esa redacción, no queda claro si la reforma prevista estipula gravar con Ganancias a la renta financiera, como sugiere al mencionar “ingresos por intereses y dividendos”, o si sólo se refiere a las rentas de cooperativas y fundaciones.
En otro capítulo del acuerdo queda establecido que el Estado apoyará la concreción de acuerdos extrajudiciales entre empresas con problemas financieros y sus acreedores. Pero se descarta la utilización de recursos fiscales o un seguro de cambio.
Las provincias, por su parte, deberán suspender la emisión de cuasimonedas, aunque no tendrán obligación de rescatarlas de inmediato. Las que se tienten a darle a la maquinita se quedarán sin ayuda del Estado nacional. Y las que no cumplan con las metas fiscales, recibirán menos financiamiento.