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La discusión por el aumento de las tarifas de los servicios públicos continuó el camino previsto la semana pasada. A pesar de insistir en que los reajustes son necesarios, el Gobierno volvió a negar la existencia de un decreto con subas para la electricidad y el gas. Como habían anunciado, las defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires impugnaron el decreto que faculta al Ejecutivo a decidir sobre aumentos, por lo que se espera que los ajustes continuarán trabados por el Poder Judicial. Una delegación conjunta del FMI y el Banco Mundial auditará los números de las privatizadas para luego “recomendar” la magnitud de los ajustes. Extraoficialmente se habla de demandas de los organismos por subas de hasta un 50 por ciento, pero Roberto Lavagna sostuvo que “no existen compromisos cuantitativos”.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, volvió a decir que “el Gobierno no ha firmado ningún decreto de aumento de tarifas en los servicios públicos por estos días”. No obstante, el funcionario admitió que “llegado el momento de la discusión, este gobierno claramente ya ha planteado la posibilidad de que se den incrementos”.
En su reciente visita a Davos, donde participó del Foro Económico Mundial, el presidente Eduardo Duhalde se vio obligado a responder a las demandas de “mayor seguridad jurídica” para las privatizadas y de lisos y llanos aumentos por parte de la subdirectora del FMI, Anne Krueger. El nuevo consenso es que una misión conjunta FMI-BM audite los números de las empresas para luego evaluar la necesidad y magnitud de los aumentos. La participación del BM estaría vinculada a su activo rol en los procesos de privatización. Mientras tanto, voceros de las empresas consultados por este diario no ocultaron su malestar por la demora en los ajustes, pero optaron por mantener las demandas en el nivel en que actualmente se encuentran: los gobiernos europeos y los organismos financieros.
La defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, anunció que se presentó nuevamente ante la Justicia para pedir, mediante un “planteo sumarísimo”, “la nulidad absoluta y la inconstitucionalidad del decreto que habilita el aumento de tarifas”. “La insistencia del gobierno nacional por concretar un tarifazo viola la Constitución, y se trasforma en el cuarto intento de burlar la ley en un acto desesperado por cumplir con las empresas privatizadas y el FMI”, explicó Oliveira. La presentación reclamó también una medida cautelar de “no innovar” para frenar cualquier modificación al cuadro tarifario vigente.
“Vamos otra vez a la Justicia para recordarle al ministro de Economía que debe cumplir con la Constitución y renegociar en su totalidad el contrato con las privatizadas”, concluyó.
En tanto, el ombudsman de la Nación, Eduardo Mondino, presentó un “juicio ordinario” contra el decreto de necesidad y urgencia que habilita al Gobierno a autorizar aumentos provisorios en las tarifas. Según un vocero de la defensoría nacional, la medida cuestionada ahora “tiene un contenido y fundamentos similares al decreto 2437/02, que ya fue objeto de un pedido de inconstitucionalidad y cuenta con una medida cautelar vigente que impide cualquier aumento tarifario”. Mondino destacó en la presentación, cuyo resultado tendrá alcance nacional, que “el PEN elude de una manera irrazonable y arbitraria la aplicación de la ley 25.561 con el único y anunciado objetivo de incrementar tarifas para satisfacer las pretensiones de los distintos prestadores de servicios públicos, desconociendo si dichos incrementos son o no procedentes”.